La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no sabe lo que quiere ni lo que puede hacer en relación con las víctimas de la ley de costas. La sesión de ayer creo que fue la expresión de unos titubeos que no nos van a llevar a ninguna parte, excepto a la puerta de salida. Una puerta que una vez hayamos salido por ella, se cerrará.

Me despertó poquísima ilusión la invitación para intervenir en la nueva sesión que se celebró ayer. Lo que se me despertó más bien fue una sensación de que esto resulta ser un teatro  guiñol en el que los actores son de trapo y manotean sin sentido y sobre todo sin moverse del sitio ¿Para qué diablos vamos a contar otra vez lo mismo? –me preguntaba- ¿No será que éstos lo que quieren es que nos desfoguemos, nos sintamos importantes en nuestro barrio, eneñemos el video en la oficina y alargar así un tema que no tienen ni idea de cómo resolver? Pues por ahí iba la cosa.

Pequeña historia de esta aventura: En enero de 2008 se funda la Plataforma con la clara estrategia de presentar un informe extenso de abusos ante la Comisión de Peticiones. El informe con la queja se presentan el 1 de febrero y el 20 de enero de 2009 nos invitan a intervenir con un parlamento de 5 minutos. El resultado es que en 26 de marzo de 2009 el pleno del Parlamento Europeo aprueba una declaración solemne (informe Auken) en la que se reconoce que en España la ley de costas se aplica de forma arbitraria, retroactiva y sin compensación suficiente. Este éxito rápido, limpio y brutal de la Plataforma anima a otros afectados, que deciden (muy saludablemente) imitarnos y presentar sus propias quejas, con el resultado de que en la nueva sesión de 24 de marzo de 2010 ya no estoy solo, sino que me acompañan unos veinte peticionarios. En esa sesión comienzan las contrariedades de la mano de un informe de la Comisión Europea según el cual el Parlamento carece de competencia para estudiar el problema.

Pues bien, ayer las peticiones a estudio eran más numerosas que las arenas en el mar y el acto fue a mi juicio el exponente por un lado del bloqueo mental que sufre la Comisión de Peticiones  y por otro una repetición tonta no, tontísima, de las intervenciones que ya tuvieron los peticionarios el año pasado.

Bloqueo mental porque la Comisión de Peticiones, cual si careciera de servicio jurídico, no sabe aún si tiene o no competencia para estudiar el asunto. Los británicos, como siempre, los mejores. Creo que fue Cashman quien alegó que con el informe de la Comisión Europea el Parlamento había sido humillado, y que desde luego había que seguir adelante. Auken por supuesto que apoyó esa postura. Otros miembros de la Cámara, en cambio, hicieron una decepcionante apelación a la resignación. Y una novedad: Por primera vez desde que asisto a estas sesiones, una voz (que no sea la del gobierno español) viene y dice que no todos los reclamantes tienen razón. Ya era hora. Era la voz de D. Guillermo o William Meyer, aunque del contexto de su discurso se desprende que tiene un ojo clínico espantoso para determinar quién tiene y quién no tiene razón.

Yo flipo con dos cosas: La primera, como he apuntado antes, que el Parlamento Europeo, catorce meses después,  no pueda disponer de un informe jurídico que refrende su competencia para estudiar este asunto. La segunda, que estemos discutiendo esto después de la clamorosa y gloriosa declaración del pleno, de 26.03.09, a la que me he referido: ¿Qué es esto, un paso atrás? ¿Será preciso entonces declarar la nulidad o la revocación de aquella declaración, en la que se pide a España la reforma de la ley de costas? ¿Cómo es posible que nos encontremos ahora discutiendo si el Parlamento Europeo tiene competencias para intervenir en este tema después de que ese mismo Parlamento ya ha intervenido en el tema al más alto nivel?

Esto es lo que veo: Un despiste total y completo que ya dura más de un año. Tiempo suficiente para que hubieran encargado un informe jurídico, pero por algún motivo que no entiendo, no lo han hecho o no lo hemos visto, o lo han encargado y es negativo, y aquí seguimos, divagando como idiotas.

La Presidenta fue tan amable conmigo que me permitió hablar durante un minuto y medio. Al peso, la mía debió ser una conferencia más cara que las de Aznar. Bueno, al peso no, al precio por unidad de tiempo. Contando avión, taxis, hotel, comidas y propinas, creo que cada segundo debe haber costado como cincuenta euros.

Mi intervención tenía por objeto principal no sólo hacer balance de la situación, sino recordar que ante una traba legal como la presentada por la Comisión Europea, es el poder legislativo el que puede cambiar las cosas justamente cambiando el propio marco jurídico. Entre las presentaciones y el tiempo que tardaba en tomar aire, el minuto y medio se me fue enseguida y muchas cosas se quedaron por decir, pero pude explicar lo importante y el mensaje llegó.

Bueno venga, pego aquí lo que debía haber sido la intervención completa, sin cortes:

Señora Presidenta, señores diputados:

Represento a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que agrupa a cuarenta colectivos de toda España, que es la primera organización que se puso al servicio de las víctimas de esta situación, la primera organización que presentó una queja en este Parlamento y la única organización que ha elaborado y divulgado un proyecto de reforma de la ley de costas.

En España todo sigue casi igual. Es cierto que el nuevo Director General Pedro Antonio Ríos ha levantado esperanzas, pero están por confirmar. Es cierto que hay un trámite para la revisión puntual de la ley de costas, en cuya redacción tuve el privilegio de participar, pero la reforma importante sigue pendiente.

Todo sigue igual a pesar de este Parlamento. El año pasado dije aquí que a Florentina Mora le iban a derribar su casa de Mallorca y hoy debo decirles que a Florentina Mora le han derribado su casa de Mallorca. Continúa naciendo en España ese momento terrible en el que el gobierno deja de ver al ciudadano  como una víctima a la que se ha privado de su propiedad y pasa a considerarlo como un ladrón. Entonces, en vez de darle la concesión y pedirle disculpas, le derriban la casa.

Y así con todo. En Bajo la Cuesta (Tenerife) están dispuestos a derribar todo un barrio por un error en el cálculo de un ángulo, en Otur pretenden que el espacio es dominio público porque hay arena sepultada desde hace miles de años por procesos geológicos, en El Golfo el deslinde carece de pruebas, en Arenales del Sol, en las playas del norte de Denia, Guaradmar y en La Casbah, después de aprobar deslindes retroactivos, están esperando a que el mar destruya las viviendas para que sea el mar y no los tribunales quien decida; en la Bombilla el espacio es domino público por algo que sucedió poco después de que se hicieran las pinturas rupestres de Altamira. En Cabo Palos están condenando viviendas hechas en el siglo XIX. En Rota a un jubilado le quitan su casa y le pagan por ella 136 euros. En Villarrube se presentaron de madrugada y sacaron de sus casas a los vecinos para derribar sus viviendas sin autorización judicial.

Desde luego que la ley de costas es necesaria, desde luego que no todo lo que hace el gobierno de España está mal hecho y desde luego que también hay casos de apropiación ilegal del dominio público que no se deberían consentir. Pero en cuanto a los casos que represento, a los ciudadanos se los está humillando y se los está tratando como si fueran basura.

La Comisión Europea insiste en que este Parlamento carece de competencias para estudiar la cuestión. Bien, en ese caso la pregunta es qué hacemos aquí. En la sesión de 20 de enero de 2009, un parlamentario británico recordó que todas sus citas legales estaban fuera de lugar porque esto no es un tribunal de justicia y les dijo ¿por qué en lugar de citar tantas normas ustedes no se dan cuenta de que están haciendo sufrir a sus ciudadanos? Y a continuación recordó que la misión del parlamento es resolver los problemas de los ciudadanos. Pues déjenme que haga más estas reflexiones.

Los gobiernos deben aplicar criterios de pragmatismo, mientras que los parlamentos ponen o deben poner en práctica el idealismo y para eso están. El gobierno está condicionado por el ser de las cosas. El parlamento tiene como referencia el deber ser. La misión del Parlamento es cambiar y mejorar la realidad.

Si ustedes no tienen competencia para estudiar los abusos de la ley de cosas, entonces quisiera pedirles que cambien las cosas para que puedan llegar a tener esa competencia, porque ustedes no son unos burócratas. Ustedes son la representación del pueblo entero de Europa y se me hace difícil creer que trescientos millones de personas honestas deban quedar inermes ante los abusos que se están produciendo en España.

FIN

Y en cuanto a las intervenciones de los reclamantes, todas muy dignas, pero total y absolutamente repetitivas, porque creo no haber escuchado nada que no hubiera escuchado ya en marzo de 2010. Un famoso poblado marinero llevaba no una, sino tres quejas, y tres portavoces con tres oradores que hablaron cada no más de tres minutos, creo. Los organizadores, de forma no siempre coherente, no otorgaron la palabra a algunos peticionarios y dieron un inesperado turno a Cliff Carter, que se sentaba a mi lado e improvisó como pudo, porque ni estaba inscrito como orador ni sabía que le iban a dar micro.

La sesión de ayer fue aburrida y prescindible. Me da la sensación de que también aquí nos están empezando a hacer la goma, dándonos carrete para entretenernos sin resolver absolutamente nada.

La sesión del año pasado concluyó con la decisión de que el Presidente del Parlamento Europeo enviaría una carta al Presidente del Gobierno de España para pedirle que resolviera el problema. Que yo sepa nunca se envió esa carta (repito: Que yo sepa). En vez de eso tuve el privilegio de leer la epístola que la Presidenta de la Comisión remitía a la Ministra. Contenía tres párrafos:

-Uno, grande como un vaca, dedicado a agradecer a la Ministra la presencia en la sesión de la Directora General de Costas.

-Otro, enorme como un armario, dedicado a glosar las bondades de la ley de costas.

-Un último, suave y delgado como el suspiro de una anoréxica, en el que sugería que quizás en algún caso la aplicación de la ley podría haber resultado abusiva o excesiva.

Seguramente a la Ministra le dio un desmayo al leer una carta tan agresiva y seria. O sea… ¿Lo veis o no? La resolución de la Comisión de Peticiones de 2010 NO se cumple (hasta donde yo sé) y encima Mazzoni le manda a Espinosa lo que más parece una carta de amor. Después de la contundencia de la decisión de 16.03.09, parece que esto es lo que el Parlamento Europeo está dispuesto a hacer por los afectados. O sea, nada.

Y a todo esto ¿Sabéis qué decisión final adoptó ayer la Comisión de Peticiones? Ninguna. La Presidenta dijo que se difería a otra reunión interna. No obstante, dijo también que a los miembros de la Comisión se les facilitaría el trabajo si los peticionarios enviaran más documentación. Estupendo de la muerte. Así nos mantenemos ocupados mandando papeles.

Y esto es lo que hay, queridos míos. Lo de marzo de 2009 no sé si fue un sueño, un espejismo o qué, pero parece que alguien ha movido el rabo y nos encontramos como un niño al que se le ha escapado el globo.

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Ganz Europa weiss mittlerweile, dass es in Spanien ein grosses Problem bei der Anwendung des Küsengesetzes gibt. Personen, die in der Nähe vom Strand ein Haus gekauft haben, werden mit einem Male überrascht, dass ihr Haus nicht mehr ihr Eigentum ist, da das Grundstück  aufeinmal zum  allgemeinen Gebiet erklärt wird. Die Betroffenden verlieren  ihren Besitz für den sie jahrelang gearbeitet und bezahlt haben.

 Man sollte annehmen, dass bei einer Entziehung des Eigentums der Staat eine angemessene Entschädigung zahlt  Dem ist leider nicht so und der Grund ist der, dass Spanien  kein Geld hat um  alle Besitzer von Immobilien zu entschädigen, die der Staat einbehält. Stattdessen gibt es jetzt ein Gesetz mit einem merkwürdigen System von Entschädigung in Form von einer Konzession. Die Personen dürfen einen festgelegten Zeitraum weiterhin in ihren Häusern bleiben. Das Verfassungsgericht, dass aus Richtern besteht die von den politischen Parteien bestimmt wurden, meinen dass diese Entschädung ausreichend ist. Davon ist allerdings nur das Gericht und die entsprechende Partei überzeugt, aber nicht der Rest der Gesellschaft.

 Aber es gibt noch mehr Probleme. Diese Konzession ist ein schwacher beziehungsweise vergänglicher Anspruch, den die Regierung wann immer sie will für null und nichtig erklären kann, sobald sie das Grundstück für einen öffentlichen Bau benutzen möchten. Der Boden wird geschätzt und da es sich um öffentlichen Eigentum handelt bekommt das Opfer für sein Haus von 70m2 auf einer Parzelle von 800m2 einen Betrag von 136 Euros. In diesem Fall ist das Opfer ein Rentner, der 540€ Rente bekommt. Die spanische Regierung in diesem Falle der PSOE  verdammt diese Person für den Rest seines Lebens auf der Strasse zu leben.

 Obwohl die Regierung durch das Gesetz verpflichtet ist die Konzessione zu gewähren, wird diese nicht eingehalten. Die Betroffenen leben zwar weiterhin in ihren Häusern aber in einer Situation von rechtlicher Unsicherheit .Niemand von diesen Bürgern weiss seine Rechte und Pflichten. Sie haben  zwar weiterhin den Schlüssel zu ihren Häusern, aber da es sich jetzt nicht mehr um ihr Eigentum handelt sondern das vom Staat, kann dieser ihm eine Strafe verhängen, sobald einer von ihnen die Fassade des Hauses streicht oder einen Fentstrahmen austauscht. Die Regierung hat es eilig die Küstenlinie zu ändern, aber kümmert sich nicht um die  Lösung der daraus entstehenden Probleme.

 Diese Situation ist ein Anschlag auf das Eigentum und auf die Würde des Bürgers. Die Anwendung dieses Gesetzes ist wie ein schlechter Scherz. Aus diesem Grund entstand die Nationale Platsforma der Betroffenden des Küstengesetzes. Im Januar 2008 versammelte ich alle Kollektive von Spanien ,die mir ihre Verteidigung anvertrauten,   um diese Plataforma zu gründen. Nachdem ich mich überzeugt habe, dass ich innerhalb von Spanien nichts erreichen konnte, habe ich mich mit einer Beschwerde an das Europäische Parlament gewandt. Das Eurpäische Parlament reagierte sehr schnell und gab uns bei der Instanz vom 26.03.09 in allem recht. Witzigerweise wurde uns ein paar Wochen vorher vom sapnischen “Verteidiger der Bürger”  in absolut gar nichts recht gegeben.

Bei den zwei Debatten  (20.01.09. und 24.03.10) an denen wir teilnahmen vermissten wir die Unterstützung der Deutschen Eurodiputados. Allerdings haben uns die Engländer sehr geholfen.

Die spanische Regierung hatte erwartet, dass  die Bürger ihren Unmut mit lauten Streiks auf der Strasse zum Ausdruck bringen würden, aber stattdessen wurden sie durch ruhige, intelligente und gut dokumentierte Initiative überrascht, wo nur Worte und Vernunft benutzt wurden. Die Plataforma ist ein Beispiel an gewaltlosem Kampf gegen den Staat, etwas was normal sein sollte in einer gesunden Gesellschaft.

José Ortega

Rechstanwahlt

www.costasmaritimas.com

 PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

NOTA DE PRENSA

 

SOBRE LA CAMPAÑA EUROPEA DEL MINISTRO JOSÉ BLANCO

 Ante la visita de D. José Blanco a Londres y otras capitales europeas, en orden a convencer a los ciudadanos para que inviertan en segundas residencias en España, deseamos alertar a los destinatarios de esos mensajes para que sepan que en nuestro país, como consecuencia de la ley de cosas, la propiedad privada es totalmente insegura y no resulta recomendable seguir los consejos del Ministro de adquirir aquí una casa de vacaciones porque en cualquier momento el Gobierno se la podrá quitar sin una compensación justa.

Esta campaña del Ministro resulta particularmente inoportuna cuando es un clamor el sufrimiento de tantos ciudadanos europeos, españoles o no, que tenían una casa en la playa y de un día para otro se han encontrado sin nada. De hecho, uno de los motivos de que el Ministro se vea obligado a salir de gira para fomentar la venta de viviendas de vacaciones en España es que su propio Gobierno ha generado en los ciudadanos una desconfianza totalmente comprensible mediante la aplicación de la ley de costas.

Según esta ley, el dominio público abarca todo espacio alcanzado por las olas o la arena. Un funcionario público pone la línea detrás de su casa y, sin la previa intervención de un juez, usted perderá la propiedad que tanto le costó adquirir y su inscripción en el Registro de la Propiedad ya no valdrá nada. El Gobierno ofrece como indemnización una concesión administrativa sobre la propia vivienda durante un tiempo limitado, pero normalmente sólo otorga esas concesiones cuando a continuación va a rescatar el terreno para hacer una obra pública. Las compensaciones que se dan en ese caso son ridículas. En este momento a un ciudadano de Cádiz le están ofreciendo como precio un total de 136 euros.

El Parlamento Europeo, en su resolución de 26.03.09, dictada a consecuencia de la  queja formulada por la PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, ya instó a España a modificar la ley de costas para, entre otras cosas, asignar indemnizaciones decentes a las expropiaciones derivadas de su aplicación. El Gobierno no ha hecho el menor caso de esta declaración y en lugar de eso ha iniciado un peregrinar por Europa a fin de vender propiedades sobre las que no existe ninguna garantía.

José Ortega

Portavoz

Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas