PROTEGER EL LITORAL SALE A CUENTA

febrero 2, 2012

José Ortega
@abogadodelmar

LA VANGUARDIA
Diversos sectores destacan las ventajas de salvaguardar la costa, mientras que los hoteleros piden prioridad a la reactivación económica

Medio ambiente | 31/01/2012 – 09:30h

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

¿Cuál es el modelo que debe seguir España para abordar los usos de las zonas litorales? ¿Qué es más rentable, la conservación de estas áreas, o su utilización o explotación? ¿Se pueden simultanear ambos objetivos?

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, planteó este debate hace unos días cuando anunció una “reforma en profundidad” de la actual ley de Costas para hacerla compatible con el desarrollo de las actividades económicas y la creación de empleo. Y aunque matizó que la reforma será “sosegada”, mantiene este plan, aunque su alcance aún es una incógnita. Diversos sectores opinan, sin embargo, que salvar la primera línea de costa sale realmente a cuenta.

Buena parte de las quejas contra la actual ley de Costas viene de empresarios cuyos negocios están en zonas de dominio público marítimo-terrestre y otean el fin de las concesiones temporales (a veces, a partir del 2018). Ahora temen por su continuidad. ¿Se les renovará la concesión?

Quejas de los hoteleros
“La ley de Costas es muy mejorable. Con el argumento de proteger la costa, algo que compartimos, se han hecho interpretaciones maximalistas que limitan el uso lúdico y el disfrute de la costa. Y el turismo es de las pocas cosas que nos quedan para posibilitar la reactivación económica”, opina José Luis Zorera, vicepresidente de Exceltur, la patronal de los hoteles. Los hoteleros se quejan de la inseguridad jurídica que han causado los deslindes de la costa (la línea roja que sirve como referencia para señalar o retirar las construcciones de la primera línea) y lanzan puyas contra los criterios “distintos” de las demarcaciones de costas.

No menos beligerantes contra la actual ley ha sido la Federación de Empresarios de Playas de Andalucía, que reúne unos 45.000 establecimientos. Este lobby ha venido criticando las limitaciones que impone la ley a la presencia de chiringuitos en las playas (en número, distancia entre sí…).

En frente, están los defensores de la actual ley de Costas. “La costa está más que saturada. Si ponen más chiringuitos, nos quedaremos sin playa libre; y la playa es de todos. Yo no veo cómo pueden implantarse nuevas actividades sin que vayan en detrimento del disfrute público. Me cuesta entender que la ley de Costas tenga que ser una ley de promoción económica; ésa no es su función. El sector turístico no necesita más ocupación, sino replantear su modelo”, dice Gisela Loran, de la empresa Taller de Ingeniería Ambiental.

“El envejecimiento de las instalaciones y el deterioro de la calidad ambiental del litoral pueden ser los verdaderos factores que perjudiquen la competitividad económica”, considera Fernando Prats, arquitecto urbanista experto del Consejo Español de Turismo. “Lo prioritario no es una modificación de la ley para explotar más la costa, pues en estos diez últimos años ya ha habido una masiva ocupación del litoral. Lo que se requiere es una visión estratégica para apostar por un turismo de calidad, y eso es lo contrario a la idea de masificar más el uso de la costa, poner más chiringuitos y bajar la calidad del modelo turístico”, dice Prats.
Prats teme que la reforma que apunta el ministrro Arias Cañete pueda no estar en sintonía con las necesidades del sector turístico español. Este especialista rechaza la “visión cortoplacista y productivista” y propone orientar su desarrollo con una visión duradera y sostenible.

Línea roja
Muchos sectores consideran que no hace falta una modificación de la ley; que tocar el articulado de esta norma destaparía la caja de Pandora; que la línea roja se atravesaría cambiando la ley. Creen que bastaría una interpretación flexible para resolver los conflictos; y destacan muchos valores económicos en su protección. “La degradación del litoral es la causa de la caída del turismo. Necesitamos una franja marítima bien conservada para recuperar la pesca artesanal. Hay que proteger la costa para hacer frente al brutal avance del nivel del mar, como dicen los científicos y los estudios de la UE”, enumera Juan Carlos del Olmo, secretario general de la organización conservacionista WWF. Los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático serán especialmente acusados en España, recuerda Del Olmo, quien tiene otro argumento en la recámara: “Revisar la ley de Costas provocaría múltiples reclamaciones de quienes estuvieron afectados por el deslinde y vieron sus propiedades demolidas”, alerta.

El Plan Aletas
La explotación de los recursos costeros y su conservación es una ecuación complicada. El Ministerio de Hacienda ha retomado el plan para transformar unas marismas en Puerto Real (Cádiz) en un polígono industrial portuario. El plan Aletas supondría desproteger 266 hectáreas, una zona de dominio público marítimo-terrestre de interés para la avifauna. Esta iniciativa (con una inversión de 833 millones) ya fue emprendida por el Gobierno en el 2007 y rechazada por los jueces en el 2009. Pero esa derrota judicial no desanima a la Administración.

Este ejemplo sintetiza el tipo de conflictos al que aludía el ministro Arias Cañete cuando, sin citarlos, se estaba refiriendo a los problemas que tienen los sectores económicos que ocupan o aspiran a ocupar las franjas litorales de dominio público marítimo-terrestre o de protección.

En paralelo, sectores inmobiliarios creen que hay margen para poder edificar en aquellas zonas del litoral donde ahora no es posible al haberse hecho un deslinde “demasiado generoso” de la zona costera. En cambio, juristas de prestigio defienden esas amplias franjas proteccionistas.

Defensa frente a las tormentas
“La necesidad de preservar la franja costera es fundamental para evitar los efectos de las inundaciones y los temporales; si no, nos arriesgamos a sufrir daños millonarios en la costa”, explica Rita Rodríguez, directora jurídica de WWF.

“Las zonas de playas activas y humedales son áreas poco estables y cobran una gran importancia para hacer frente a los fenómenos erosivos del mar. Por eso, mantener estas franjas desocupadas nos permite conservar un valor biológico y, además, nos protege de las tormentas”, dice Gisela Loran, del Taller de Ingeniería Ambiental.

Casas más cerca del mar
Hugo Morán, portavoz de medio ambiente del PSOE, critica que “la modificación de la ley de Costas busca hacer una interpretación lo más suave posible de la exigencia de protección del litoral, con la finalidad de acercar al mar los proyectos de nuevas promociones inmobiliarias”. Así, suelos de valor ambiental y sin protección junto a la costa (con los costes bancarios a sus propietarios pero son aptos para construir sobre ellos), podrían revalorizarse y tendrían mejores expectativas de encontrar comprador” gracias a esa interpretación, opina Morán.

La actual ley de Costas ha topado con diversos sectores económicos que son los que piden su modificación. Diversos polígonos industriales en Cantabria se vieron incluidos en zonas de dominio público. Empresas como la papelera Ence, de Pontevedra, o Sidra El Gaitero, en Villaviciosa (Asturias), ocupan por la misma razón una concesión temporal de 30 años, prorrogable hasta 60, lo que suscita incertidumbres para su futuro. El último litigio es la ampliación mar adentro del puerto de Pasajes (Vizcaya).

Los acuicultores de la patronal Apromar presentan también batalla contra la actual ley. Se quejan de las dificultades para obtener autorizaciones en las zonas costeras, lamentan el doble pago de un canon (ocupación y aprovechamiento) y lamentan que los esteros no sean propiedad privada, explica su gerente Javier Ojeda, gerente de Apromar.

Un ejemplo indicativo
El argumento de que la ley de Costas frena la actividad económica ya fue asumido por el Gobierno del PSOE a partir del 2008. Y ese hecho explica que el año pasado se renovara la concesión para que la refinería de Muskiz (Vizcaya), de Petronor, situada en unas marismas en dominio público, pudiera seguir ocupando la franja litoral. La concesión caducaba este año 2012; pero el Ejecutivo de Zapatero pactó con el PNV una enmienda en la ley de Economía Sostenible.

“La ley va camino de ser cambiada por las presiones de intereses particulares; pero en la costa deberían prevalecer los intereses generales sobre los particulares”, dice Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.
“El hotel de Algarrobico es un caso sangrante, pues se hizo en una zona protegida y que estaba a menos de 20 metros de la costa. Parece que se quiere alimentar una nueva burbuja inmobiliaria. Pero la defensa de la costa está incluida en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, dice Natalia Martín, coordinadora del área marina de Ecologistas en Acción.

Interpretación flexible
Diversos sectores (como la ex ministra Cristina Narbona) sostienen que no es necesaria la modificación de la ley de Costas. En su opinión, bastaría una mera interpretación flexible de la ley para resolver los casos particulares que puedan presentarse. Su tesis es que el 90% de los litigios costeros entre particulares y la Administración han sido ganados por ésta, con lo cual ha quedado demostrada la constitucionalidad de la ley de Costas. “La ley de Costas es constitucional, forma parte de la legislación básica, y que asumida por la legislación europea”, dice Rita Rodriguez, de WWF.

El anterior gobierno del PSOE ya estuvo a punto de aprobar una modificación de la ley de Costas que hubiera permitido vender los títulos de concesión de los derechos de ocupación temporal de las edificaciones en zona de dominio público, mientras que el PP promovió una propuesta (rechazada) que habría abierto la puerta a una ocupación indefinida de las instalaciones con concesión en determinados supuestos.

De hecho, la ley en vigor permite que las edificaciones que han quedado afectadas por los deslindes que se han ido haciendo estos años puedan tener la opción de obtener una concesión de 30 años, prorrogable otros 30 años, para seguir ocupando las zonas de protección. Ahora, el 95% del litoral ya tiene definido ese deslinde.

El problema más doloroso para muchos afectados es que en los nuevos deslindes que se han ido haciendo se encuentran con que sus viviendas (que hasta ahora estaban dentro de los márgenes legales) pueden quedarse en la zona roja.

“Hay miles de personas que se han comprado una vivienda, y han pagado una hipoteca, y que se encuentran ahora con que no son propietarios y tienen que seguir pagando la hipoteca”, dice José Ortega, portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Ortega dice que “la modificación de la ley de Costas debe servir para resolver la situación de injusticia y abuso contra los afectados; pero si el plan del Gobierno para reformar la ley es para meter más ladrillo y más hoteles de lujo en mitad de la arena y para saturar el litoral con más población, yo estaría junto con los ecologistas”, agrega.

Los afectados por la ley de Costas consideran insuficiente que puedan seguir ocupando sus casas con una mera concesión temporal de 30 años. “El valor indemnizatorio es ridículo. Es como si te permitieran seguir viviendo en su casa, pero con peor condiciones”.

También se quejan de que frecuentemente las demarcaciones de Costas ni siquiera les dan esas concesiones con el argumento de que no tienen capacidad administrativa; “y cuando se dan (las concesiones) es para retirarlas inmediatamente porque necesitan esa espacio para alguna infraestructura pública”, agrega Ortega. “Los ingenieros de costas han provocado una situación para la que no estaban preparados, agrega. A veces no hay ni derribo ni concesión temporal, lo cual agrava la angustia de los afectados.

Un ejemplo de interpretación flexible lo dio la ex ministra Rosa Aguilar para abordar los miles de casos de afectados por la ley de Costas en Empuriabrava. Las parcelas están afectadas por una zona de servidumbre de tránsito cuya línea imaginaria atraviesa piscinas, dormitorios y jardines. La interpretación que se hizo es que quienes quieran acceder a las lagunas tienen pasos alternativos sin necesidad de entrar en fincas particulares.

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Una respuesta to “PROTEGER EL LITORAL SALE A CUENTA”

  1. werwer said

    Quie miedo me dan los del pp. Dirán lo que quieran, pero a lo que conducirá todo esto es a urbanizar la poca costa que queda virgen, y amigos, eso será totalmente contrario al turismo.

    Los que hayan comprado viviendas ilegales en la costa y se hayan hipotecado, pues que aprendan a leer leyes para la próxima vez.

    Y los chiringitos ruidosos ¿quién los quiere?

    El problema de todo esto es que solo se escuchan las voces de los afectados por la Ley de Costas, pero no se escuchan las voces de los millones de ciudadanos que sí están conformes con la Ley de Costas y que quieren una Ley cuanto más ambientalista y dura con los edificadores mejor.

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