José Ortega
@abogadodelmar

La razón
http://www.larazon.es/noticia/6912-indulto-al-chiringuito-como-proteger-las-costas-por-ley-sin-hundir-el-turismo

Su objetivo es «proteger el litoral con el desarrollo de las actividades económicas». De esta forma, apuntó la posibilidad de «aumentar el plazo de concesiones más allá de 2018», como rige el reglamento de costas de 1989. Asimismo, también señaló como prioritario a la hora de rediseñar la norma «analizar los requisitos y los derechos de ocupación de ciertos espacios». Como explicó ayer el ministro, con estas acciones se pretende «analizar toda la conflictividad jurídica» que representa la legislación vigente. La diputada canaria, Ana Oramas aplaudió la iniciativa del equipo popular y reivindicó una mayor «homogeneidad en el uso de la gestión de las costas», es decir, que se determinen con mayor precisión las demarcaciones. En este punto coincide con el portavoz de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega: «El reglamento lo redactaron los ingenieros de costas y las definiciones de la ley son muy genéricas», explica. De esta forma, los deslindes dependen «de la manía del jefe de costas de turno», añade Ortega.
Su objetivo es «proteger el litoral con el desarrollo de las actividades económicas». De esta forma, apuntó la posibilidad de «aumentar el plazo de concesiones más allá de 2018», como rige el reglamento de costas de 1989. Asimismo, también señaló como prioritario a la hora de rediseñar la norma «analizar los requisitos y los derechos de ocupación de ciertos espacios». Como explicó ayer el ministro, con estas acciones se pretende «analizar toda la conflictividad jurídica» que representa la legislación vigente. La diputada canaria, Ana Oramas aplaudió la iniciativa del equipo popular y reivindicó una mayor «homogeneidad en el uso de la gestión de las costas», es decir, que se determinen con mayor precisión las demarcaciones. En este punto coincide con el portavoz de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega: «El reglamento lo redactaron los ingenieros de costas y las definiciones de la ley son muy genéricas», explica. De esta forma, los deslindes dependen «de la manía del jefe de costas de turno», añade Ortega.

EN PRIMERA PERSONA
Manuel Villafaina. Pte. Empresarios Playas de Málaga
«Llevábamos años pidiendo seguridad jurídica»
Como propietario de un chiringuito durante más de 40 años en Torremolinos ejerce portavoz de muchos de los empresarios afectados por la ley de costas en Málaga, Manuel ve muy esperanzadoras las palabras del ministro. «Prometió muchas de las propuestas que pedíamos. Somos importantes para crear empleo y para invertir en nuestros negocios necesitamos seguridad jurídica y años para poder amortizarlos».

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José Ortega
@abogadodelmar

LA VANGUARDIA
Diversos sectores destacan las ventajas de salvaguardar la costa, mientras que los hoteleros piden prioridad a la reactivación económica

Medio ambiente | 31/01/2012 – 09:30h

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

¿Cuál es el modelo que debe seguir España para abordar los usos de las zonas litorales? ¿Qué es más rentable, la conservación de estas áreas, o su utilización o explotación? ¿Se pueden simultanear ambos objetivos?

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, planteó este debate hace unos días cuando anunció una “reforma en profundidad” de la actual ley de Costas para hacerla compatible con el desarrollo de las actividades económicas y la creación de empleo. Y aunque matizó que la reforma será “sosegada”, mantiene este plan, aunque su alcance aún es una incógnita. Diversos sectores opinan, sin embargo, que salvar la primera línea de costa sale realmente a cuenta.

Buena parte de las quejas contra la actual ley de Costas viene de empresarios cuyos negocios están en zonas de dominio público marítimo-terrestre y otean el fin de las concesiones temporales (a veces, a partir del 2018). Ahora temen por su continuidad. ¿Se les renovará la concesión?

Quejas de los hoteleros
“La ley de Costas es muy mejorable. Con el argumento de proteger la costa, algo que compartimos, se han hecho interpretaciones maximalistas que limitan el uso lúdico y el disfrute de la costa. Y el turismo es de las pocas cosas que nos quedan para posibilitar la reactivación económica”, opina José Luis Zorera, vicepresidente de Exceltur, la patronal de los hoteles. Los hoteleros se quejan de la inseguridad jurídica que han causado los deslindes de la costa (la línea roja que sirve como referencia para señalar o retirar las construcciones de la primera línea) y lanzan puyas contra los criterios “distintos” de las demarcaciones de costas.

No menos beligerantes contra la actual ley ha sido la Federación de Empresarios de Playas de Andalucía, que reúne unos 45.000 establecimientos. Este lobby ha venido criticando las limitaciones que impone la ley a la presencia de chiringuitos en las playas (en número, distancia entre sí…).

En frente, están los defensores de la actual ley de Costas. “La costa está más que saturada. Si ponen más chiringuitos, nos quedaremos sin playa libre; y la playa es de todos. Yo no veo cómo pueden implantarse nuevas actividades sin que vayan en detrimento del disfrute público. Me cuesta entender que la ley de Costas tenga que ser una ley de promoción económica; ésa no es su función. El sector turístico no necesita más ocupación, sino replantear su modelo”, dice Gisela Loran, de la empresa Taller de Ingeniería Ambiental.

“El envejecimiento de las instalaciones y el deterioro de la calidad ambiental del litoral pueden ser los verdaderos factores que perjudiquen la competitividad económica”, considera Fernando Prats, arquitecto urbanista experto del Consejo Español de Turismo. “Lo prioritario no es una modificación de la ley para explotar más la costa, pues en estos diez últimos años ya ha habido una masiva ocupación del litoral. Lo que se requiere es una visión estratégica para apostar por un turismo de calidad, y eso es lo contrario a la idea de masificar más el uso de la costa, poner más chiringuitos y bajar la calidad del modelo turístico”, dice Prats.
Prats teme que la reforma que apunta el ministrro Arias Cañete pueda no estar en sintonía con las necesidades del sector turístico español. Este especialista rechaza la “visión cortoplacista y productivista” y propone orientar su desarrollo con una visión duradera y sostenible.

Línea roja
Muchos sectores consideran que no hace falta una modificación de la ley; que tocar el articulado de esta norma destaparía la caja de Pandora; que la línea roja se atravesaría cambiando la ley. Creen que bastaría una interpretación flexible para resolver los conflictos; y destacan muchos valores económicos en su protección. “La degradación del litoral es la causa de la caída del turismo. Necesitamos una franja marítima bien conservada para recuperar la pesca artesanal. Hay que proteger la costa para hacer frente al brutal avance del nivel del mar, como dicen los científicos y los estudios de la UE”, enumera Juan Carlos del Olmo, secretario general de la organización conservacionista WWF. Los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático serán especialmente acusados en España, recuerda Del Olmo, quien tiene otro argumento en la recámara: “Revisar la ley de Costas provocaría múltiples reclamaciones de quienes estuvieron afectados por el deslinde y vieron sus propiedades demolidas”, alerta.

El Plan Aletas
La explotación de los recursos costeros y su conservación es una ecuación complicada. El Ministerio de Hacienda ha retomado el plan para transformar unas marismas en Puerto Real (Cádiz) en un polígono industrial portuario. El plan Aletas supondría desproteger 266 hectáreas, una zona de dominio público marítimo-terrestre de interés para la avifauna. Esta iniciativa (con una inversión de 833 millones) ya fue emprendida por el Gobierno en el 2007 y rechazada por los jueces en el 2009. Pero esa derrota judicial no desanima a la Administración.

Este ejemplo sintetiza el tipo de conflictos al que aludía el ministro Arias Cañete cuando, sin citarlos, se estaba refiriendo a los problemas que tienen los sectores económicos que ocupan o aspiran a ocupar las franjas litorales de dominio público marítimo-terrestre o de protección.

En paralelo, sectores inmobiliarios creen que hay margen para poder edificar en aquellas zonas del litoral donde ahora no es posible al haberse hecho un deslinde “demasiado generoso” de la zona costera. En cambio, juristas de prestigio defienden esas amplias franjas proteccionistas.

Defensa frente a las tormentas
“La necesidad de preservar la franja costera es fundamental para evitar los efectos de las inundaciones y los temporales; si no, nos arriesgamos a sufrir daños millonarios en la costa”, explica Rita Rodríguez, directora jurídica de WWF.

“Las zonas de playas activas y humedales son áreas poco estables y cobran una gran importancia para hacer frente a los fenómenos erosivos del mar. Por eso, mantener estas franjas desocupadas nos permite conservar un valor biológico y, además, nos protege de las tormentas”, dice Gisela Loran, del Taller de Ingeniería Ambiental.

Casas más cerca del mar
Hugo Morán, portavoz de medio ambiente del PSOE, critica que “la modificación de la ley de Costas busca hacer una interpretación lo más suave posible de la exigencia de protección del litoral, con la finalidad de acercar al mar los proyectos de nuevas promociones inmobiliarias”. Así, suelos de valor ambiental y sin protección junto a la costa (con los costes bancarios a sus propietarios pero son aptos para construir sobre ellos), podrían revalorizarse y tendrían mejores expectativas de encontrar comprador” gracias a esa interpretación, opina Morán.

La actual ley de Costas ha topado con diversos sectores económicos que son los que piden su modificación. Diversos polígonos industriales en Cantabria se vieron incluidos en zonas de dominio público. Empresas como la papelera Ence, de Pontevedra, o Sidra El Gaitero, en Villaviciosa (Asturias), ocupan por la misma razón una concesión temporal de 30 años, prorrogable hasta 60, lo que suscita incertidumbres para su futuro. El último litigio es la ampliación mar adentro del puerto de Pasajes (Vizcaya).

Los acuicultores de la patronal Apromar presentan también batalla contra la actual ley. Se quejan de las dificultades para obtener autorizaciones en las zonas costeras, lamentan el doble pago de un canon (ocupación y aprovechamiento) y lamentan que los esteros no sean propiedad privada, explica su gerente Javier Ojeda, gerente de Apromar.

Un ejemplo indicativo
El argumento de que la ley de Costas frena la actividad económica ya fue asumido por el Gobierno del PSOE a partir del 2008. Y ese hecho explica que el año pasado se renovara la concesión para que la refinería de Muskiz (Vizcaya), de Petronor, situada en unas marismas en dominio público, pudiera seguir ocupando la franja litoral. La concesión caducaba este año 2012; pero el Ejecutivo de Zapatero pactó con el PNV una enmienda en la ley de Economía Sostenible.

“La ley va camino de ser cambiada por las presiones de intereses particulares; pero en la costa deberían prevalecer los intereses generales sobre los particulares”, dice Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.
“El hotel de Algarrobico es un caso sangrante, pues se hizo en una zona protegida y que estaba a menos de 20 metros de la costa. Parece que se quiere alimentar una nueva burbuja inmobiliaria. Pero la defensa de la costa está incluida en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, dice Natalia Martín, coordinadora del área marina de Ecologistas en Acción.

Interpretación flexible
Diversos sectores (como la ex ministra Cristina Narbona) sostienen que no es necesaria la modificación de la ley de Costas. En su opinión, bastaría una mera interpretación flexible de la ley para resolver los casos particulares que puedan presentarse. Su tesis es que el 90% de los litigios costeros entre particulares y la Administración han sido ganados por ésta, con lo cual ha quedado demostrada la constitucionalidad de la ley de Costas. “La ley de Costas es constitucional, forma parte de la legislación básica, y que asumida por la legislación europea”, dice Rita Rodriguez, de WWF.

El anterior gobierno del PSOE ya estuvo a punto de aprobar una modificación de la ley de Costas que hubiera permitido vender los títulos de concesión de los derechos de ocupación temporal de las edificaciones en zona de dominio público, mientras que el PP promovió una propuesta (rechazada) que habría abierto la puerta a una ocupación indefinida de las instalaciones con concesión en determinados supuestos.

De hecho, la ley en vigor permite que las edificaciones que han quedado afectadas por los deslindes que se han ido haciendo estos años puedan tener la opción de obtener una concesión de 30 años, prorrogable otros 30 años, para seguir ocupando las zonas de protección. Ahora, el 95% del litoral ya tiene definido ese deslinde.

El problema más doloroso para muchos afectados es que en los nuevos deslindes que se han ido haciendo se encuentran con que sus viviendas (que hasta ahora estaban dentro de los márgenes legales) pueden quedarse en la zona roja.

“Hay miles de personas que se han comprado una vivienda, y han pagado una hipoteca, y que se encuentran ahora con que no son propietarios y tienen que seguir pagando la hipoteca”, dice José Ortega, portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Ortega dice que “la modificación de la ley de Costas debe servir para resolver la situación de injusticia y abuso contra los afectados; pero si el plan del Gobierno para reformar la ley es para meter más ladrillo y más hoteles de lujo en mitad de la arena y para saturar el litoral con más población, yo estaría junto con los ecologistas”, agrega.

Los afectados por la ley de Costas consideran insuficiente que puedan seguir ocupando sus casas con una mera concesión temporal de 30 años. “El valor indemnizatorio es ridículo. Es como si te permitieran seguir viviendo en su casa, pero con peor condiciones”.

También se quejan de que frecuentemente las demarcaciones de Costas ni siquiera les dan esas concesiones con el argumento de que no tienen capacidad administrativa; “y cuando se dan (las concesiones) es para retirarlas inmediatamente porque necesitan esa espacio para alguna infraestructura pública”, agrega Ortega. “Los ingenieros de costas han provocado una situación para la que no estaban preparados, agrega. A veces no hay ni derribo ni concesión temporal, lo cual agrava la angustia de los afectados.

Un ejemplo de interpretación flexible lo dio la ex ministra Rosa Aguilar para abordar los miles de casos de afectados por la ley de Costas en Empuriabrava. Las parcelas están afectadas por una zona de servidumbre de tránsito cuya línea imaginaria atraviesa piscinas, dormitorios y jardines. La interpretación que se hizo es que quienes quieran acceder a las lagunas tienen pasos alternativos sin necesidad de entrar en fincas particulares.

Por José Ortega
@abogadodelmar

Dejadme que os cuente otra que os va a gustar por lo menos tanto como a mi. El pasado día 16 de enero recibí la llamada del propietario del restaurante Casa Modesto en cala Finestrat (Finestrat, Alicante, junto a Benidorm). No era para invitarme a una paella de marisco, sino para anunciarme que al día siguiente le tiraban el restaurante al suelo. Bueno, no todo él, sino una parte que amplió y está en discusión hace tiempo.
La ejecutora es Doña Maria Auxiliadora, de quien ya he hablado en una entrada anterior (leed “Sucedió en Navidad”, un texto muy majo) y su actuación resulta ser modelo de eficacia digno de ser no sólo conocido sino también admirado.
Modesto vino a mi hace unos dos años, cuando como es costumbre lo tenia ya todo perdido y había recibido una comunicación de Costas diciendo que le tiraban las instalaciones. Escribí lo que debía y cuando las cosas comenzaron a ponerse feas con nuevos requerimientos, por el otoño, me comuniqué con mi bienamado Pedro Antonio Ríos, el más peculiar Director General de Costas que haya existido. Pedro Antonio había dejado atrás una estela de luchador por los derechos civiles, había abandonado Izquierda Unida y había sido llamado como independiente por su inseparable colega Rosa Aguilar cuando la hicieron Ministra. Desde la Dirección General se dedicó a hacer el bien, cosa tan meritoria como inaudita. Yo no sé si era una directriz del Gobierno, de la Ministra o es que le nacía, pero durante los catorce meses de su mandato hizo florecer la justicia y borró la tradicional imagen de su departamento como coco de los ciudadanos. De hecho, la primera vez que lo vi por televisión estaba sonriendo y al principio mi subconsciente no lo entendía. No sabia que un alto jefe de la casa pudiera hacer eso. No sé si recordáis la cara de palo de Alicia Paz. El contraste era brutal.
A Pedro Antonio le mandé un correo pidiéndole que se hiciera cargo de la situación. No le reclamaba privilegio ni capricho, sólo le recordaba que dos años atrás había yo pedido la nulidad de la orden de derribo por violación del derecho de defensa y que en el Ministerio la petición o se había perdido o había servido para ejercicios de papiroflexia.
Como es lógico estaba tranquilo después de esta comunicación. De hecho, el propio Director General me dijo no hace mucho que tenia la intención de no derribar NADA durante su mandato. Y como por otro lado los de Costas de Alicante no habían iniciado el temible procedimiento judicial para entrada en domicilio, estaba seguro de que no había moros en la costa.
¿Entonces por qué me estaba diciendo Modesto que al día siguiente venían las máquinas? Esto era totalmente imposible sin previa autorización judicial. Bueno, lo voy a explicar algo mejor para que me entendáis. El articulo 18 de la Constitución garantiza la inviolabilidad de domicilio, pero de vez en cuando el Gobierno te lo tiene que violar o más bien dejarlo a un lado de forma legitima. Por ejemplo cuando la casa es ilegal y todo eso. Yo no tengo nada contra los derribos cuando se trata de edificios hechos ilegalmente por ciudadanos listillos, mafiosos o ladrones, que los hay y muchos. El caso es que para respetar el derecho al domicilio es necesario que el juez autorice la entrada en él y esto es lo que hacen los de Costas cuando quieren reducir tu casa a cenizas. Normalmente, al menos en mi experiencia, le pasan al Abogado del Estado información incompleta y sesgada sobre lo sucedido para que éste redacte una demanda judicial igualmente incompleta y sesgada y el juez dicte un auto erróneo basado en mentiras (o verdades a medias, que como he dicho varias veces son la mentira más eficaz. Preguntad a Bill Clinton, cuando dijo “no he tenido relaciones sexuales con esa mujer”, aprovechando que parece ser que la felación no es considerada relación sexual en el país más poderoso de la tierra).
Insisto ¿Cómo es posible que vinieran las máquinas si no había procedimiento ni auto judicial de entrada en domicilio? Fácil: Porque sí lo había, según juraban los funcionarios.
¿Y cómo puede ser que lo hubiera y el interesado no supiera nada? Aquí, amigos, radica la almendra del tema. Esto no ha sido una acción administrativa, sino una operación militar, o más bien de Servicio de Inteligencia ¿Habéis visto las película de espías cuando el jefe de la banda dice sincronicemos nuestros relojes? Pues lo que hicieron Doña Maria Auxiliadora y una miga suya que le ha ayudado un rato fue algo mucho peor que sincronizar sus relojes. Debían tener un pizarrón lleno de garabatos y flechas yendo de aquí para allá y haber consumido infinidad de cafés fuertes durante sus cavilaciones sobre cómo hacerlo sorteando las alarmas. Estaban tramando un asalto, pero no a Fort Knox, al Louvre o al Museo Vaticano, sino al templo de la justicia, diríamos. Para cargarse todo el sistema de derechos individuales y salir de rositas hace falta precisión de relojero: Ellas la tenían. Desde luego es igualmente precisa una voluntad inquebrantable: La tenían también. Y mala leche. Ésta no sé si la tenían, ya que yo pienso bien de todo el mundo.
Si, sí. Doña Maria Auxiliadora y su amiga habían encargado al Abogado del Estado que pidiera autorización judicial de entrada, pero nosotros no nos habíamos enterado porque el juzgado había tenido la caritativa iniciativa de no molestar a los afectados en nochebuena, ya que el escrito de solicitud tiene fecha 20 de diciembre y el día 23 decidió autorizar el derribo sin dar traslado al interesado. Luego lo comentaré, porque es realmente cachondo. De momento adelanto que, como toda operación de Inteligencia debe levarse en secreto, Doña Maria Auxiliadora y su fiel colaboradora decidieron no comunicar nada al Director General. O quizá debería decir que le ocultaron la operación. Sí, queridos míos, se la ocultaron. En las gestiones que hice en aquellos días supe que mi buen Pedro Antonio estaba in albis. Fuentes autorizadas le atribuyen la expresión, el mismo día 17, de que no creía que se fuera a derribar nada porque no existía ningún procedimiento de entrada en domicilio.
¡Vaya si lo había! Pero a él no se lo habían dicho, supongo que porque si se hubiera enterado habría ordenado a Doña Maria Auxiliadora y a su amiga que se estuvieran quietas y se dejaran de fastidiar.
¿Qué es lo que conduce a dos funcionarias a adoptar el derribo como una cruzada personal, incluso contra de la voluntad de sus superiores? Yo no lo sé, no he leído bastante a Freud. Pero esto es lo que sucedió.
Estamos aun en ese momento, que permanece como congelado, en el que me cuentan que el restaurante se derriba al día siguiente. Modesto me pide que haga algo y sobre todo que esté presente en el Apocalipsis. Mala cosa, porque ese mismo día debo salir para Heidelberg a dar una conferencia (o más bien a intentarlo). Son las doce de la mañana ¿qué hago? Venga Pepe… Muévete. Rápidamente me saco de la manga un recurso de nulidad de actuaciones y mis colaboradoras persiguen al procurador de Alicante hasta el catre para que lo presente esa misma mañana. El muchacho lo hace y siguiendo mis instrucciones pide hablar con Su Señoría, que a la sazón no se encuentra en el juzgado (sin duda tendrá un buen motivo para estar en otro sitio, no hay cuidado), pero la secretaria anuncia que el recurso no se va a admitir. O sea que por ahí nada.
Esa misma mañana le pongo un fax urgente a todo lo que respira, es decir, al Ministro, al Director General, al Delegado del Gobierno, al Subdelegado del ídem y a Doña Maria Auxiliadora. Les cuento que no se puede proceder al derribo porque tenemos pedida desde hace dos años la nulidad de la resolución que la ordena con solicitud de suspensión de la eficacia del acto combatido, porque hay vulneración de derechos fundamentales al no haber podido ser parte en el procedimiento judicial de autorización de entrada y porque resulta que la orden de derribo la dictó el Ministro y por tanto su ejecución sólo la puede ordenar el Ministro o bien el Director General, que ahora tiene competencias en esa materia. Si, sí… Como leéis. Doña Maria Auxiliadora y su amiga han planificado la trama, han sincronizado relojes y se han creído muy listas, pero ignoran que el crimen perfecto no existe y en este caso su preparadisimo plan falla por la base, ya que la Jefatura de Costas carece de competencias para la ejecución de la orden de derribo. Esto es: No sólo es que le estaban ocultando sus maniobras a su superior, sino que lo estaban suplantando. Para que lo entendáis: Lo mismo que el conserje de la Jefatura de Costas no es nadie para encargar al Abogado del Estado la autorización judicial de entrada o para llevar a efecto el derribo, tampoco lo era Doña Maria Auxiliadora, quien bajo mi criterio profesional sólo podía actuar siguiendo instrucciones del Director General o el Ministro. El motivo ya lo he dicho: No fue la Jefatura de Costas, sino el Ministro, quien dictó el acto.
¿Queréis conocer la respuesta de las altísimas autoridades a las que remití los fax urgentes? Yo también. Si sabéis algo por favor avisadme. Ese día tenían algo mejor que hacer. Probablemente redactar algún discurso sobre cómo crear empleo al mismo tiempo que Doña Maria Auxiliadora y su amiga (y ellos mismos con su silencio) mandaban a paro a unos cuantos camareros y sembraban la tragedia en sus familias.
Y aquí viene uno de los elementos esenciales del plan de Doña Maria Auxiliadora y su amiga: Aprovecharon con precisión de bisturí el vacío de poder producido con los nuevos nombramientos de altos cargos. A saber: El nuevo Director General de Costas llevaba en el cargo no sé si 24 o 48 hora, pero no creo que haya diferencia. El Subdelegado del Gobierno había sido nombrado pero no había tomado posesión. Alguien de dentro me dijo que después de la hazaña, las dos amigas se vanagloriaban de lo inteligentes que habían sido al aprovechar el vacío de poder. Me lo comentaba con indignación. Desde dentro, repito. Los funcionarios públicos suelen ser por mayoría aplastante profesionales, objetivos y humanos. Comparten contigo y conmigo la idea de lo que es justo. Estas dos señoras creo que pertenecen a un grupo distinto, quizá más evolucionado y dotado de una inteligencia superior. Puede que estén más cerca de Dios, porque sus caminos y métodos son inescrutables.
El miércoles, desde la habitación de mi hotel en Heidelberg, redacto un recurso de apelación urgente y remito nuevos y reiterados fax a las altas autoridades con las que me codeo, pidiendo la suspensión a cuenta de este nuevo recurso judicial. Ni una sola respuesta, como si fuera San Juan Evangelista dando alaridos en un desierto desolado.
Creo que fue el jueves cuando hice algo que no debía hacer, pero que hice y supongo que me costará caro, especialmente en estos tiempos de pretendidos cambios en la ley de costas y supuestas mesas de negociaciones y cosas así. Quién me mandaría a mi remitir un fax al gabinete del Presidente del Gobierno para quejarme no ya de Dña. María Auxiliadora, sino del Director General y el Ministro. Esto es algo que no debe hacerse, pero me debo a la justicia, no a la política. La nube de mis enemigos es tan densa que no voy a notar la llegada de los recién llegados. O sí, pero es la rutina de mi vida. No experimento la necesidad de caerles bien a los nuevos gobernantes, sólo aspiro a que me respeten y sobre todo que respeten a las personas a las que defiendo.
A todo esto ¿qué creéis que hace Doña Maria Auxiliadora después de tirar las instalaciones? Mandar una nota de prensa aún más sesgada que la información que había remitido al Abogado del Estado y poner a la prensa de uñas con Modesto. El día 18, cuando estaba en el Deustche Amerikanischer Institute dispuesto a largar mi rollito, me llama una periodista que la muchacha más parecía un fiscal estreñido. Con la prensa me llevo de maravilla y supongo que Doña Maria Auxiliadora lo sabe y por eso ha pensado en adelantarse. También en este caso ha conseguido su objetivo porque la reportera creo que me considera uno de los abogados de Al Capone. Como la Blitzkrieg de Hitler, la versión sesgada de la realidad, llevada de la pluma de periodistas intoxicados, se extiende por la sociedad con vertiginosa velocidad. No sólo se ha conseguido violar el sagrado templo de la justicia, pisotear los derechos individuales y burlar al Director General de Costas: también dar una mano de barniz a toda esa realidad podrida haciendo creer a las personas humanas que lo que han hecho Doña Maria Auxiliadora y su amiga es divino.
A todo esto me llegan noticias del juzgado. El procurador consigue por fin informarme de lo que hay en el procedimiento: Nada. No hay nada. Parece un colchón de camping relleno de aire. El juez no sólo no ha dado traslado a las partes demandadas, como sucede en todo procedimiento judicial: Es que ni siquiera ha puesto providencia de admisión a trámite. Es la primera vez en mi vida que veo algo así. Nunca, repito, nunca antes me había sucedido. Un procedimiento judicial sin una providencia de admisión a trámite es algo insólito. Desde luego la impensable velocidad de este juez no desentona, sino todo lo contrario, con la precisión de relojería de Doña Maria Auxiliadora y su amiga en su manejo quirúrgico de los tiempos. Pero esto no quiere decir que la conjura sea de tres y no de dos. Ni lo digo ni lo sugiero. Me limito a flipar y ya es bastante. Una vez leí que te transformas en viejo cuando ya no puedes asombrarte más por porque lo has visto todo. Esta patria nuestra, desafortunada, herida y corrompida hasta los huesos, tiene la virtud de mantenerme eternamente joven. Siempre hay algo más grave, más sucio y más inaceptable.
Ahora mismo estoy otra vez de viaje. Voy a una isla del Atlántico, una isla verde. A mi derecha percibo un sol impreciso que despunta sobre el ala del avión y comienza a desprender la luminosidad violácea del atardecer. A mi lado, un matrimonio de jubilados se lamenta del caso Urdangarin y repite sin parar que la justicia es una porquería.
Debería dejarme llevar por un sueño despierto en el que el vuelo me condujera a Magadascar, donde montaría un chiringuito no controlable por Costas y emplearía la toga para dar sombra a las macetas. Pero no, no tengo ese sueño. Voy a seguir embistiendo contra el muro de hierro de esta España burra, insensible e inmensamente desilusionante, en la que cada alma humana que adquiere autoridad se cree por encima el bien y del mal y donde los ciudadanos son como briznas de hierba, sus quejas como el ladrido de los perros y la justicia una palabra hueca que ha perdido todo significado.
Casi se me olvidaba felicitar a las señoras que alcanzaron sus objetivos de forma impecable. No todos los días se consigue un procedimiento judicial sin procedimiento, actuar impunemente contra la voluntad del jefe, tirar al paro a unos cuantos y quedar divinamente ante la sociedad. De manera muy justificada, la autoestima de las interesadas debe estar a la altura de un vuelo transatlántico y no cabe sino reconocerlo. Lo que ocurre es que hay una dignidad en las víctimas que nunca podrán tener los triunfadores ni los verdugos,