LA JUSTICIA TOCA A SU FIN (I)
noviembre 13, 2011
Acabo de enterarme de la reforma procesal que diputados y senadores han hecho antes de irse a casa. Puede resumirse como el título de este articulo: la justicia toca a su fin.
Los guardianes de la democracia nos están rociando con una reforma procesal tras otra, y con cada una estrechan más y más el cerco en torno al derecho de acceso a la justicia. La penúltima fue para establecer una tasa por los recursos, es decir, para intimidar a los ciudadanos y desanimarlos obligándolos a pagar un precio por ejercer un derecho.
¿Te han denegado una prueba y tienes que poner recurso de súplica? Paga por ello.
¿Que la sentencia te ha desestimado el recurso y tienes que ir a una apelación? A pagar.
¿Que te deniegan la acumulación de asuntos que has pedido para que al cliente le salga el pleito más barato? Paga antes. Sí, antes. De hecho la ley dice que no se tramitará el recurso si no viene acompañado del resguardo del abono de la tasa.
Esa reforma tuvo y sigue teniendo mala sombra porque si te quieres ir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te exigen haber agotado todos los recursos posibles en las vías judiciales anteriores. Así que recurrir o no las resoluciones de trámite no es una elección. Tienes que hacerlo. Y pagarlo.
La reforma anterior a ésta ya he tenido el placer de comentarla en otro blog anterior llamado El recurso de amparo no existe. Cambiaron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para hacer prácticamente imposible el acceso al recurso de amparo.
Otra reforma hecha aún antes fue la que estableció un límite en la cuantía del procedimiento para acceder al recurso de casación. Si el valor de lo discutido no pasa de 24.000 euros no puedes ir al Tribunal Supremo y te quedas pasando la mano por la pared (aunque para lo que puedes esperar de ese tribunal, más vale así).
Cada reforma procesal no es más que una forma de estrangular más y más el derecho de los ciudadanos a la justicia. Pero la que ahora tengo entre las manos constituye una villanía. Una villanía oculta, claro. Si no conoces el rollo no lo ves. Lees el texto y todo te parece normal pero no lo es. En realidad nos encontramos ante un eslabón más de la conspiración para conseguir la sumisión total de los ciudadanos al Estado.
Lo que han hecho (entre otras cosas que ya comentaré) es introducir el criterio del vencimiento en costas procesales en el recurso contencioso administrativo, aunque dicho así no creo que se entienda. La traducción: El que pierde paga los honorarios del abogado del otro. Hasta ahora sólo te pasaba eso si litigabas con temeridad o mala fe. Bueno, bien… Diréis ¿Y eso qué tiene de particular, si en los asuntos civiles es así de toda la vida?
Es muy simple. En los asuntos civiles tienes un 50% de posibilidades de ganar el pleito. En el contencioso administrativo tienes un 0%. El cero puede tener algunos decimales. En unos casos puede ser un 0,5 y en otras un 0,2, pero estamos halando de cero. Ya sabéis que la Dirección General de Costas no hace más que sacar pecho diciendo que ganan el 95% de los recursos judiciales (pero no es cierto: el porcentaje supera el 99%) y el otro día, hablando con la Directora General de un departamento que nada tiene que ver con Costas, la interfecta me dice que no han perdido ni un solo contencioso administrativo. Ni uno.
Cuando hablan de esta manera, los responsables pretenden subrayar que lo hacen de maravilla, cuando la realidad es que los tribunales no están actuando con objetividad, por decirlo de una forma cariñosa.
Pues bien… Si para los ciudadanos no fuera bastante perder prácticamente todos los recursos contra a Administración ¿Os podéis imaginar lo que significa que además a estas pobres personas les condenen en las costas? Sí, por supuesto que es un sistema disimulado de financiación de un Estado que roza la bancarrota, pero además es el adiós definitivo a la justicia, porque a ese precio ya nadie querrá ni síquiera probar suerte. Peferirá pronunciar la terrible frase que hagan conmigo lo que quieran.
En el Tribunal Supremo está establecido el criterio del vencimiento desde antiguo. Hasta hace dos días, el propio tribunal, a determinar la condena en costas, fijaba el máximo de honorarios del Abogado del Estado en 1000 euros. A los vecinos de Puntas de Calnegre los han condenado al pago de 2500. Significativa subida en tiempos en los que el Estado necesita ingresos y sobre todo a cargo de una justicia independiente.
Según las normas de honorarios de los Colegios de Abogados, los recursos se cobran bastante más baratos que el asunto principal. Las apelaciones, por ejemplo, a razón del 50% . Pues bien, si el Tribunal Supremo cree que al Estado debemos pagarle 2500 euros por la casación, que es un recurso, es posible que por el procedimiento en primera instancia nos exijan el doble. Ejem… Es que ni me atrevo a escribir aquí el importe. Prefiero a los dictadores que de calzan botas de caballería de caña alta y uniformes verdes o pardos. Te amargan la vida pero al menos saben lo que son.
Yo no sé si os dais cuenta de la relevancia que tiene esto. La jurisdicción contencioso administrativa es la que regula las reclamaciones contra el Estado (y aquí entran Comunidades, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y todo eso). Lo que están haciendo con estas reformas es imposibilitar todas esas reclamaciones. El Estado se está blindando y, de forma más o menos sutil, transformándose en totalitario. Poco a poco la dignidad de la persona se va disipando hasta transformarse en una cascara vacía.
Repito mucho un viejo adagio según el cual la ley es un instrumento de los débiles. Pero esa herramienta, la ley, necesita de los tribunales para hacerse valer. En una entrevista con la BBC, el escritor Hening Mankel recuerda que sin justicia no puede haber democracia. Se trata del mismo concepto que podemos rastrear en Platón, si queremos ponernos cultos. La necesidad de justicia es irresistible. Es emocionalmente imposible renunciar a ella. Cuando la vas limitando, condicionando e imposibilitando, lo que haces es provocar la renuncia a la civilización y el retorno a la caverna, con sus golpes de porra y sus venganzas privadas como medio de resolver las desavenencias.
Soy testigo privilegiado de una de las facetas más mortíferas del estrangulamiento de la democracia. Y necesito que abráis los ojos y miréis conmigo lo que está pasando.
Estamos como en la Edad Media,el Derecho de Pernada o que te den…
Esto no es más que otro nuevo privilegio que añadir a los que ya disfruta la administración : Autotutela declarativa y ejecutiva, presunción de veracidad de los actos administrativos; inembargabilidad de los bienes públicos; Solve et repete ; primacía en la prelaciòn de créditos en caso de concurrencia; Prohibición de compensación de creditos de particulares con deudas de la administraciò etc y ahora esta nueva vuelta de tuerca Y eso sin contar con el asesinato de Montesquieu, y con el privilegio de poner impuestos a diestro y siniestro sin responder de los gastos .
Gracias por enseñarnos dónde mirar; ahora los vemos como lo que son, dictadorzuelos que aplastan a los débiles, mentirosos, canallas… ¿qué será de la justicia?
que verguenza me da leer lo que leo aquí: el personaje abogado este se dedica a poner en entredicho a los funcionarios de preparación extraordinaria que aplican escrupulosamente la ley, simplemente porque no le gusta la ley. Oiga usted, si no le gusta la ley, pida que la cambien, pero no arremeta contra los funcionarios que lo único que hacen es DEFENDER EL INTERÉS GENERAL, DE TODOS, FRENTE AL DE UNOS POCOS PARTICULARES CARADURAS QUE QUIEREN VIVIR A 10 METROS DEL MAR Y DISFRUTARLO EN EXCLUSIVA. Usted quiere imponer los derechos de unos pocos sobre los demás y sobre el medio ambiente. A usted no le importaría tener una costa plagada de edificios mientras sus clientes les sigan pagando para litigiar. Usted antepone el interés personal al medioambiental y general, es una verguenza. Que encima ahora se meta con los deslindes de cauces, es una verguenza, para usted es solo otra forma de amasar dinero. Lea y estudie usted algo acerca de esas incómodas palabras «medio ambiente», antes de abrir su bocaza para difamar a políticos y profesionales que bastante tienen que tragar por hacer un trabajo incómodo que beneficia a todos pero que nadie agradece (es de los típicos trabajos en los que nadie te agradece los logros y solo se acuerdan de tí cuando hay que reprochar problemas. Los abogados como usted dan asco. Si no le gusta la ley váyase a otro país o intente cambiarla, pero no difame o insulte a nadie. Á usted le gustaría que de jefes de costas metiran a veterinarios o a gente sin formación específica, verdad que sí? así podría engañar y manipular a su antojo para poder enladrillar la costa a su gusto.
Un médico (que se preocupa de la salud de la población) es un funcionario honrado. Al igual que un maestro o un profesor de nuestros hijos que se preocupan de prepararlos para un futuro.
Pero unas personas que se dedican a expropiar unas propiedades que han pertenecido a algunas familas desde más de 100 años (viviendas unifamiliares), no son personas decentes. Por lo tanto no pueden ser funcionarios decentes. Lo que tendrían que hacer es expropiar los edificios con ánimo de lucro, que han sido edificados por grandes empresas después de la ley de costas, pero no tienen lo que hay que tener (o tampoco son funcionarios decentes para eso)
señor o señora wervwer: Haga usted algo de yoga (si sabe lo que es), practique el pensamiento positivo (haga que le expliquen de qué se trata), procure experimentar algo de amor al prójimo (mire en la Wikipedia qué es eso) y sobre todo proteja su hígado. Creo que debe tenerlo averiado a consecuencia de la ira que usted es incapaz de contener. Hay remedios de herboristería muy eficaces. Cuando llegue a casa de vuelta, procure no trasladar toda esa cólera a su familia, ellos no tienen la culpa de sus problemas personales.
Yo no amaso, ni harina ni tampoco billetes, pero si lo hiciera a usted no le importa. Trabajo gratis para los necesitados, pero a usted desde luego no le concierne. Lea usted con atención este blog, señor o señora, y verá cómo yo no estoy a favor del ladrillo, sino todo lo contrario. Ya no me acuerdo del título, pero en una entrada cuento cómo terminaron por no admitirme en un debate público en TV porque me querían sentar en el bando de los constructores y en la encuesta previa el periodista llegó a la conclusión de que yo era un ecologista. Así que perdone si no me veo retratado en unas palabras que sin duda usted acaba de escribir llevado por sus pasiones y quizá sus frustraciones personales.
Y sobre todo, amable amigo o amiga, cuando le venga bien deje de echar espuma por la boca.
Señor Vicente, las personas que expropian lo único que hacen es aplicar la Ley, no son mas que unos «mandaos», si no le gusta la expropiación vaya al congreso y pida que quiten la Ley, de esta manera no habrá carreteras ni líneas de ferrocarril que atraviesen sus propiedades. Eso sí, cuando quiera visitar a su primo de Tarifa, pues cójase su burra y merienda para los 10 días de viaje. Cuando quiera beber agua, cante una canción al cielo, porque no habrá embalses con terrenos inundables expropiados. Y cuando quiera irse a la playa, pues pague peaje al propietario de la ribera y con suerte conseguirá echar la toalla sobre una roca cementada…
A josé Ortega: veo que no ha rebatido mis argumentos en absoluto, usted tiene de ecologista lo mismo que el promotor del Algarrobico. Su trabajo debería ceñirse a evitar que a los particulares se les aplique un rasero distinto que a los propietarios de cadena de hotel, a los dos se les debería tratar por igual: cero construcciones en la costa
A Pepiño Blanco y Villa PSOE, también se le debe aplicar el mismo rasero? Pregunto…
Lo del Algarrobico y otros tantos «Algarrobicos» a que Vd. se refiere, tiene mucho que ver con funcionarios, que se pliegan a intereses de los políticos, y conceden licencias donde no deberían haberse concedido.
Hay una amplia mayoría de funcionarios honrados y hay otros que se plegan a oscuros intereses políticos. Estos, que suelen integrar ese cada vez mas ingente ejército de nombrados por libre designaciòn, suelen ser también los que si lo suficientemente hábiles para no resultar procesados terminan culminando una brillante carrera profesional. Los otros suelen ser condenados al ostracismo funcionarial. Y de todos ellos tenemos sobrados ejemplos en todas las administraciones. Y si me insiste le diré algunos ejemplos concretos.
Yo en concreto he sido víctima de los abusos de los funcionarios de Costas a partes iguales y no solo de ellos sino también, de los legisladores de la ley vigente que regula la cuestiòn. El edificio donde vivo, fué construido en zona acantilada en el año 1980, con su correspondiente licencia municipal, colindando el jardín anexo al mismo con los mojones fijados por un deslinde del año 1966, y siendo el promedio de pendiente de dicho acantilado claramente inferior a los 60º sexagesimales.
Con independencia del abuso legalizado por la interpretación del politizado Tribunal Constitucional, que supone «expropiar» sin indemnizar por su valor,sino mediante una concesión, propiedades legal y legítimamente adquiridas y construidas igualmente con todos los requisitos legales, he sido testigo de excepciòn de otro abuso en la aplicaciòn de esa ley protagonizado por los funcionarios de Costas responsables de la tramitación del deslinde.
Concretamente he visto, como en el proyecto de deslinde se incorporaba el acantilado al dominio público, por todo el morro, sin hacer el correspondiente estudio de pendientes. Solicitado este, he visto, como para justificar un ángulo de pendiente superior a los 60º que establece el Reglamento de Costas aportaban tres perfiles, realizados con distintas escalas para cada eje . Y he visto, como cuando fuè puesta de manifiesto semejante pifia, cambiaron toda la argumentaciòn con que habían justificado el deslinde en esa zona con tal de salirse con la suya, realizando nuevos perfiles, con nuevos errores que les permitían nuevamente justificar formalmente lo injustificable. Y he visto, como solo cuando se vieron acorralados nuevamente, por nuestras argumentaciones y pruebas, ante las solemnes y evidentes barbaridades que reflejaban sus manipulados planos y mediciones, desistieron y terminaron dándonos la razón, en cuanto persistir en ello, podría dar lugar a una denuncia por falsedad o prevaricación.
Y eso lo han hecho, injustamente, funcionarios en aplicacion abusiva de la ley, y he sido sufridor, durante todo el proceso del deslinde, de esa prepotencia de los funcionarios responsables de la instrucción del expediente de deslinde que denuncia en muchas ocasiones el autor de este blog.
Nerjeño, estoy de acuerdo con lo que dice usted acerca de los funcionarios: el sometimiento de los funcionarios municipales y autonómicos a los políticos es muy fuerte (de hecho la mayoría de ellos se seleccionan a dedo a criterio del político), y en el Estado aunque existe bastante independencia, la libre designación también ha hecho mucho daño. Pero bueno, eso es lo que se vende hoy en día, que los funcionarios son un problema y que hay que quitarles de los puestos de dirección y si es posible sueldo y demás potestades para que no estorben.
Otras veces, los políticos deciden sustituir a los funcionarios, por «asistencias técnicas» que no son otra cosa que empleados de empresas públicas carísimas (como pueden ser los inútiles e incompetentes empleados de la empresa públicaTragsa/Tragsatec, pero a estos nadie les recorta el sueldo ni despide porque son familiares de los políticos que además sirven para cobrar comisiones encubiertas). Quizás uno de ellos se haya encargado del expediente de su caso.
Mientras se siga denigrando al funcionario y potenciando estas actividades será el ciudadano el que resulte perjudicado.
Desconozco si el caso que me cuenta es verídico o no y de ser cierto quien realizó la chapuza del cálculo de la pendiente . Lo que le puedo asegurar es que existen funcionarios muy profesionales que intentan ser todo lo imparciales posible y que muchas veces hacen de abogado del diablo para lograr esa imparcialidad. También los hay amables y con vocación de servir. No se puede generalizar.
Es curioso, pero los funcionarios mas competentes que conozco no superan la cuarentena. Quizás se trate de una cuestión generacional.
Werwer : No creo que haya que quitar a los funcionarios competentes de los puestos de dirección. No soy de los que estoy por esa labor. Al contrario, pienso que, lo que debe hacerse es permitirles que se rijan por criterios técnicos y legales de objetividad, limitando la libre designaciòn solo a los niveles mas elevados de la jerarquia funcionarial, y no generalizando tanto ese mecanismo de control político de todos los niveles administrativos.
En cuanto a lo de las asistencias técnicas, aunque no conozco más que mi particular caso que he comentado, pienso que si es muy fácil eludir las normas de contrataciòn administrativas para contratar amiguetes o empresas afines o que sacrifiquen la objetividad de su trabajo a su cuenta de resultados. En mi caso no fué Tragsa/tragsatec, sino Alatec, y en mi caso concreto siempre he pensado que no se trataba de un caso de incompetencia profesional ( demasiada imcompetencia para ser creible ), sino más bien de «encargo administrativo» para que cuadrase la idea preconcebida del deslinde por parte de Costas, con independencia de que los terrenos reuniesen las características que establece la Legislacion de Costas, para ser considerados de Dominio Público. Aunque esto es solo la impresiòn particular que yo obtuve, sin que tenga de ello pruebas concluyentes.
En cuanto a que existen funcionarios muy profesionales y con vocación de servicio, opino como Vd. aunque en mi única experiencia concreta con el funcionario de Costas que dirigiò el deslinde, no pueda decir lo mismo, salvo que haya recibido presiones o indicaciones superiores . Aunque tambièn cabe la posibilidad de que estuviera tratando simplemente de acreditar «méritos». Sea como sea la «chapuza», si así podemos llamarla ha sido de «ordago» , aunque finalmente, y por la fuerza de los hechos haya terminado por imperar la cordura.
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