LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO Y EL LENGUAJE INCONSCIENTE (O POR QUÉ PERMITIMOS QUE LOS TONTOS HAGAN LAS LEYES)

noviembre 6, 2012

@abogadodelmar

-A mi no me gusta el mar mayor -dice una lugareña a otra, muy convencida de ser entendida.

Fuera de la comarca, nadie sabe qué es el mar mayor, un término que a primera vista evoca aventuras y episodios míticos. Pero en Cartagena todo el mundo sabe de qué se trata. Aquí la barra de arena conocida como La Manga encierra una laguna de agua salada llamada  Mar Menor.

El término mar mayor es una expresión nacida del subconsciente como reflejo y contrapunto del Mar Menor. No existe tal mar mayor, al menos con ese nombre. Se trata del Mediterráneo de toda la vida.

En mi artículo Influencia de la rotación terrestre en la religión primitiva, publicado en la Revista del Museo Arqueológico de Murcia, acuñaba un concepto llamado efecto speculum y definía sus raíces culturales. El efecto speculum conduce a los humanos a imaginar el mundo de ultratumba como un reflejo del mundo de los vivos. Una de sus múltiples manifestaciones la podemos ver en El exorcista, cuando el Enemigo Malo habla en un lenguaje que sólo puede entenderse si la grabación con su discurso se reproduce en sentido reverso, es decir, de adelante hacia atrás. Es así porque la lengua  de los espíritus es como la de los vivos, pero al revés. Y como la lengua, todo el resto de su universo. Se genera un reflejo entre el mundo de aquí y el de allí de igual forma (aunque no necesariamente mediante los mismos mecanismos) que se genera otro reflejo aludiendo al mar mayor para contraponerlo al Mar Menor.

Pues bien, el lenguaje subconsciente parece haber adoptado la forma de planta trepadora, haber saltado los muros del Parlamento y haberse enseñoreado de sus escaños. Todo comenzó en aquellos tiempos legendarios en los que los llamados siete magníficos elaboraron un texto destinado a convertirse en la Constitución de 1978. Cuando distribuyeron las competencias administrativas del Estado y las CCAA, los magníficos señores asignaron a éstas últimas las de pesca en aguas interiores.

Será preciso explicar en qué consiste esto de las aguas interiores. La Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar estableció el concepto de mar territorial, que se extiende en una franja de doce millas como parte del territorio del Estado, si bien con ciertas peculiaridades propias del ámbito marítimo, como por ejemplo el derecho de paso inocente o la llamada persecución caliente, que quizá sea demasiado prolijo explicar aquí,

El trazado de la franja de doce millas del mar territorial se enfrenta con un problema que cualquiera puede entender: su límite exterior se sitúa en una masa líquida y móvil sin puntos de referencia fijos. La costa tiene entrantes y salientes: Cabos, golfos, bahías, rías, estuarios, ensenadas e irregularidades varias. Resultaría poco práctico trazar doce millas mar adentro una línea imaginaria que reprodujera estas irregularidades. Por eso se implementaron las líneas de base rectas. Se trata de trazos rectilíneos entre cabos que dibujan un polígono imaginario alrededor del perímetro costero del Estado, encerrando los vaivenes de la costa y sustituyéndolos por un borde lineal. La anchura del mar territorial se mide entonces no a partir de la costa, sino de la línea de base, y con esto se consigue  que su límite exterior sea físicamente recto y jurídicamente cierto.

Las aguas que quedan al interior de las líneas de base rectas no son, claro está, mar territorial. Su naturaleza jurídica es la de aguas interiores del Estado, como la del espejo de agua de los puertos. Se trata de un espacio donde ya no existen las excepciones a la soberanía  propias del mar territorial y donde la autoridad del Estado es, por así decir, más contundente.

Bien, bien… A principios de los ochenta se publicaron los decretos de transferencias a favor de las CCAA y resulta que en aquellos tiempos la Administración pesquera estaba, hasta donde yo sé y según lo que he visto, en manos de personal singularmente incompetente a ese fin. Del lado del Estado, se encargaban los Comandantes Militares de Marina, que eran unos Capitanes de Navío que sabían que ya nunca ascenderían a Almirante y llegaban a esos destinos a jubilarse. Entendían de lucha antisubmarina, de artillería o de torpedos, pero no de pesca o derecho marítimo. Las secciones de pesca de estas dependencias militares puestas a tareas civiles solían estar regentadas por suboficiales ascendidos a Alférez de Navío en sus últimos años de vida activa a fin de poder gozar de un retiro de Oficial. Sabían del tema aún menos que sus jefes, que ya es decir (estas consideraciones no son un menosprecio: Estos marinos, buenos en lo suyo,  no tenían la culpa de que su país los pusiera a servir en un puesto inadecuado).

Del lado de las CCAA el panorama no era mucho mejor. Para responsabilizare de estas áreas los políticos eligieron a funcionarios con título de ingeniero agrónomo que mayormente sólo habían visto el agua en forma de pozos, balsas y botijos.

Unos y otros comenzaron a dar rienda suelta en reuniones de trabajo, charlas de pasillo y tertulias de cafetería, al lenguaje subconsciente. Se hablaba mucho en aquellos días de la distribución de competencias y por lo tanto de las aguas interiores. De la misma forma que la paisana que desconfía del mar mayor, algún experto en sistemas antiaéreos o algún especialista en riego por goteo empezó a usar el término aguas exteriores para referirse al espacio situado más allá de las líneas de base rectas, es decir, a lo que no eran aguas interiores. Estos probos funcionarios simplemente no habían oído nunca hablar del mar territorial. Bueno, los marinos sí, pero no estoy seguro de que supieran qué significa esa expresión. Aquel inadecuado término, aguas exteriores, pasó a los escritos, informes y oficios, y un día, a principios de los noventa, cuando ya estaba convenientemente manoseado y macerado, protagonizó el salto a una Orden Ministerial.

Nadie nombraba el mar territorial o,  en su caso, la zona contigua o la zona económica exclusiva (cuando se implantó, que fue en momentos relativamente recientes). Todos se referían al inexistente concepto aguas exteriores. Recuerdo que en aquellas fechas tuve la osadía de dirigir por registro de entrada un escrito al Ministerio de Agricultura denunciando el error y pidiendo que el término erróneo se sustituyera por el adecuado de mar territorial. No esperaba ni respuesta ni reacción. Lo hice porque me dolía en los oídos cuando lo escuchaba y en la retina cuando lo leía.

Lo que sucedió a continuación es que el término, con la obscena promiscuidad de un virus desolador, contaminó las sentencias judiciales y llegó a consagrarse de manera triunfal al ser recogido en 2001 en la ley de pesca marítima del Estado. A partir de ahí ha pasado a formar larte del vocabulario jurídico de nuestra amada patria.

El término aguas exteriores es indeseable, inapropiado, equívoco, asistemático, impreciso e indecente. Indeseable porque ha nacido de la ignorancia. Inapropiado porque carece de definición legal (aunque puede que últimamente se haya incorporado algo así, ya no me sorprende nada). Equívoco porque la idea de exterior remite justamente a algo que está fuera, alejando la conciencia de que el mar territorial del Estado es justamente eso, nuestro propio territorio y no algo exterior. Asistemático porque implica el nacimiento de una categoría nueva no recogida en los Convenios Internacionales y en cierto sentido opuesta a los mismos. Impreciso porque no se conocen los límites exteriores de las aguas exteriores (valga la redundundancia). Indecente porque no procede dejar el derecho en manos de quien no lo conoce ni lo entiende.

España es un país de maravillas donde cualquier cosa puede suceder, especialmente si es una desgracia. El término aguas interiores, reconocidamente inculto y nacido entre legos en derecho, es hoy de uso  habitual en diputados del Congreso y magistrados de Tribunal Supremo. Cuando se pasó a informe la ley de pesca marítima del Estado, los Letrados de las Cortes parece que no tenían su mejor día. La Abogacía del Estado tampoco ha estado fina en todos estos años. Al Consejo de Estado, que debe informar las disposiciones de carácter general, también lo cogieron pensando en otra cosa, incluso a pesar de ser el refugio de los atentos y siempre rigurosos ex presidentes de Gobierno y estar servido por buenos juristas, supongo.

Por cierto, por cierto… Dicen por ahí que los siete magníficos sufrieron un error de cuidado porque cuando se refirieron en el texto constitucional a las aguas interiores, en realidad estaban pensando en las aguas continentales, es decir, en ríos, lagos y pantanos, Tenía efectivamente coherencia que fuera la Comunidad Autónoma la que se encargara de truchas, lucios y percas y el Estado de salmonetes, pulpos y merluzas. Lo que tiene mucha menos coherencia es que ambas Administraciones tengan jurisdicción sobre éstos últimos y que la competencia de una o de otra dependa de que estas criaturas del Señor se encuentren a uno u otro lado de la línea de base recta.

Ahora que tanto nos lamentamos del gasto público, del dispendio de las CCAA y de la duplicidad de competencias,  enjuiciad esto: Si un barco se encuentra treinta centímetros adentro de la línea de base recta (aguas interiores) su conducta la debe controlar la Comunidad Autónoma. Si se encuentra treinta centímetros al exterior (mar territorial), la cosa es responsabilidad del Estado. Por tanto, hacen falta un Consejero, un Director General, un Jefe de Servicio, muchos administrativos, unos cuantos inspectores de pesca, un helicóptero de vigilancia, varios coches oficiales, unas oficinas, unos gastos de su suministro eléctrico, teléfono, internet, ordenadores, limpieza, seguridad, mantenimiento, agua, combustibe, calefacción, aire acondicionado, toner, folios, bolígrafos, dietas, kilometraje y gastos de representación para atender a lo que ocurre dentro de la linea de base recta y un Ministro, un Secretario de Pesca Marítima, un Director General de Recursos Pesqueros, un Director del Caladero Nacional y todo lo demás para hacer lo propio con lo que sucede al otro lado de esa misma línea.

El problema es aún más grave porque, lejos de quedarse en la gestión, se extiende a la regulación. Actualmente la norma del Estado sobre la pesca de arrastre prohibe faenar en fondos inferiores a cincuenta metros al mismo tiempo que el reglamento europeo lo permite. Como la norma del Estado no es aplicable por dentro de la línea de base recta, la consecuencia es que si el barco se encuentra un poco por fuera de ella, no podrá pescar en menos de cincuenta metros,  pero podrá hacerlo si se encuentra un poco por dentro. Aún más complicado: Los barcos de arrastre no se quedan quietos, sino que avanzan durante unas cuantas millas en trayectoria más o menos rectas mientras recolectan las criaturas del mar en la red remolcada. Por tanto, pueden ir pasando en cada uno de estos lances de las aguas interiores al mar territorial y viceversa, y de aquí que su conducta pueda ser ilegal a las seis de al mañana, legal a las seis y veinte, ilegal a las siete y diez, ilegal a las ocho treinta y cinco y así hasta el infinito en esta España surrealista que nos hemos dado y que tanto disfrutamos.

Creo que esto podría considerarse la versión legal de esa costumbre que tanto habla de nuestras ricas raíces y nuestro fenomenal presente cultural, que es tirar una cabra por un campanario. Pero un esperpento de esta categoría no es como un chou de los payasos de la tele: No se consigue en un día. Hace falta mucho esfuerzo y muchos tontos durante muchos años. Primero un paso, después el otro y así hasta que se consigue un estallido de imbecilidad capaz de hacer brotar muecas de asombro en nuestros socios europeos.

¿Le ponemos número al gasto extra que ha originado esta posible equivocación de los siete magníficos, y todos tenemos que sufragar con nuestros impuestos? Si fue un error y efectivamente estos señores confundieron las aguas interiores con las aguas continentales, está mal. Pero si no se equivocaron, lo veo aún peor porque eso indicaría que diseñaron de forma premeditada una Administración irracional con un coste multiplicado por dos y un modelo de gestión que no asumiría ninguna empresa.

Esta trágica conclusión, sumada  a la soltura con la que todo cristo se ha entregado al término bastardo (por no tener un padre reconocido en forma de ley que los defina) aguas exteriores, confirma nuestra entrañable naturaleza de país pintoresco. No cada día de mi vida, ni cada minuto, pero sí de vez en cuando, me inquieta la lejana pero cierta posibilidad de que los que nos gobiernan, legislan, administran y cuidan, sean idiotas.

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José Ortega

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3 comentarios to “LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO Y EL LENGUAJE INCONSCIENTE (O POR QUÉ PERMITIMOS QUE LOS TONTOS HAGAN LAS LEYES)”

  1. […] Por qué permitimos que los tontos hagan las leyes […]

  2. nerjeño said

    Como siempre genial y desternillante. Chapó.

  3. Iurbaneta said

    Recientemente he acudido a mesas de trabajo relacionadas con la legislacion marítima. Desconocía todo sobre este tema y en mi afán por aclarar todo sobre lo que allí se habló he investigado sobre como se distribuyen las competencias en la costa. Había un término que constantemente se hacía alusión y que yo no encontraba en ningún sitio ,excepto en Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas. Tal y como lo veía, entendía que era lo mismo que el mar territorial que es lo que he encontrado en todos los sitios. Siguen mis dudas hasta que doy con tu blog y me aclara todo. Muchas gracias por tu información y lo claro que lo explicas.

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