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La Audiencia Nacional anula el deslinde de la costa de Bellreguard que promovió el ministerio

Una sentencia de la Audiencia Nacional ha anulado un deslinde del dominio público marítimo-terrestre promovido por el Ministerio de Medio Ambiente en el municipio de Bellreguard.



La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia que anula el deslinde de la costa de Bellreguard, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y que suponía la expropiación y reversión al Estado de un tramo de 747 metros de longitud. El expediente se aprobó definitivamente en junio de 2006, habiéndose iniciado la tramitación en octubre de 2003.

La decisión de la Audiencia Nacional deja sin efecto la tramitación del ministerio, aunque permite la posibilidad de que se pueda abrir un nuevo expediente. En cualquier caso, tendrá que ser resuelto en el plazo máximo de 24 meses.

Según explicó el abogado del Ayuntamiento de Bellreguard, José Ortega, la sentencia sienta precedente “y puede abrir una cascada de recursos, ya que la Administración hasta el momento ha actuado sin tener en cuenta el cumplimiento de los plazos”.

La decisión de la Audiencia Nacional se basa en que, tras una modificación legislativa de 2002, el Ministerio de Medio Ambiente únicamente dispone de un plazo de 24 meses para tramitar los expedientes de un deslinde. Si sobrepasa este periodo, puede ser anulado por los tribunales.

La sentencia aclara que su decisión no se refiere “ni a la delimitación de la línea de deslinde ni a la anchura de la servidumbre de protección”, sino “a la posible caducidad del expediente (lo que conlleva, a juicio de la parte recurrente, graves irregularidades que generan indefensión a las partes), así como la nulidad del procedimiento por haberse tramitado sin dar suficiente audiencia a los recurrentes”.

Además, la decisión de la Audiencia Nacional rechaza la argumentación del Ministerio de que los expedientes de deslinde “no están sometidos a caducidad”. La sentencia deja claro que desde la modificación legal de 2002, el criterio ha variado.

José Ortega explicó que cuando se empieza la tramitación de un deslinde se establece la suspensión temporal de licencias, “que en una mala práctica llega hasta las licencias de obras, de forma que si la casa sufre un desperfecto no se puede arreglar”.

“Si la tramitación se extiende en el tiempo, como ha pasado en muchos casos, se produce una situación de inseguridad jurídica entre los afectados que ven que no pueden hacer nada con sus propiedades”, explicó el abogado. “Los dueños de los inmuebles se encuentran con las manos atadas hasta que el Ministerio toma una decisión”, apuntó.

http://www.eldia.es/2011-09-10/PALMA/2-Tribunal-Superior-Justicia-anula-siete-derribos-Costas-Remo.htm
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LOS LLANOS DE ARIDANE

El Tribunal Superior de Justicia anula siete derribos de Costas en El Remo


10/sep/11 01:04

EL DÍA, Los Llanos

El Tribunal Superior de Justicia ha anulado siete derribos en El Remo, en Los Llanos de Aridane, en contra de las órdenes de recuperación posesoria y derribo dictadas por la Jefatura de Costas de Santa Cruz de Tenerife, según informó el abogado de los afectados, José Ortega.

El jurista denunciaba en la demanda que estos derribos carecían de base legal y tenían por objeto adquirir gratuitamente los terrenos necesarios para la construcción de un paseo marítimo. Entre otros aspectos, la Jefatura de Costas “había utilizado contra los vecinos, de forma inadecuada, el expediente de recuperación posesoria, que tiene carácter sumario (muy rápido) y en el que apenas hay oportunidad de defensa”.

Según la Ley de Costas, este expediente, como su nombre indica, “se usa para recuperar la posesión de terrenos de dominio público indebidamente ocupados por los particulares y no para lo que se ha usado, es decir, para derribar edificios en la servidumbre de tránsito, que es un espacio de propiedad privada sometido a una limitación legal y no una propiedad del Estado”.

Esta sentencia demuestra, a juicio del abogado, que Costas “ni es invencible ni puede hacer en cualquier momento lo que quiera y que los derribos masivos que se están produciendo en Canarias no son inevitables. Un buen uso de la ley y una defensa bien razonada puede poner a cada uno en su sitio”.

José Ortega es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y autor del informe que condujo al Parlamento Europeo a declarar en 2009 que España estaba aplicando abusivamente esta normativa. Ha conseguido también en el ultimo año la nulidad del derribo de un restaurante en El Golfo (Lanzarote), de un edificio histórico en La Oliva (Fuerteventura) y de un deslinde en Candelaria (Tenerife).