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La I JORNADA DE ESTUDIO DE LA LEY DE COSTAS, organizada por la PLATAFORMA  NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, deparó mucha emoción, muchas sorpresas y mucha satisfacción.

El acto central de la Jornada reunió en una mesa a:

-Francisco Montoya, Ingeniero de Caminos, antiguo Subdirector General de Costas y corredactor del reglamento de costas.

-Alfredo Masó, profesor de Macroeconomía de la Universidad de Alicante, presidente del colectivo de Arenales del Sol y miembro de la junta directiva de la Plataforma.

-José Luis Almazán, Ingeniero de Caminos, funcionario en excedencia de la Dirección General de Costas y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

 -Mario García, alcalde de Nules.

  -José Serra, Ingeniero de Caminos y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Director del Laboratorio de Puertos y Costas de esta Universidad.

  -Un servidor, Abogado.

  Todos moderados por Carolina Fernández, periodista de Las Provincias.

   Me parecieron especialmente significativos los puntos de vista de Almazán y Montoya, dos funcionarios del Estado que han estado durante años trabajando en la casa y que no mantienen puntos de vista muy alejados de los de los afectados en cuanto a la vigencia actual de la ley de costas y la conveniencia de su reforma.

  Montoya es un interesante conversador. Hace no mucho, cuando era Jefe de Costas de Castellón, hizo algo insólito: Me llamó para cambiar conmigo impresiones sobre la ley y su aplicación. Yo, acostumbrado a todo lo contrario, la verdad es que no sabía qué pensar mientras acudía a su despacho. El encuentro fue franco, respetuoso y creo que fructífero. Entonces, como no me lo explicaba, sospechaba que la maniobra escondía alguna directriz tremebunda de los jefes de Madrid. Ahora pienso que Montoya era y es un intelectual y que sólo quería conocer mi punto de vista. La prueba de ese carácter es que en estos días, al poco tiempo de su jubilación, en vez de tumbarse en el sofá a ver Tele 5 se ha puesto a redactar su tesis doctoral, que naturalmente va de la ley de costas.

  A Almazán no lo conocía hasta hace poco, pero cada cambio de impresiones de los que había mantenido con él acreditaba su profundísimo conocimiento y su dilatada experiencia a todo lo relativo a las costas. Su ponencia lo demostró. No sólo sabe. Además es valiente.

  Serra intervino en sustitución de su compañero José Medina, que sufrió un imprevisto. Pensé que era mejor traer a la mesa redonda a Medina porque Serra le ha hecho un flaco favor a los vecinos de La Casbah, ya que como responsable del programa de vigilancia ambiental de la ampliación del puerto de Valencia de 2007, no ve relación entre dicha ampliación y la fortísima erosión marina en las playas del Saler y Pinedo, que recientemente descalzó el paseo marítimo situado frente a la Casbah. En todo caso, su autoridad en la materia está fuera de toda duda y sus buenas relaciones con el Gobierno ponen aún más en valor los puntos de vista reformistas que mostró.

Mario García es el alcalde de un pueblo como Nules, que sufre como ninguno por la erosión marina y que está perdiendo superficie a ojos vista como consecuencia del efecto sombra del puerto de Burriana.

De Alfredo qué os voy a contar. Fue el auténtico inspirador de esta cosa que es la Plataforma cuando en una comida en Alicante, en septiembre de 2007, me propuso de forma directa que uniera a todos los colectivos que trabajaban conmigo en un gran colectivo nacional.  Antes, después y durante ha luchado no sólo contra los de enfrente, sino también a veces contra los de al lado.

No voy a contar ahora ningún resumen de lo sucedido en la mesa. No tiene sentido primero porque saldría un rollazo de varios folios y segundo porque en cuanto me pasen la grabación colgaré los videos y todo el mundo podrá enterarse de pe a pa. No obstante, os traslado desde este momento mi perplejidad ante la opinión unánime de todos los presentes en el sentido de que es precisa una reforma de la ley de costas. Esto es algo que resultaba impensable hace no mucho tiempo.

 Recuerdo que cuando pusimos en marcha la Plataforma, aquel 8 de enero de 2008, alguien muy entusiasta propuso meterse con la ley y lo desaconsejé porque en aquel momento la sociedad no estaba preparada y corríamos el riesgo de pasar por señoritos privilegiados a quienes incomodaba una ley de protección del medio ambiente bastante prestigiosa. Ese momento ha quedado muy atrás. Ahora, después de todo lo que llevamos hecho y sufrido, no sólo se puede pedir una reforma de la ley, sino que la reclaman con nosotros los mayores expertos del país.

Una vez, mientras me encontraba en la herboristería Pepe Navarro, recibí la llamada de Marcial Pina, de Arenales del Sol. Era un hombre muy solemne. Después de una breve conversación, concluyó diciéndome varias veces: “No nos deje… No nos deje”.

Recuerdo otro día, en un otoño frío y en una casa enorme y más fría aún, cuando conocí a José Martí, un prestigioso abogado mercantilista de Barcelona que me llamaba para salvar aquel caserón, su casa familiar de Oliva.

Y también recuerdo el verano de 2007, cuando un sonriente Juan Miguel Terradez llevó al maltrecho local de la asociación de vecinos de la Casbah unos cubitos de limón granizado para celebrar su cumpleaños en medio de una reunión de trabajo en la que ya se empezó a fantasear con una fórmula colectiva de defensa que fuera más allá de los recursos administrativos o judiciales.

Los tres murieron en el camino sin llegar a ver este momento, que creo que es un momento histórico que va a hacer de gozne para cerrar un tiempo y abrir otro nuevo. El momento en el que todos y cada uno de los componentes de la mesa de discusión, consultados por Carolina Fernández, respondieron SÍ a la pregunta de si había que reformar la ley de costas.

 Como dije en mi turno, la ley se reformará gracias a una labor tranquila, inteligente, pacífica y constructiva llevada a cabo por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas desde el momento mismo de su fundación. No hemos chillado, no hemos insultado, ni hemos roto cristales. Hemos metido el dedo en el ojo, como debía ser, pero con educación y poniendo la semilla donde podía germinar y crecer, no en el suelo estéril de esta España de cuya vida pública los valores de justicia, ética y dignidad parecen haber huido.

 El trabajo que hemos hecho es un ejemplo de cómo la sociedad puede sobreponerse al aparato del Estado. Una sociedad donde sucede algo así sigue siendo una sociedad saludable. Creo que hemos dado un ejemplo de lucha cívica.

MANIFIESTO DE VALENCIA

abril 17, 2011

  Hay muchas cosas que contar de la Jornada de estudio de la ley de costas  que la Plataforma celebró el pasado viernes. Quizá la más importante y conmovedora sea Adriana Terradez, hija de nuestro amigo y compañero de lucha Juan Miguel Terradez, leyendo el MANIFIESTO DE VALENCIA como un símbolo de la renovación y de un futuro limpio, digno y libre de miedos.

Aquí tenéis la grabación en video que hize con mi móvil y debajo el texto.

MANIFIESTO DE VALENCIA

Creemos en la necesidad del régimen público de las playas y costas y en el libre acceso de todos a estos espacios de manera libre y gratuita.

Creemos en la necesidad de impedir que prolifere la construcción en el litoral y de frenar la especulación inmobiliaria en las zonas costeras.

Creemos en la necesidad de preservar el difícil equilibrio de las costas.

No amparamos ni hemos amparado nunca a los que se apropian ilegalmente del dominio público y construyen sobre él con diversas excusas y subterfugios.

Creemos en la necesidad de una ley de costas que defienda con energía todos los principios anteriores y en un cuerpo de funcionarios dispuesto a hacerla cumplir con pleno convencimiento de la importancia de su misión.

Pero creemos también en la necesidad de conciliar esos fines con el respeto a los derechos individuales.

Creemos que la razón del culto o el servicio a la colectividad no es título suficiente para vulnerar los derechos de quienes también forman parte de esa misma colectividad.

Creemos que el bien común deja de ser común cuando se excluye de él a una parte y más aún cuando se obtiene a su costa.

Creemos que hasta el más noble de los objetivos queda pervertido por el empleo de medios innobles para obtenerlo.

Creemos que la aplicación retroactiva una ley restrictiva de derechos, como es la ley de costas, vulnera la Constitución y socava las bases de la convivencia.       

Creemos que los valores de la paciencia, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, el ahorro y la ilusión merecen al menos la seguridad de saber que el Estado no nos lo podrá quitar todo y arruinar nuestras vidas sólo con trazar una línea sobre un plano, muchas veces sin cuidado, sin justificación y sin objetividad.

Creemos que la propiedad debe cumplir una función social y está supeditada a las necesidades de la comunidad, pero que no puede ser arrebatada sin una compensación decente que permita al que la quita mirar a los ojos al que la pierde sin sentir vergüenza.  

 Valoramos el fin que se ha propuesto el Estado de reconstruir las dunas antiguamente existentes en nuestra costa, pero recordamos que el cumplimiento de ese fin tiene un coste y que el Estado debe pagar ese coste en forma de indemnizaciones económicas de un importe en consonancia con el valor de los bienes de los que se priva a sus propietarios.

Creemos que es legítimo que el Estado regule las costas y que amplíe las definiciones del dominio público, pero no lo es que  pretenda hacerlo a coste cero y que esas legítimas aspiraciones sean financiadas por una parte de los ciudadanos con sus ahorros, su energía y su salud.

Necesitamos recuperar la confianza en el Estado y el convencimiento de que vivir juntos es algo deseable, y borrar la imagen del funcionario de Costas como un enemigo y un verdugo.

No somos especuladores, no somos privilegiados ni rebeldes, sino ciudadanos que aspiran a vivir en paz dentro de la ley siempre que la ley respete los principios fundamentales de la convivencia.

Reclamamos cambios razonables en la ley de costas, imprescindibles ajustes en su reglamento y un cuerpo de funcionarios que entiendan que están al servicio de los ciudadanos y que comprendan que en un gran número de casos el  avance del dominio público constituye la expropiación de bienes legítimamente adquiridos y que por lo tanto no pueden tratar a los habitantes de la costa como personas que han hecho algo mal o tienen algo que ocultar.   

Emplazamos al Estado, incluyendo Gobierno, Parlamento y partidos políticos, para introducir estas reformas a fin de que cada uno de nosotros pueda recuperar la fe en las instituciones, sin la cual no es posible la convivencia en sociedad, y de que el saludable objetivo de la protección de las costas se obtenga por procedimientos legítimos y desde bases justas y respetuosas con todos.

 

LIBRES PERO SIN ALAS

abril 4, 2011

 

  Un Estado sin alma en guerra contra el alma del pueblo.

  En 1988 el partido socialista puso en marcha una ley para proteger las costas. Era necesaria, porque la aplicación de la ley entonces vigente doy fe que era de risa. Pero quizá hubiera sido más apropiado ponerse serio con la que ya había y dejar de hacer el tonto.

 La ley nueva ampliaba las definiciones del dominio público dando lugar a que enormes espacios que antes eran privados pasasen a poder del Estado. Esto, naturalmente, planteaba un problema de cuidado en relación a las viviendas existentes en esas zonas, porque por un lado la propiedad no se puede suprimir de un plumazo y por otro no había dinero suficiente en España para indemnizar esas expropiaciones. La solución fue una síntesis en la que la indemnización no se daba en dinero, sino mediante una autorización temporal para seguir habitando la casa expropiada como concesionario. El Tribunal Constitucional dijo que eso era compensación suficiente (¿?) y la cosa quedó así hasta que nació la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas para denunciar los abusos del Gobierno sobre los humildes, los pobres, los desamparados y sobre la clase media y consiguió, entre otras cosas, que el pleno del Parlamento Europeo (26.03.09) declarase que aquel mecanismo era en realidad una expropiación sin indemnización.   Así es como lo consideran todos: afectados, políticos y gobiernos europeos y medios de comunicación. Todos excepto el Gobierno y los jueces de aquí.

   La praxis de la ley de costas sugiere un país que quiere vivir por encima de sus posibilidades reales. Rescatar los antiguos terrenos dunares y rehabilitarlos está bien. Hacerlo a coste cero sobre las costillas de los ciudadanos, en cambio, no resulta tolerable. El Estado se porta como esas familias que ansían tener el coche de último modelo, la tele de más plasma y más pulgadas y el sonido más estéreo, pero a la que no le llega el sueldo. Es lo mismo. Lo que pasa es que lo disfrazan estupendamente pero en el fondo es eso. Quieren limpiar las playas de pobres para fomentar el turismo de calidad y a esos pobres que los zurzan.

 No somos capaces de encontrar el término medio. O vendemos el país a los especuladores o lo entregamos a unos funcionarios fanáticos que echan arena sobre el bosque para decir que es una duna y que se presentan por sorpresa y sin autorización judicial para derribar las viviendas de familias humildes. Pero estos  celosos señores de la ley y el orden ni siquiera son capaces de guardar coherencia con su propia severidad porque,  aunque sea increíble, al mismo tiempo que se dictan actos retroactivos pasando al dominio público viviendas construidas fuera de él y anteriores a la ley, en este momento hay en España varios procesos de desafectación (retirar el carácter de dominio público) de terrenos donde los especuladores construyeron cuando ya eran dominio público. Es un espectáculo de circo ver cómo se priva de su propiedad y se derriban viviendas alzadas en terrenos privados, comprados y pagados, y se desafecta lo construido sobre el dominio público. Lo que pasa es que esto lo llevan con mucha discreción.

  El desaliento de las víctimas de estos feroces ejecutores de la ley de costas queda bien resumida en los versos de Blas de Otero, que nos define como ciudadanos libres pero sin alas. Tenemos derechos, sí, pero hasta que nos toca la china de cruzarnos en el camino del Estado. Como te pase eso, despídete. Parecía que Serrat estaba pensando en estos cuando escribió aquel tema que decía “no conocen ni a su madre cuando pierden el control”.

   Llegará el día en el que España se libre de los lobos que nos afligen, de los fanáticos, los sectarios y los soberbios señores acostumbrados a pasarnos por encima para cumplir lo que ellos creen que es un ideal. Llegará el día en el que España no sea una democracia de cartón pintado inflada con consignas de aire.  Llegará un día en el que no hará falta luchar por lo que es evidente. Pero ese día no ha llegado. Y no llegará si descansamos o lo dejamos correr. Esta no es una lucha por el derecho de propiedad de unos pocos. Es una lucha por la dignidad. Escuchando el llanto de las víctimas es como he llegado a percibir el envilecimiento del sistema y a comprobar que el problema no es la ley de costas, sino una democracia que no funciona.

   LIBRES PERO SIN ALAS es un documental producido por LUGALBANDA SL que cuenta cómo un Estado sin alma hace la guerra al alma de su propio pueblo y cómo la sociedad puede prevalecer frente al Estado empleando como arma sólo la palabra.