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  Os voy a ir pasando los videos de la rueda de prensa en la que la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas presentó la propuesta de proyecto de ley de reforma. Como ningún medio de comunicación se interesó por el aunto, según he contado en el blog anterior, lo único que podemos hacer es difundirlo por medios artesanales, a través de Facebook o como sea.

 Aquí os pego el enlace al primer clip: Presentación de la Plataforma.

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 Como ya sabéis,   el pleno del Parlamento Europeo aprobó el 26 de marzo de 2009 una declaración en la que, entre otras cosas, se dice que España está aplicando la ley de costas de forma arbitraria y retroactiva y también sin indemnización suficiente. También se pide a nuestro país una reforma de la ley. No es noticia que esa declaración es consecuencia de la denuncia que presentó la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas el día 1 de febrero de 2008.

 Bueno, da igual. El caso es que como aquí no se movía nadie, en aquella primavera le dediqué algún ratillo a redactar un proyecto de ley de reforma de la ley de costas.  Lo presentamos en rueda de prensa en Madrid en el mes de mayo. Diría que hubo boicot, porque aunque vinieron periodistas no estaban todos los medios y en  lo que sacaron no vi ni una sola noticia que explicara lo que había pasado ese día, es decir, que habíamos presentado el proyecto de reforma de la ley. La cadena Cuatro (antes de caer en las garras de Berlusconi) se interesó y me vino al despacho a hacer una entrevista, pero extrañamente, ni aún así conseguimos que dieran la noticia tal cual era.

A continuación remití el proyecto de ley a diversos partidos políticos. No por correo precisamente: Me acerqué y hablé con varios diputados y todo ese rollo. Visité el Congreso de los diputados, el Parlamento de Canarias y algunos otros despachos. Más vale que no cuente los detalles de esas entrevistas. Es mucho mejor. El caso es que ningún partido hizo nada, excepto ignorar la propuesta.

Máas tarde, la Federación Andaluza de Empresarios de Playa me consultó cómo se podían beneficiar de la declaración del Parlamento Europeo (comúnmente conocida como informe Auken) y les dije que de ninguna, pero que podían suscribir un convenio de colaboración con la Plataforma para poner en marcha una iniciativa legislativa popular con nuestro proyecto.  Uy, qué bien, con la red de chiringuitos que tienen por ahí para recoger firmas.

Todo parecía ir bien hasta que se fastidió. No sé por qué, o sí. Parece que se metió por en medio una señora y desde entonces dejaron de devolverme los correos.  Yo había añadido al proyecto de ley los cambios que necesitaban los chiringuitos, pero como no me contestaban, los volví a cambiar claro está. En la Plataforma defendemos los intereses de los miembros de la Plataforma y eventualmente de nuestros socios siempre que lo sean.

Poco después unas asociaciones de perjudicados se montaron en Tenerife unas jornadas sobre reforma de la ley de costas en las que ni se les pasó por la cabeza mencionar este texto qúe aunque fuera muy malo y muy torpe,  es el único proyecto de ley de reforma existente. Estupendo, esas sasociaciones no tienen ninguna obligación, pero cada uno deberá explicar a sus bases y a la sociedad qué es lo que hace para defender a los afectados, y cuáles son sus móviles.

En resumen, la trayectoria de este proyecto de ley de reforma es realmente cachonda, ya que ha sido ignorado por:

 -Los medios de comunicación, que no sacaron nada. 

-El partido socialista, ya que el gobierno simplemente negó que el informe Auken hablara de la ley de costas.

-Los demás partidos políticos, que se quedaron tan indiferentes y mudos como gatos de escayola.

-Los chiringuitos de Andalucía, que por ser víctimas de malentendidos, manipulaciones, mentiras, intrigas o lo que fuera (o bien por cualquier otra razón perfectamente objetiva que yo desconozca), decidieron no colaborar con la Plataforma en una iniciativa legislativa popular.

-Las asociaciones de afectados paralelas, que repiten que hay que cambiar la ley pero ni redactan una propuesta ni hacen uso de la nuestra.

 Si me perdonáis la opinión, encuentro coherente que los grandes grupos socioeconómicos y los partidos políticos (que son lo mismo) le hagan el vacío a una iniciativa que sale de la sociedad. Pero encuentro bastante menos coherente que hagan lo mismo los propios afectados, aunque sean minoritarios. Éste es el camino directo al fracaso y lo ha sido siempre. 

   En estas condiciones, creo saludable divulgar el proyecto para que cada afectado que así lo desee dé la tabarra a los políticos de su zona, a los diputados de su circunscripción, a los senadores que pillen cerca, a los alcaldes, a los presidentes de agrupaciones locales y regionales de los partidos… En fin, todo ese mundo tan majo. Una cosa que podéis hacer es enviarlo por correo electrónico a los diputados y senadores. Si os apetece, claro. Yo, para el caso que me hacen, no voy a dedicarle más tiempo.

 Y aquí lo teneis: 

PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Veinte años después de la entrada en vigor de la ley de costas, los tiempos están maduros para hacer balance, contrastar sus postulados teóricos con los resultados obtenidos e introducir las reformas precisas, todo lo cual es el objeto de la presente reforma.

La ley de costas se ha demostrado un instrumento sólido e imprescindible para mantener el carácter público de nuestras playas y para permitir su uso gratuito a todos los ciudadanos. Las mejoras que introdujo respecto a la legislación anterior son indiscutibles, entre ellas la debida coordinación del bloque normativo de costas con la ordenación del territorio, hasta ese momento totalmente descoordinados el uno del otro. 

La presente reforma viene condicionada por la respuesta ciudadana iniciada en 2008 y concretada en la resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, que condena a España por aplicación retroactiva y arbitraria de la ley y la requiere para una reforma que impida su aplicación a supuestos de hechos anteriores a su nacimiento y garantice una compensación digna y suficiente para los ciudadanos que como consecuencia de su aplicación se vean privados de sus derechos de propiedad. Aunque el Estado tenga perfecta competencia para ordenar sus costas como tenga por conveniente, vivimos en una comunidad supranacional cuyas opiniones y pedidos no podemos ignorar, especialmente si resultan razonables.

Junto a ello, la práctica aconseja la reforma de determinados aspectos de la ley que se han demostrado inadecuados. Las definiciones de dominio público, al ser contrastadas con su aplicación práctica, resultan demasiado genéricas y al mismo tiempo expansivas. La zona marítimo terrestre es un concepto que se ha venido definido desde la primera ley de puertos, de 7 de mayo de 1.880, de forma pacífica, como la zona alcanzada por la pleamar o los temporales ordinarios. La actual definición, atinente a los máximos temporales conocidos, introduce inseguridad jurídica y deja a la sociedad entera a merced de temporales imprevistos y nada significativos, por su excepcionalidad, para la justa definición del demanio costero.

El carácter globalizador de la actual definición legal de zona marítimo terrestre absorbe indebidamente situaciones históricas y perjudica razones comerciales que

merecen protección. En las rías del norte de España, desde tiempo inmemorial  se contuvo el alcance natural de las mareas mediante muros de contención que dieron lugar a los llamados porreos, espacios desecados dedicados a pastos y frecuentados por aves palustres cuya desaparición exige la actual redacción de la ley sin beneficio visible para los intereses generales. Por otro lado, si una piscifactoría requiere que terrenos de particulares sean inundados con agua de mar, que éstos pasen al dominio público por ese solo motivo, no solo parece inapropiado, sino que además constituye un freno a la iniciativa empresarial. Algo parecido puede afirmarse de los antiguos molinos de mareas, joyas vivas de la etnografía cuya expropiación por ser terrenos inundados carece de sentido y de justicia.

 Por su parte, la definición de playa debe revisarse también en aras de la moderación. No resulta de buena técnica jurídica que la ley defina como dominio público la duna, en general, y el reglamento introduzca limitaciones. Esta doble regulación causa no solo inseguridad, sino incluso desorientación y titubeos en la interpretación del derecho. Teniendo en cuenta que las zonas dunares se definieron como dominio público por su carácter de reservorio de arena de la playa, parece lógica consecuencia que solo constituyan demanio las que se encuentren en movimiento como consecuencia del transporte eólico y que esta limitación quede adecuadamente plasmada en la propia ley. Al mismo tiempo, se retira el carácter de dominio público a los depósitos de materiales sueltos de origen artificial, no solo por la inoportunidad del precepto y la inseguridad que origina, pues una regeneración de playa o un vertido de arena pueden definir por sí solas nuevas zonas de dominio público, sino por la contradicción meramente intelectual en que se incurre al asignar carácter de dominio público natural a depósitos de origen artificial. Por fin, se eliminan de la definición de playa los depósitos de materiales sueltos de origen continental, que nada tienen que ver con el ambiente marino, y, en suma, se hacen coincidir, aunque con la adición de los espacios dunares, los conceptos legal y cultural de playa.

 Las condiciones que se imponen a la tramitación de los expedientes de deslinde obedecen a la necesidad de corregir disfunciones debidas a la falta de instrucciones de la actual redacción de la ley. En los casos en los que la costa se encuentra en regresión a consecuencia de erosión marina de origen artificial, especialmente por puertos y espigones, resulta injusto tramitar un deslinde que naturalmente deberá retrasar al interior la delimitación del demanio costero. El sacrificio que por esta vía se exige a los ciudadanos carece de justificación y para ponerle fin la ley exigirá que la Administración primero proceda a la restauración de la costa a su primitivo estado y solo entonces tramite el deslinde.

A la Administración se le impone la obligación de recoger con cada orden aprobatoria de deslinde un anejo con todas las propiedades afectadas, sus propietarios y las indemnizaciones correspondientes. Este nuevo deber pretende poner fin a la  práctica de aprobar deslindes dejando sin  resolver la condición legal de los inmuebles incluidos en el dominio público. En particular esto es lo que ha venido sucediendo con la concesión especial regulada en la disposición transitoria primera, apartado primero.  Incluso aunque el reglamento de costas recoge determinadas situaciones en las que la Administración debe otorgarla de oficio, la práctica confirma una dejadez inadmisible, ya que estas situaciones quedaban sin resolver y los afectados permanecían por tiempo indefinido en un limbo jurídico impropio de un Estado de derecho que proclama entre sus valores la seguridad jurídica y donde cada uno debe saber en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones.

Las reformas y adiciones a la regulación de la recuperación posesoria de oficio eran necesarias teniendo en cuenta que la ambigüedad o insuficiencia de la regulación legal se concretaban en el empleo del expediente especial y sumario regulado en el reglamento de costas contra propiedades escrituradas e incluso registradas. Por este motivo se garantiza que ese procedimiento podrá emplearse solo contra los actos de auténtico y contrastado despojo. 

Las normas sobre desafectación se modifican a fin de eliminar la prohibición implícita de que los terrenos desafectados del dominio público pasen o retornen a manos privadas. Existen numerosos núcleos de población situados en el dominio público desde antiguo y que hace años que constituyen auténticas ciudades. Para ellos, la única solución es una desafectación que permita a sus antiguos titulares volver a disfrutar de sus inmuebles en pleno derecho de propiedad.  En este caso la actual regulación de la ley se limita a originar o prolongar problemas arrastrados durante mucho tiempo, que afectan a  muchas familias y que los poderes públicos no han sido capaces re resolver.

Naturalmente que esta puerta no debe abrirse para consolidar situaciones de abuso, como son las que se derivan de la construcción ilegal dentro del dominio público después de que éste ha sido delimitado por un deslinde. En estos casos de auténtico fraude la desafectación solo cabe cuando concurren circunstancias excepcionales y previa información pública.

En el capítulo de obras, se establecen criterios y jerarquías que resultan imprescindibles. No parece apropiado que mientras unas partes de nuestra costa se encuentran en peligrosa regresión sin que los poderes públicos pongan una solución estable y definitiva, en otras zonas carentes de ese problema se acometan costosas obras para hacer playas nuevas que alteran el paisaje natural y fomentan la presión urbanística sobre el litoral. A fin de romper esta contradicción se establece preferencia a favor de las obras necesarias sobre las que podríamos llamar suntuarias.

 Las reformas de mayor calado se encuentran en la modificación de la disposición transitoria primera y en la introducción de una nueva disposición transitoria. En cuanto a la primera, atendiendo a la petición tanto de los ciudadanos como del Parlamento Europeo, se sustituye el anterior y polémico sistema de compensaciones mediante concesión administrativa por un pago en dinero. Hemos de reconocer una falla en la lógica del anterior sistema: Si el objeto de la ley es despejar el dominio público ocupado, especialmente la duna, a fin de restablecer no solo su uso público, sino también el transporte eólico que garantiza la salud de las playas, carece de sentido mantener los edificios allí presentes durante sesenta años, aunque sea en régimen de concesión. Al paisaje le da igual el título jurídico con el que los edificios ocupan los espacios dunares. La indemnización económica es el remedio más justo para lo que en el fondo es una expropiación, como bien ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia 149/91. La medida puede resultar gravosa para la economía del Estado, pero los intereses generales no pueden obtenerse a costa del sacrificio de una parte de los ciudadanos.

La nueva disposición transitoria introducida establece el principio claro, riguroso e incontestable de que la ley de costas no puede aplicarse a situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigor. Se trata posiblemente del punto más polémico y difícil de la ley y de su aplicación. La respuesta ciudadana ha originado un debate con acusaciones de aplicación retroactiva y desmentidos desde los poderes públicos que sin embargo no pueden soslayar la realidad de deslindes en los que, por ejemplo, se ha utilizado como justificación del alcance de la ribera del mar la subida del nivel del mar durante el final de la glaciación Würm. La filosofía que ha informado la política de deslindes de los últimos años ha sido la de recuperación de la duna, con resultados irregulares, desiguales y generadores de arbitrariedad. A fin de recuperar la primitiva duna, se han declarado dominio público, sin coste para el Estado, poblaciones y bosques. Para agravar más las cosas, y a fin de dejar a un lado la escenificación de una aplicación de la ley retroactiva y por tanto prohibida, se ha creado el principio de que para determinar el carácter demanial o no de unos terrenos hay que estar a su composición mayoritaria. Esta fórmula solo ha conseguido unir a la aplicación retroactiva la arbitrariedad, puesto que en su virtud los núcleos de población densos que se construyeron sobre las dunas en los años sesenta y setenta quedan al margen del dominio público debido a que allí la composición mayoritaria de los terrenos no es dunar y por tanto demanial. En cambio, las zonas donde se ha construido de manera dispersa son incorporados al dominio público al amparo del anterior principio. De esta manera, los que han construido más sobre la duna resultan premiados, y los que han construido menos resultan castigados.

  El Estado no puede mantener por más tiempo esta situación. La necesidad de igualar a todos los ciudadanos exige idéntico respeto para quienes construyeron en su momento en terrenos que no eran de dominio público. Por eso la reforma se orienta al respeto de esas propiedades, que deberá hacerse efectivo de manera retroactiva, ya que de otro modo la ley no podría cumplir su misión de ordenar la convivencia conciliando los diversos intereses en juego.

 Un punto necesitado de urgente reforma es el relativo a la autoridad competente para determinar si el deslinde asigna a la servidumbre de protección su extensión ordinaria de cien metros, la reducida de veinte o una intermedia entre ambas, con arreglo a lo prevenido en la disposición transitoria tercera. La pugna entre el Estado y las Comunidades Autónomas a este respecto se ha centrado en todos aquellos casos en los que los planes de ordenación no asignaban a los terrenos el carácter de suelo urbano antes de la entrada en vigor de esta ley, pero sin embargo los mismos se encontraban ya consolidados por la edificación o bien contaban con los servicios urbanísticos, con lo que, de conformidad con la legislación de uso del suelo, podían tener tal carácter al margen de los planes. La disposición transitoria novena del reglamento de costas proporciona un remedio a estas situaciones mediante una declaración de la autoridad urbanística, pero a menudo estas declaraciones han sido rechazadas por la Administración del Estado, lo que en principio resulta contradictorio con el esquema constitucional de competencias, que reserva las urbanísticas a favor de las comunidades autónomas. Resulta contradictorio que la autoridad competente en urbanismo haga una declaración sobre materia de su competencia y que otra autoridad, carente de toda competencia en esa materia, tenga la facultad de desautorizarla.

  En ese tenso caldo de cultivo, las soluciones dadas en algún caso por las autoridades competentes en urbanismo, asignar a la declaración de la disposición transitoria novena del reglamento de costas el carácter no de informe o certificación, sino de resolución administrativa, solo ha conseguido empeorar aún más el problema, puesto que ante ello la Administración el Estado se ha limitado a impugnar dicha resolución ante los tribunales, dando lugar a una conflictividad institucional innecesaria y a una situación circular en la que el recurso judicial contra el deslinde y el recurso judicial contra la declaración de la autoridad urbanística dependían el uno del otro.

El origen del conflicto es el siguiente: la sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 declaró contrarios a la Constitución los preceptos de la ley de costas que reservaban al Estado la gestión de la servidumbre de protección. Al obedecer dicha servidumbre a una preocupación derivada del uso del suelo, el tribunal razonó que esas competencias debían corresponder a las Comunidades Autónomas, pero dejó intacta la capacidad del Estado para tramitar y aprobar los deslindes, incluyendo la delimitación de la servidumbre de protección. Esto es algo lleno de lógica en cuanto que el deslinde es una operación técnica. Con esa regulación se está salvando, de forma muy coherente, la posibilidad de que haya dos deslindes, uno para definir el dominio público y otro para situar la servidumbre de protección. Ahora bien, la asignación a la servidumbre de protección de su superficie ordinaria de cien metros o la excepcional de veinte (u otra inferior a cien) no es una operación técnica, sino jurídica, que tiene que ver exclusivamente con cuestiones urbanísticas, y en la que la decisión de la Comunidad Autónoma debía ser definitiva. Las Comunidades gallega y canaria, en un intento desesperado por recuperar competencias que creen que les pertenecen, han dictado sendas leyes atribuyéndose a sí mismas la competencia en la definición o la delimitación de la servidumbre de protección. Esta solución resulta probablemente contraria a la Constitución, proporciona una solución técnica deficiente y de nuevo fomenta conflictos institucionales innecesarios. Sin duda la competencia para tramitar el deslinde, definiendo los límites de todas las franjas y espacios definidos en la ley de costas, debe permanecer en manos de una sola Administración, en este caso el Estado, Pero al mismo tiempo, puesto que la Administración del Estado carece de competencias urbanísticas, no debe dejarse en sus manos la decisión sobre la asignación a la servidumbre de protección de su extensión ordinaria o excepcional. La solución viene recogida en la siguiente propuesta, mediante la asignación a la declaración de la autoridad urbanística carácter de informe vinculante.  Al mismo tiempo esta fórmula, que solo estaba presente en el reglamento, queda robustecida mediante su incorporación a la ley.

En resumen, la adecuada protección de las costas y el mantenimiento de su carácter público no pueden hacerse a costa de cualquier cosa y resultan compatibles con los derechos individuales, incluyendo el derecho de propiedad. Esta reforma puede ayudar a hacer efectiva esa compatibilidad y a obtener una paz social sin ninguna renuncia por parte del Estado.

Artículo primero.- Los artículos que a continuación se relacionan de la ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, quedarán redactados como sigue:

1. Artículo 3º 1 a): La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

 No tendrán la consideración de zona marítimo terrestre:

 -Los espacios inundados artificialmente, previa autorización y con fines comerciales, tales como piscifactorías o salinas.

-Los espacios inundados artificialmente como parte de industrias tradicionales, tales como los molinos de mareas.

-Los espacios excluidos del alcance natural de las mareas mediante muros de contención cuando la intervención formara parte de la costumbre inmemorial, tales como los porreos de las rías de Asturias. 

Artículo 3º 1 b):  Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas en movimiento, con vegetación nula o escasa y característica, formadas por la acción del mar o del viento marino.

2. Artículo 10º, apartado segundo:

Asimismo tendrá la facultad de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier tiempo sobre dichos bienes.

Reglamentariamente se regulará un procedimiento especial y sumario que irá dirigido a la recuperación se la posesión en caso de ocupaciones del dominio público marítimo terrestre sin título. 

Cuando un edificio situado en terrenos privados o sin deslindar haya quedado incluido posteriormente a su construcción dentro del dominio público como consecuencia de la aprobación de un deslinde, la Administración resolverá lo que corresponda previo expediente tramitado con arreglo a las normas generales de procedimiento administrativo, no procediendo la tramitación del procedimiento especial regulado en este artículo.

3. Se añadirá el siguiente párrafo al artículo 11º:

2. En los tramos de costa que se encuentren en regresión debida a causas artificiales no podrá incoarse expediente de deslinde hasta que se haya procedido a restaurar la costa a su estado original.

Se entiende por estado original el inmediatamente anterior a la aparición de las causas artificiales causantes de regresión. Se consideran causas artificiales, entre otras, las siguientes:

  -Embalses en los ríos y otras obras que interrumpan el transporte natural de limo hasta el mar.

  -Espigones, puertos y diques en el mar que frenen la corriente marina y por tanto el transporte de áridos.

Las Administraciones Públicas serán responsables de los perjuicios que se causen a los ciudadanos con motivo de la regresión de la costa cuando ésta sea imputable a obras públicas realizadas por ellas.

4. Se añade el siguiente apartado al artículo 12º:

8. Con el expediente de deslinde se tramitará, simultáneamente, una pieza separada que recogerá los inmuebles que resultarán expropiados, su valoración de mercado, la identificación de los titulares y las indemnizaciones que les correspondan. El listado de inmuebles, titulares e indemnizaciones formará parte de la orden aprobatoria del deslinde.

5. Artículo 19º:  

Los terrenos desafectados conforme a lo previsto en el artículo anterior se incorporarán al Patrimonio del Estado. Cuando no se juzgue previsible su afectación, podrán ser cedidos gratuitamente al Municipio o a la Comunidad Autónoma.

La desafectación no será posible cuando los particulares se hayan apropiado o hayan construido ilegalmente dentro del dominio público ya delimitado por un deslinde, excepto que concurran razones justificadas, manifiestas y excepcionales de interés público, incluso sociales derivadas de la aparición de terceros adquirentes de buena fe,  y previa información pública.

6. Se añade el siguiente apartado al artículo 111º:

En casos de regresión grave del litoral, las obras ordenadas a su restauración tendrán preferencia sobre las de creación de playas artificiales y otros proyectos susceptibles de modificar la configuración natural del paisaje.

Artículo segundo: Modificación de las disposiciones de la parte final de Ley 22/1988, de 28 de julio, de régimen jurídico de las costas.

Las disposiciones de la parte final de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de régimen jurídico de las costas, que a continuación se relacionan, quedarán redactadas como sigue:

1. La disposición transitoria primera tendrá la siguiente redacción:

El Estado indemnizará a los particulares que pierdan sus bienes como consecuencia de un deslinde de dominio público marítimo terrestre aprobado de conformidad con esta ley o que los hayan perdido como consecuencia de un deslinde de zona marítimo terrestre o playa aprobado con arreglo a leyes anteriores.

La indemnización será obligada en todos los casos excepto en aquéllos en los que resulte acreditado que los particulares edificaron en  espacios que ya eran demaniales con arreglo a la ley aplicable en aquel momento, lo que deberá ser probado por el Estado.

 En ningún caso procederá indemnización ni compensación alguna cuando la edificación haya tenido lugar en espacios previamente delimitados como demaniales por un deslinde.

 La indemnización se entregará en dinero y será igual al valor de mercado de la vivienda en el momento de su otorgamiento.

 2. Se añade la siguiente disposición transitoria primera bis:

 De conformidad con el principio de prohibición de retroactividad de las leyes desfavorables contenido en el artículo 9.3 de la Constitución, las definiciones de ribera del mar aplicables a espacios que no tuvieran este carácter con arreglo a la ley de costas de 26 de abril de 1969 no podrán aplicarse a terrenos que hubieran sido ocupados por obras antes de la entrada en vigor de la presente ley.

Esta disposición, por ser favorable a los ciudadanos, de aplicará retroactivamente y por lo tanto se revisarán de oficio todos los casos afectados por la misma, incoándose nuevo expediente de deslinde en el que se declararán excluidos del dominio público los correspondientes terrenos, con excepción a lo establecido en el artículo 4º apartado 5 de esta ley.

 Estos terrenos y las edificaciones construidas en ellos serán entregados en propiedad a sus antiguos titulares. En caso de que las construcciones hubieran sido ya demolidas, se entregará a los interesados, gratuitamente, un inmueble de similares características en los terrenos más cercanos posibles. Si esto no resultase viable, se indemnizará a los interesados mediante la entrega de un importe igual al valor de mercado de los inmuebles a la fecha de la indemnización.  

3. Se añade el siguiente párrafo al apartado tercero de la disposición transitoria tercera:

 Asimismo, se asignará a la servidumbre de protección una extensión reducida de veinte metros cuando la autoridad de la comunidad autónoma competente en materia de urbanismo informe que los terrenos ya constituían suelo urbano por contar con los servicios exigidos por la legislación urbanística o por constituir núcleo de población  consolidado por la construcción.

  Esta declaración se hará en los casos en los que no existiera plan de ordenación o incluso en contra de las determinaciones del plan cuando se aprecie que a la entrada en vigor de la presente ley el carácter urbano de los terrenos no estaba recogido. La declaración se instrumentalizará mediante el informe prevenido en el artículo 12.2 de esta ley, que  tendrá carácter vinculante en cuanto a las determinaciones que aquí se regulan.