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  Os voy a ir pasando los videos de la rueda de prensa en la que la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas presentó la propuesta de proyecto de ley de reforma. Como ningún medio de comunicación se interesó por el aunto, según he contado en el blog anterior, lo único que podemos hacer es difundirlo por medios artesanales, a través de Facebook o como sea.

 Aquí os pego el enlace al primer clip: Presentación de la Plataforma.

:

 Como ya sabéis,   el pleno del Parlamento Europeo aprobó el 26 de marzo de 2009 una declaración en la que, entre otras cosas, se dice que España está aplicando la ley de costas de forma arbitraria y retroactiva y también sin indemnización suficiente. También se pide a nuestro país una reforma de la ley. No es noticia que esa declaración es consecuencia de la denuncia que presentó la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas el día 1 de febrero de 2008.

 Bueno, da igual. El caso es que como aquí no se movía nadie, en aquella primavera le dediqué algún ratillo a redactar un proyecto de ley de reforma de la ley de costas.  Lo presentamos en rueda de prensa en Madrid en el mes de mayo. Diría que hubo boicot, porque aunque vinieron periodistas no estaban todos los medios y en  lo que sacaron no vi ni una sola noticia que explicara lo que había pasado ese día, es decir, que habíamos presentado el proyecto de reforma de la ley. La cadena Cuatro (antes de caer en las garras de Berlusconi) se interesó y me vino al despacho a hacer una entrevista, pero extrañamente, ni aún así conseguimos que dieran la noticia tal cual era.

A continuación remití el proyecto de ley a diversos partidos políticos. No por correo precisamente: Me acerqué y hablé con varios diputados y todo ese rollo. Visité el Congreso de los diputados, el Parlamento de Canarias y algunos otros despachos. Más vale que no cuente los detalles de esas entrevistas. Es mucho mejor. El caso es que ningún partido hizo nada, excepto ignorar la propuesta.

Máas tarde, la Federación Andaluza de Empresarios de Playa me consultó cómo se podían beneficiar de la declaración del Parlamento Europeo (comúnmente conocida como informe Auken) y les dije que de ninguna, pero que podían suscribir un convenio de colaboración con la Plataforma para poner en marcha una iniciativa legislativa popular con nuestro proyecto.  Uy, qué bien, con la red de chiringuitos que tienen por ahí para recoger firmas.

Todo parecía ir bien hasta que se fastidió. No sé por qué, o sí. Parece que se metió por en medio una señora y desde entonces dejaron de devolverme los correos.  Yo había añadido al proyecto de ley los cambios que necesitaban los chiringuitos, pero como no me contestaban, los volví a cambiar claro está. En la Plataforma defendemos los intereses de los miembros de la Plataforma y eventualmente de nuestros socios siempre que lo sean.

Poco después unas asociaciones de perjudicados se montaron en Tenerife unas jornadas sobre reforma de la ley de costas en las que ni se les pasó por la cabeza mencionar este texto qúe aunque fuera muy malo y muy torpe,  es el único proyecto de ley de reforma existente. Estupendo, esas sasociaciones no tienen ninguna obligación, pero cada uno deberá explicar a sus bases y a la sociedad qué es lo que hace para defender a los afectados, y cuáles son sus móviles.

En resumen, la trayectoria de este proyecto de ley de reforma es realmente cachonda, ya que ha sido ignorado por:

 -Los medios de comunicación, que no sacaron nada. 

-El partido socialista, ya que el gobierno simplemente negó que el informe Auken hablara de la ley de costas.

-Los demás partidos políticos, que se quedaron tan indiferentes y mudos como gatos de escayola.

-Los chiringuitos de Andalucía, que por ser víctimas de malentendidos, manipulaciones, mentiras, intrigas o lo que fuera (o bien por cualquier otra razón perfectamente objetiva que yo desconozca), decidieron no colaborar con la Plataforma en una iniciativa legislativa popular.

-Las asociaciones de afectados paralelas, que repiten que hay que cambiar la ley pero ni redactan una propuesta ni hacen uso de la nuestra.

 Si me perdonáis la opinión, encuentro coherente que los grandes grupos socioeconómicos y los partidos políticos (que son lo mismo) le hagan el vacío a una iniciativa que sale de la sociedad. Pero encuentro bastante menos coherente que hagan lo mismo los propios afectados, aunque sean minoritarios. Éste es el camino directo al fracaso y lo ha sido siempre. 

   En estas condiciones, creo saludable divulgar el proyecto para que cada afectado que así lo desee dé la tabarra a los políticos de su zona, a los diputados de su circunscripción, a los senadores que pillen cerca, a los alcaldes, a los presidentes de agrupaciones locales y regionales de los partidos… En fin, todo ese mundo tan majo. Una cosa que podéis hacer es enviarlo por correo electrónico a los diputados y senadores. Si os apetece, claro. Yo, para el caso que me hacen, no voy a dedicarle más tiempo.

 Y aquí lo teneis: 

PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Veinte años después de la entrada en vigor de la ley de costas, los tiempos están maduros para hacer balance, contrastar sus postulados teóricos con los resultados obtenidos e introducir las reformas precisas, todo lo cual es el objeto de la presente reforma.

La ley de costas se ha demostrado un instrumento sólido e imprescindible para mantener el carácter público de nuestras playas y para permitir su uso gratuito a todos los ciudadanos. Las mejoras que introdujo respecto a la legislación anterior son indiscutibles, entre ellas la debida coordinación del bloque normativo de costas con la ordenación del territorio, hasta ese momento totalmente descoordinados el uno del otro. 

La presente reforma viene condicionada por la respuesta ciudadana iniciada en 2008 y concretada en la resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, que condena a España por aplicación retroactiva y arbitraria de la ley y la requiere para una reforma que impida su aplicación a supuestos de hechos anteriores a su nacimiento y garantice una compensación digna y suficiente para los ciudadanos que como consecuencia de su aplicación se vean privados de sus derechos de propiedad. Aunque el Estado tenga perfecta competencia para ordenar sus costas como tenga por conveniente, vivimos en una comunidad supranacional cuyas opiniones y pedidos no podemos ignorar, especialmente si resultan razonables.

Junto a ello, la práctica aconseja la reforma de determinados aspectos de la ley que se han demostrado inadecuados. Las definiciones de dominio público, al ser contrastadas con su aplicación práctica, resultan demasiado genéricas y al mismo tiempo expansivas. La zona marítimo terrestre es un concepto que se ha venido definido desde la primera ley de puertos, de 7 de mayo de 1.880, de forma pacífica, como la zona alcanzada por la pleamar o los temporales ordinarios. La actual definición, atinente a los máximos temporales conocidos, introduce inseguridad jurídica y deja a la sociedad entera a merced de temporales imprevistos y nada significativos, por su excepcionalidad, para la justa definición del demanio costero.

El carácter globalizador de la actual definición legal de zona marítimo terrestre absorbe indebidamente situaciones históricas y perjudica razones comerciales que

merecen protección. En las rías del norte de España, desde tiempo inmemorial  se contuvo el alcance natural de las mareas mediante muros de contención que dieron lugar a los llamados porreos, espacios desecados dedicados a pastos y frecuentados por aves palustres cuya desaparición exige la actual redacción de la ley sin beneficio visible para los intereses generales. Por otro lado, si una piscifactoría requiere que terrenos de particulares sean inundados con agua de mar, que éstos pasen al dominio público por ese solo motivo, no solo parece inapropiado, sino que además constituye un freno a la iniciativa empresarial. Algo parecido puede afirmarse de los antiguos molinos de mareas, joyas vivas de la etnografía cuya expropiación por ser terrenos inundados carece de sentido y de justicia.

 Por su parte, la definición de playa debe revisarse también en aras de la moderación. No resulta de buena técnica jurídica que la ley defina como dominio público la duna, en general, y el reglamento introduzca limitaciones. Esta doble regulación causa no solo inseguridad, sino incluso desorientación y titubeos en la interpretación del derecho. Teniendo en cuenta que las zonas dunares se definieron como dominio público por su carácter de reservorio de arena de la playa, parece lógica consecuencia que solo constituyan demanio las que se encuentren en movimiento como consecuencia del transporte eólico y que esta limitación quede adecuadamente plasmada en la propia ley. Al mismo tiempo, se retira el carácter de dominio público a los depósitos de materiales sueltos de origen artificial, no solo por la inoportunidad del precepto y la inseguridad que origina, pues una regeneración de playa o un vertido de arena pueden definir por sí solas nuevas zonas de dominio público, sino por la contradicción meramente intelectual en que se incurre al asignar carácter de dominio público natural a depósitos de origen artificial. Por fin, se eliminan de la definición de playa los depósitos de materiales sueltos de origen continental, que nada tienen que ver con el ambiente marino, y, en suma, se hacen coincidir, aunque con la adición de los espacios dunares, los conceptos legal y cultural de playa.

 Las condiciones que se imponen a la tramitación de los expedientes de deslinde obedecen a la necesidad de corregir disfunciones debidas a la falta de instrucciones de la actual redacción de la ley. En los casos en los que la costa se encuentra en regresión a consecuencia de erosión marina de origen artificial, especialmente por puertos y espigones, resulta injusto tramitar un deslinde que naturalmente deberá retrasar al interior la delimitación del demanio costero. El sacrificio que por esta vía se exige a los ciudadanos carece de justificación y para ponerle fin la ley exigirá que la Administración primero proceda a la restauración de la costa a su primitivo estado y solo entonces tramite el deslinde.

A la Administración se le impone la obligación de recoger con cada orden aprobatoria de deslinde un anejo con todas las propiedades afectadas, sus propietarios y las indemnizaciones correspondientes. Este nuevo deber pretende poner fin a la  práctica de aprobar deslindes dejando sin  resolver la condición legal de los inmuebles incluidos en el dominio público. En particular esto es lo que ha venido sucediendo con la concesión especial regulada en la disposición transitoria primera, apartado primero.  Incluso aunque el reglamento de costas recoge determinadas situaciones en las que la Administración debe otorgarla de oficio, la práctica confirma una dejadez inadmisible, ya que estas situaciones quedaban sin resolver y los afectados permanecían por tiempo indefinido en un limbo jurídico impropio de un Estado de derecho que proclama entre sus valores la seguridad jurídica y donde cada uno debe saber en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones.

Las reformas y adiciones a la regulación de la recuperación posesoria de oficio eran necesarias teniendo en cuenta que la ambigüedad o insuficiencia de la regulación legal se concretaban en el empleo del expediente especial y sumario regulado en el reglamento de costas contra propiedades escrituradas e incluso registradas. Por este motivo se garantiza que ese procedimiento podrá emplearse solo contra los actos de auténtico y contrastado despojo. 

Las normas sobre desafectación se modifican a fin de eliminar la prohibición implícita de que los terrenos desafectados del dominio público pasen o retornen a manos privadas. Existen numerosos núcleos de población situados en el dominio público desde antiguo y que hace años que constituyen auténticas ciudades. Para ellos, la única solución es una desafectación que permita a sus antiguos titulares volver a disfrutar de sus inmuebles en pleno derecho de propiedad.  En este caso la actual regulación de la ley se limita a originar o prolongar problemas arrastrados durante mucho tiempo, que afectan a  muchas familias y que los poderes públicos no han sido capaces re resolver.

Naturalmente que esta puerta no debe abrirse para consolidar situaciones de abuso, como son las que se derivan de la construcción ilegal dentro del dominio público después de que éste ha sido delimitado por un deslinde. En estos casos de auténtico fraude la desafectación solo cabe cuando concurren circunstancias excepcionales y previa información pública.

En el capítulo de obras, se establecen criterios y jerarquías que resultan imprescindibles. No parece apropiado que mientras unas partes de nuestra costa se encuentran en peligrosa regresión sin que los poderes públicos pongan una solución estable y definitiva, en otras zonas carentes de ese problema se acometan costosas obras para hacer playas nuevas que alteran el paisaje natural y fomentan la presión urbanística sobre el litoral. A fin de romper esta contradicción se establece preferencia a favor de las obras necesarias sobre las que podríamos llamar suntuarias.

 Las reformas de mayor calado se encuentran en la modificación de la disposición transitoria primera y en la introducción de una nueva disposición transitoria. En cuanto a la primera, atendiendo a la petición tanto de los ciudadanos como del Parlamento Europeo, se sustituye el anterior y polémico sistema de compensaciones mediante concesión administrativa por un pago en dinero. Hemos de reconocer una falla en la lógica del anterior sistema: Si el objeto de la ley es despejar el dominio público ocupado, especialmente la duna, a fin de restablecer no solo su uso público, sino también el transporte eólico que garantiza la salud de las playas, carece de sentido mantener los edificios allí presentes durante sesenta años, aunque sea en régimen de concesión. Al paisaje le da igual el título jurídico con el que los edificios ocupan los espacios dunares. La indemnización económica es el remedio más justo para lo que en el fondo es una expropiación, como bien ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia 149/91. La medida puede resultar gravosa para la economía del Estado, pero los intereses generales no pueden obtenerse a costa del sacrificio de una parte de los ciudadanos.

La nueva disposición transitoria introducida establece el principio claro, riguroso e incontestable de que la ley de costas no puede aplicarse a situaciones nacidas con anterioridad a su entrada en vigor. Se trata posiblemente del punto más polémico y difícil de la ley y de su aplicación. La respuesta ciudadana ha originado un debate con acusaciones de aplicación retroactiva y desmentidos desde los poderes públicos que sin embargo no pueden soslayar la realidad de deslindes en los que, por ejemplo, se ha utilizado como justificación del alcance de la ribera del mar la subida del nivel del mar durante el final de la glaciación Würm. La filosofía que ha informado la política de deslindes de los últimos años ha sido la de recuperación de la duna, con resultados irregulares, desiguales y generadores de arbitrariedad. A fin de recuperar la primitiva duna, se han declarado dominio público, sin coste para el Estado, poblaciones y bosques. Para agravar más las cosas, y a fin de dejar a un lado la escenificación de una aplicación de la ley retroactiva y por tanto prohibida, se ha creado el principio de que para determinar el carácter demanial o no de unos terrenos hay que estar a su composición mayoritaria. Esta fórmula solo ha conseguido unir a la aplicación retroactiva la arbitrariedad, puesto que en su virtud los núcleos de población densos que se construyeron sobre las dunas en los años sesenta y setenta quedan al margen del dominio público debido a que allí la composición mayoritaria de los terrenos no es dunar y por tanto demanial. En cambio, las zonas donde se ha construido de manera dispersa son incorporados al dominio público al amparo del anterior principio. De esta manera, los que han construido más sobre la duna resultan premiados, y los que han construido menos resultan castigados.

  El Estado no puede mantener por más tiempo esta situación. La necesidad de igualar a todos los ciudadanos exige idéntico respeto para quienes construyeron en su momento en terrenos que no eran de dominio público. Por eso la reforma se orienta al respeto de esas propiedades, que deberá hacerse efectivo de manera retroactiva, ya que de otro modo la ley no podría cumplir su misión de ordenar la convivencia conciliando los diversos intereses en juego.

 Un punto necesitado de urgente reforma es el relativo a la autoridad competente para determinar si el deslinde asigna a la servidumbre de protección su extensión ordinaria de cien metros, la reducida de veinte o una intermedia entre ambas, con arreglo a lo prevenido en la disposición transitoria tercera. La pugna entre el Estado y las Comunidades Autónomas a este respecto se ha centrado en todos aquellos casos en los que los planes de ordenación no asignaban a los terrenos el carácter de suelo urbano antes de la entrada en vigor de esta ley, pero sin embargo los mismos se encontraban ya consolidados por la edificación o bien contaban con los servicios urbanísticos, con lo que, de conformidad con la legislación de uso del suelo, podían tener tal carácter al margen de los planes. La disposición transitoria novena del reglamento de costas proporciona un remedio a estas situaciones mediante una declaración de la autoridad urbanística, pero a menudo estas declaraciones han sido rechazadas por la Administración del Estado, lo que en principio resulta contradictorio con el esquema constitucional de competencias, que reserva las urbanísticas a favor de las comunidades autónomas. Resulta contradictorio que la autoridad competente en urbanismo haga una declaración sobre materia de su competencia y que otra autoridad, carente de toda competencia en esa materia, tenga la facultad de desautorizarla.

  En ese tenso caldo de cultivo, las soluciones dadas en algún caso por las autoridades competentes en urbanismo, asignar a la declaración de la disposición transitoria novena del reglamento de costas el carácter no de informe o certificación, sino de resolución administrativa, solo ha conseguido empeorar aún más el problema, puesto que ante ello la Administración el Estado se ha limitado a impugnar dicha resolución ante los tribunales, dando lugar a una conflictividad institucional innecesaria y a una situación circular en la que el recurso judicial contra el deslinde y el recurso judicial contra la declaración de la autoridad urbanística dependían el uno del otro.

El origen del conflicto es el siguiente: la sentencia del Tribunal Constitucional 149/91 declaró contrarios a la Constitución los preceptos de la ley de costas que reservaban al Estado la gestión de la servidumbre de protección. Al obedecer dicha servidumbre a una preocupación derivada del uso del suelo, el tribunal razonó que esas competencias debían corresponder a las Comunidades Autónomas, pero dejó intacta la capacidad del Estado para tramitar y aprobar los deslindes, incluyendo la delimitación de la servidumbre de protección. Esto es algo lleno de lógica en cuanto que el deslinde es una operación técnica. Con esa regulación se está salvando, de forma muy coherente, la posibilidad de que haya dos deslindes, uno para definir el dominio público y otro para situar la servidumbre de protección. Ahora bien, la asignación a la servidumbre de protección de su superficie ordinaria de cien metros o la excepcional de veinte (u otra inferior a cien) no es una operación técnica, sino jurídica, que tiene que ver exclusivamente con cuestiones urbanísticas, y en la que la decisión de la Comunidad Autónoma debía ser definitiva. Las Comunidades gallega y canaria, en un intento desesperado por recuperar competencias que creen que les pertenecen, han dictado sendas leyes atribuyéndose a sí mismas la competencia en la definición o la delimitación de la servidumbre de protección. Esta solución resulta probablemente contraria a la Constitución, proporciona una solución técnica deficiente y de nuevo fomenta conflictos institucionales innecesarios. Sin duda la competencia para tramitar el deslinde, definiendo los límites de todas las franjas y espacios definidos en la ley de costas, debe permanecer en manos de una sola Administración, en este caso el Estado, Pero al mismo tiempo, puesto que la Administración del Estado carece de competencias urbanísticas, no debe dejarse en sus manos la decisión sobre la asignación a la servidumbre de protección de su extensión ordinaria o excepcional. La solución viene recogida en la siguiente propuesta, mediante la asignación a la declaración de la autoridad urbanística carácter de informe vinculante.  Al mismo tiempo esta fórmula, que solo estaba presente en el reglamento, queda robustecida mediante su incorporación a la ley.

En resumen, la adecuada protección de las costas y el mantenimiento de su carácter público no pueden hacerse a costa de cualquier cosa y resultan compatibles con los derechos individuales, incluyendo el derecho de propiedad. Esta reforma puede ayudar a hacer efectiva esa compatibilidad y a obtener una paz social sin ninguna renuncia por parte del Estado.

Artículo primero.- Los artículos que a continuación se relacionan de la ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, quedarán redactados como sigue:

1. Artículo 3º 1 a): La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

 No tendrán la consideración de zona marítimo terrestre:

 -Los espacios inundados artificialmente, previa autorización y con fines comerciales, tales como piscifactorías o salinas.

-Los espacios inundados artificialmente como parte de industrias tradicionales, tales como los molinos de mareas.

-Los espacios excluidos del alcance natural de las mareas mediante muros de contención cuando la intervención formara parte de la costumbre inmemorial, tales como los porreos de las rías de Asturias. 

Artículo 3º 1 b):  Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas en movimiento, con vegetación nula o escasa y característica, formadas por la acción del mar o del viento marino.

2. Artículo 10º, apartado segundo:

Asimismo tendrá la facultad de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier tiempo sobre dichos bienes.

Reglamentariamente se regulará un procedimiento especial y sumario que irá dirigido a la recuperación se la posesión en caso de ocupaciones del dominio público marítimo terrestre sin título. 

Cuando un edificio situado en terrenos privados o sin deslindar haya quedado incluido posteriormente a su construcción dentro del dominio público como consecuencia de la aprobación de un deslinde, la Administración resolverá lo que corresponda previo expediente tramitado con arreglo a las normas generales de procedimiento administrativo, no procediendo la tramitación del procedimiento especial regulado en este artículo.

3. Se añadirá el siguiente párrafo al artículo 11º:

2. En los tramos de costa que se encuentren en regresión debida a causas artificiales no podrá incoarse expediente de deslinde hasta que se haya procedido a restaurar la costa a su estado original.

Se entiende por estado original el inmediatamente anterior a la aparición de las causas artificiales causantes de regresión. Se consideran causas artificiales, entre otras, las siguientes:

  -Embalses en los ríos y otras obras que interrumpan el transporte natural de limo hasta el mar.

  -Espigones, puertos y diques en el mar que frenen la corriente marina y por tanto el transporte de áridos.

Las Administraciones Públicas serán responsables de los perjuicios que se causen a los ciudadanos con motivo de la regresión de la costa cuando ésta sea imputable a obras públicas realizadas por ellas.

4. Se añade el siguiente apartado al artículo 12º:

8. Con el expediente de deslinde se tramitará, simultáneamente, una pieza separada que recogerá los inmuebles que resultarán expropiados, su valoración de mercado, la identificación de los titulares y las indemnizaciones que les correspondan. El listado de inmuebles, titulares e indemnizaciones formará parte de la orden aprobatoria del deslinde.

5. Artículo 19º:  

Los terrenos desafectados conforme a lo previsto en el artículo anterior se incorporarán al Patrimonio del Estado. Cuando no se juzgue previsible su afectación, podrán ser cedidos gratuitamente al Municipio o a la Comunidad Autónoma.

La desafectación no será posible cuando los particulares se hayan apropiado o hayan construido ilegalmente dentro del dominio público ya delimitado por un deslinde, excepto que concurran razones justificadas, manifiestas y excepcionales de interés público, incluso sociales derivadas de la aparición de terceros adquirentes de buena fe,  y previa información pública.

6. Se añade el siguiente apartado al artículo 111º:

En casos de regresión grave del litoral, las obras ordenadas a su restauración tendrán preferencia sobre las de creación de playas artificiales y otros proyectos susceptibles de modificar la configuración natural del paisaje.

Artículo segundo: Modificación de las disposiciones de la parte final de Ley 22/1988, de 28 de julio, de régimen jurídico de las costas.

Las disposiciones de la parte final de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de régimen jurídico de las costas, que a continuación se relacionan, quedarán redactadas como sigue:

1. La disposición transitoria primera tendrá la siguiente redacción:

El Estado indemnizará a los particulares que pierdan sus bienes como consecuencia de un deslinde de dominio público marítimo terrestre aprobado de conformidad con esta ley o que los hayan perdido como consecuencia de un deslinde de zona marítimo terrestre o playa aprobado con arreglo a leyes anteriores.

La indemnización será obligada en todos los casos excepto en aquéllos en los que resulte acreditado que los particulares edificaron en  espacios que ya eran demaniales con arreglo a la ley aplicable en aquel momento, lo que deberá ser probado por el Estado.

 En ningún caso procederá indemnización ni compensación alguna cuando la edificación haya tenido lugar en espacios previamente delimitados como demaniales por un deslinde.

 La indemnización se entregará en dinero y será igual al valor de mercado de la vivienda en el momento de su otorgamiento.

 2. Se añade la siguiente disposición transitoria primera bis:

 De conformidad con el principio de prohibición de retroactividad de las leyes desfavorables contenido en el artículo 9.3 de la Constitución, las definiciones de ribera del mar aplicables a espacios que no tuvieran este carácter con arreglo a la ley de costas de 26 de abril de 1969 no podrán aplicarse a terrenos que hubieran sido ocupados por obras antes de la entrada en vigor de la presente ley.

Esta disposición, por ser favorable a los ciudadanos, de aplicará retroactivamente y por lo tanto se revisarán de oficio todos los casos afectados por la misma, incoándose nuevo expediente de deslinde en el que se declararán excluidos del dominio público los correspondientes terrenos, con excepción a lo establecido en el artículo 4º apartado 5 de esta ley.

 Estos terrenos y las edificaciones construidas en ellos serán entregados en propiedad a sus antiguos titulares. En caso de que las construcciones hubieran sido ya demolidas, se entregará a los interesados, gratuitamente, un inmueble de similares características en los terrenos más cercanos posibles. Si esto no resultase viable, se indemnizará a los interesados mediante la entrega de un importe igual al valor de mercado de los inmuebles a la fecha de la indemnización.  

3. Se añade el siguiente párrafo al apartado tercero de la disposición transitoria tercera:

 Asimismo, se asignará a la servidumbre de protección una extensión reducida de veinte metros cuando la autoridad de la comunidad autónoma competente en materia de urbanismo informe que los terrenos ya constituían suelo urbano por contar con los servicios exigidos por la legislación urbanística o por constituir núcleo de población  consolidado por la construcción.

  Esta declaración se hará en los casos en los que no existiera plan de ordenación o incluso en contra de las determinaciones del plan cuando se aprecie que a la entrada en vigor de la presente ley el carácter urbano de los terrenos no estaba recogido. La declaración se instrumentalizará mediante el informe prevenido en el artículo 12.2 de esta ley, que  tendrá carácter vinculante en cuanto a las determinaciones que aquí se regulan.

 AL MINISTERIO DE FOMENTO

SUBSECRETARÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN

 JOSÉ ORTEGA ORTEGA, Abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig de Santa María, Plaza Mariano Benlliure 21, 1º (46540 Valencia), comparezco y DIGO:

 PRIMERO.- El compareciente mantiene un blog dedicado a la aplicación de la ley de costas en la siguiente dirección www.costasmaritimas.wordpress.com

SEGUNDO.- En fecha 22 de enero del presente año, el compareciente introdujo un artículo titulado CARTA RAZONADA AL PARTIDO POPULAR, que contenía opiniones críticas sobre la aplicación de la ley de costas y algunas sugerencias de cambio.

TERCERO.- En fecha 27 de enero del presente año, el compareciente recibió del servidor la siguiente información:

Nuevo comentario a tu entrada “CARTA RAZONADA AL PARTIDO POPULAR”
Autor : javier márquez (IP: 195.76.37.230 , 195.76.37.230)

Correo electrónico : javimar@hotmail.com

URL : http://Hayqueinformarse

Whois : http://whois.arin.net/rest/ip/195.76.37.230

Comentario:
Mire Ud. siento decirle que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. El Director de Costas habló de rescate que significa que hay que pagar y, para el rescate, necesitas informe del Consejo de Estado si el concesionario se opone. Los Consejeros del Consejo de Estado tienen el puesto vitalicio y no se casan con nadie. La Ley de costas ha fue sometida al tribunal constitucional, pero si para Ud. la justicia es lo que Ud. piensa entonces si que es injusta la ley. No mienta, Ud. lo que quiere es edificar en las playas, problamente Ud. es una de las personas que pensaban que el ladrillo subiría de precios hasta el infinito y más allá.
Son una auténtica vergüenza sus afirmaciones se limitan a constatar que ha habido derribos pero no dice nada sobre los expedientes que se han llevado a cabo para hacer esos derribos, con intervención de tribunales y con garantías suficientes. Es Ud. un auténtici sinvergüenza y su carta creo que incurre en los delitos de injurias y calumnias tipificados en el código penal. El atraso de España es debido a personas como Ud.¡Váyase a la mierda! y no vuelva más. Imbécil
 
TERCERO.- Hechas las oportunas averiguaciones, resulta que el servidor corresponde a ese Ministerio de Fomento, lo que sugiere que el comentario fue enviado por un trabajador o funcionario del mismo.

CUARTO.- Teniendo en cuenta el contenido del comentario, que no solamente contiene insultos sino que además pretende coartar el derecho constitucional de libertad de expresión, interesa que se inicie investigación a efectos de identificar al responsable del mismo e incoar el correspondiente expediente disciplinario.

Los hechos pueden ser constitutivos de una falta disciplinaria muy grave tipificada en el artículo 6.m del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, consistente en “los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones”. 

A este efecto, y sin ánimo de prejuzgar, sugiero que encarguen a los responsables de sus sistemas informáticos que investiguen la posibilidad de que el comentario haya sido enviado desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

En su virtud,

SOLICITO. Que, teniendo por presentado este escrito, lo admita y se sirva investigar la autoría de la comunicación a la que se refiere el mismo y, una vez identificado su responsable, tramitar contra el mismo expediente disciplinario por una falta muy grave del artículo 6.m por el artículo 6.m del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, consistente en actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones.

Madrid, 28 de enero de 2010

¿QUIÉN ES ÉL?

enero 27, 2011

Leed con atención este comentario a mi articulo “carta razonada al partido popular¨:

“Mire Ud. siento decirle que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. El Director de Costas habló de rescate que significa que hay que pagar y, para el rescate, necesitas informe del Consejo de Estado si el concesionario se opone. Los Consejeros del Consejo de Estado tienen el puesto vitalicio y no se casan con nadie. La Ley de costas ha fue sometida al tribunal constitucional, pero si para Ud. la justicia es lo que Ud. piensa entonces si que es injusta la ley. No mienta, Ud. lo que quiere es edificar en las playas, problamente Ud. es una de las personas que pensaban que el ladrillo subiría de precios hasta el infinito y más allá.

Son una auténtica vergüenza sus afirmaciones se limitan a constatar que ha habido derribos pero no dice nada sobre los expedientes que se han llevado a cabo para hacer esos derribos, con intervención de tribunales y con garantías suficientes. Es Ud. un auténtici sinvergüenza y su carta creo que incurre en los delitos de injurias y calumnias tipificados en el código penal. El atraso de España es debido a personas como Ud.¡Váyase a la mierda! y no vuelva más. Imbécil”

Respuesta

Respetado señor Márquez:

Usted sabe quien soy yo (no del todo, por lo que veo) pero yo no sé quién es usted, excepto que se llama Javier Márquez, suponiendo que eso sea cierto. Aún en esta situacion de desventaja, creo recomendable una respuesta de mi parte.

Su comentario me ha trasladado por un momento a los tiempos de mi niñez, cuando escuchaba a los adultos discutir y levantar la voz en un empeño desproporcionado de tener razon. Estas eran las pautas de comportamiento propias de aquella España de machotes, donde los hombres mostraban con orgullo sus hábitos de fumadores de tabaco sin filtro, bebedores de coñac y dueños de la razon.

MATANZAS DE KATYN (EN NOMBRE DEL PARAISO EN LA TIERRA)

En cierto sentido, su alarmante ausencia de mesura me ha recordado también Katyn, la película que vi no hace mucho tiempo, antes de que los cines Albatros cerraran definitivamente. La película va del partido comunista ruso y del tiro en la nuca, ya sabe. Es estremecedora.

Necesita usted tratamiento médico y un libro de autoayuda, y se lo digo como amigo. En caso de que esté estreñido, antes de recurrir a los fármacos le recomiendo que tome una cucharada de semillas de lino molidas en un vaso grande de agua (el lino contiene mucílagos que se expanden con el calor y arrastran la suciedad acumulada en el intestino, y quizá usted tenga mucha). Si su problema es la ansiedad o la depresión, pruebe con hipérico, que dicen que va muy bien aunque desde luego yo no lo he probado en mi vida porque no lo necesito.

EL LIBRO QUE DEBERÍA LEER EL SEÑOR MÁRQUEZ

Autoayuda: Lea, querido amigo, El poder del ahora. Allí tendrá acceso a nociones que usted necesita urgentemente metabolizar. En especial la de que el empeño en tener razon es un perverso engaño del ego. De hecho, si usted practicara meditación, como se recomienda en el libro, se sentiría mucho mejor. Pruébelo. Yo solo quiero lo mejor para usted y usted, por lo que leo, necesita abrirse al amor hacia sus semejantes. Si usted fuera capaz de experimentar amor, experimentaria también esa paz interior que tanto necesita y que usted mismo se niega. Si lo desea puedo recomendarle un centro zen en Las Palmas.

Como todo el mundo excepto usted ha entendido, la carta al PP no es un dictamen jurídico sino una reflexión sobre lo justo y lo injusto. Me da igual que intervenga el Consejo de Estado o la madre Teresa. El dibujo es el de un Director General (a quien quizá usted conozca especialmente bien) anunciando algo total y absolutamente ilegal. De hecho, después de la entrevista, los vecinos del Golfo, que estaban muy interesados en reclamar la concesión, quedaron aterrorizados y suspendieron la reclamación.

Más: Usted hace tiempo que me esta estudiando e investigando (hablaremos de eso luego) y no cree lo que dice sobre mi. Sabe usted muy bien que veo igualmente mal abusar de los ciudadanos que robar el dominio publico, Sabe usted que cuando fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, no permití que entraran quienes habían robado al Estado. Sabe usted (porque está publicado en mi blog y usted encuentra un raro placer en leerme) que me excluyeron de un debate en la televisión de Baleares cuando se dieron cuenta de que yo no era ladrillero. Todo eso lo sabe usted, que de forma muy gentil parece haberme tomado como asignatura. Pero escribe lo que escribe porque carece del debido equilibrio emocional, lo que no es maldad (usted es realmente un hombre bueno) sino patología. Ah, por cierto, haga que un chino o china le punze shen men y zu san li. Se sentirá tan calmado que incluso puede que se avergüence de lo que ha escrito hoy.

Bravo por este párrafo. Lo encuentro realmente brillante:

“Es Ud. un auténtici sinvergüenza y su carta creo que incurre en los delitos de injurias y calumnias tipificados en el código penal. El atraso de España es debido a personas como Ud.¡Váyase a la mierda! y no vuelva más. Imbécil”.

Leyendo esto no me cabe sino preguntarme por qué no se presenta usted a un premio literario. Tiene muchas posibilidades y si gana será bueno para su maltrecha autoestima.

Respetado amigo Márquez: Ha de saber que tengo una ligera idea de quien es usted. A usted le dan prontos y cada tanto me envía una epístola como la de hoy. Puede seguir haciéndolo, desde luego, pero tenga en cuenta que a mi me sale su IP con todo lujo de detalles. La ultima vez que usted sufrió un ataque de ansiedad, le pedí a mi amigo Sergio que me localizara la IP y estaba en Las Palmas.

La carta de hoy la ha enviado usted empleando la IP del Ministerio de Fomento. Qué raro. Si yo no tengo ningun enemigo en Fomento, si acaso en Medio Ambiente.

¿O sí?

Pensemos en voz alta: Quién reúne estas tres condiciones?

-Se enciende cada vez que hablo de aquel Director General de Costas.
-Vive y trabaja en Las Palmas.
-Pasó de Medio Ambiente a Fomento.

Para quien está en el rollo no hay duda. Sî, es él (o, para no ser contundente, así lo supongo).

También fue usted (o eso me parece) el que escribió aquel suelto del mismo estilo en Maspalomas Ahora, cuando lo del Anexo II, se acuerda?

Y por cierto, por qué insiste en su carta en recordar que el Director General habló en aquella reunión de pagar los rescates? Cómo sabe eso querido amigo? Acaso estaba usted presente? Si sólo éramos tres personas y el tercero era chica. Sospecho que es usted clarividente. Y yo recomendándole meditación. Le pido disculpas.

Sî, sÍ que lo dijo. Que pagarían. Dijo también que no pensaba pagar el suelo porque era público, sólo el valor de los ladrillos. Sacamos la calculadora? A lo mejor sale más de 136 euros por vivienda.

Después de todo esto, no puedo jurar pero si sospechar fundadamente quién es el ser humano que se esconde bajo el nombre falso de Javier Márquez. Podría ser el mismo que fue destituido de su cargo de Jefe de Costas de … por adjudicar por el morro una obra a una empresa de su padre. Pero hombre… Eso esta muy feo, Sr Marquez. Lo mismo que usar el sistema informático de su trabajo en una oficina del Estado para desahogarse y no para hacer el trabajo por el que le pagan. Es más honesto insultar desde casa pero usted no ha podido esperar porque lo suyo ha sido eso, un pronto. Y ahora que lo pienso, por qué no denunciar el caso ante la Inspección de Servicios? Si, lo voy a hacer.

Tomo nota de que es usted un adalid de la costa limpia frente a los constructores y especuladores. Por qué la emprende entonces conmigo en lugar de meterse con su jefe, el Sr. Blanco, a cuenta del caso de Isla de Arosa, conocido en todo el orbe cristiano como caso Villapsoe. Qué pasa, que desde su nueva (y modesta) responsabilidad persevera usted en meterse con el débil? Muestre lo macho que es. Use esa misma IP del Ministerio para decirle a su jefe lo que piensa de Villapsoe.

Quede advertido además de que lo sé todo sobre su casa en la playa. Todo. Y que el dia que me decida a sacarlo a usted le va a pasar algo peor que un procedimiento judicial. Lo mas probable es que en su propio partido lo hagan trocitos, eso sí que le va a doler.

Si es usted quien pienso, recordará que en el Palacio del Temple no me dejó despegar los labios. Entonces usted estaba en la cima y se podía permitir ese lujo. Ahora no es nadie, o casi nadie, y ya no me puede prohibir hacer uso de la palabra. Esas rabietas que coge creo que son lo único que queda de aquella antigua majestad con la que usted mandaba callar.

Tiene que saber, amigo, una cosa más. Usted se pegó un castañazo formidable desde el Olimpo hasta el despacho insignificante que ocupa ahora. No por un cambio político, sino porque sus propios congéneres decidieron que usted estaba acabado. Le pido que deje de echarme la culpa. Yo nunca le he deseado ningun mal. Además, somos medio paisanos. No se ha enterado, en sus largas noches de estudio sobre mi persona, de que me crié en La Isleta?

Aprenda del Sr. Montoya. Sabe usted que fue Subdirector General, que intervino en la redacción del reglamento de costas y que es un clásico de la casa. En lugar de trasladarme por escrito sus rabietas, un dia me llamó a su despacho para contrastar conmigo, de manera profesional y leal, ideas sobre la ley de costas y su aplicación. Cada uno tenia su opinion y algunas eran convergentes. Eso, estimado Márquez, es la civilización.

Usted y yo deberíamos tomarnos unos vinos en Las Canteras y conversar de forma respetuosa.

Qué, se anima?

Por cierto, por cierto… Hay algo que me intriga. Usted fue al Politécnico y después de unos cuantos años obtuvo el titulo de ingeniero, tarea que reconozco meritoria. Yo entré en a Facultad de Derecho, conseguí también mi titulo y desde entonces he estado ejerciendo esta profesión.

Mi duda es la siguiente: Si yo no aspiro a darle a usted lecciones sobre la aplicación del teorema de Bernouilli, por qué usted y todos sus compañeros expertos en el teorema de Bernouilli se creen autorizados a darme a mí lecciones de Derecho?

Nos tomamos los vinos o me lo cuenta en otra carta, amigo Márquez?

Estimados señores y señoras del partido popular:

Pronto, salvo mayúscula sorpresa, ustedes van a formar gobierno y podrán, entre otras, cosas, revisar la política de costas. Ya saben que desde la Plataforma redactamos un proyecto de reforma de una ley que, siendo necesaria, en su redacción actual resulta maniática, persecutoria y abusiva. Urge cambiar la ley, pero de eso hablaremos otro día.

Yo creo que más importante que cambiar la ley es pegarle un repaso a las plantillas para ver qué funcionarios son capaces de resistir la prueba de esfuerzo del respeto a los derechos individuales, que es mucho más fácil que hacer que la prueba de esfuerzo de los bancos. Hay que aplicar la ley, hay que defender las playas de los especuladores y hay que defender para todos lo que es de todos. Que sí, que sí…  sin cinismos ni doble sentido. Pero es innegociable que esto se haga guardando el respeto a los ciudadanos. Créanme, señoras y señores del PP, que hay una gran labor por hacer. Ustedes me da la sensación de que no tienen ni idea de la complicación que tienen por delante. La familia de los ingenieros de caminos, canales y puertos es una familia cariñosa y bien avenida que participa de determinadas estrategias, nociones y metas. Hace poco estaba con un alto cargo que comentaba que un día se desvió del dogma y sus compis le advirtieron: “Oye, que tú eres de la casa”.

Sí, esa es la cuestión: Tú eres de la casa. Eres uno de los nuestros. Eres de la secta. No nos vayas a traicionar, qué mosca te ha picado, por qué nos haces esto, por qué te desvías, por qué piensas por tu cuenta, por qué no te sometes, por qué has dejado de ser como nosotros, o mejor tan borde como nosotros.

Sólo como ejemplo: Un día mantuve una charla simpática con cierto Director General de Costas y me quedé tieso al escuchar su teoría sobre las concesiones de la transitoria primera. Dijo que daría las que fueran precisas pero que a continuación las pensaba rescatar porque el uso residencial en el dominio público está prohibido por la ley de costas.

Atended a este mecanismo: Los deslindes obran una expropiación forzosa especial que te deja sin casa o sin lo que sea. Como España no tiene bastante dinero para pagar las indemnizaciones por esas expropiaciones, la ley se inventa la compensación en forma de concesión y el Tribunal Constitucional dice (vete a saber por qué) que esas concesiones son justiprecio suficiente. Pero no contentos con ese proceso ya indecente de por sí, acto seguido el jefe de los jefes dice que te da la concesión para quitártela al día siguiente, y lo hace sobre la base de una mentira, porque siendo cierto que el uso residencial está prohibido en el dominio público, también lo es que estas concesiones son una excepción establecida por la misma ley porque sin no fuera así no habría compensación y nos encontraríamos ante una expropiación sin indemnización. Y esto, una expropiación sin indemnización, es lo que promovía aquel Director General de Costas. Así de burro, así de cruel y así de arrogante era el planteamiento. Pasándose por el arco del triunfo la ley, el derecho, el Tribunal Constitucional, la Constitución y absolutamente todo. No era un loco, un trapisondista o un marciano. Era el jefe de los jefes, el que decidía lo que había que hacer y no hacer en política de costas. Mandaba sobre un equipo humano perfectamente engrasado, obediente, complaciente y entregado a su caudillo.  Él ya no está, pero el equipo sigue. Esto es lo que deben saber (y temer) los señores y señoras del PP.

Ahora han puesto de jefe de los jefes a Pedro Antonio Ríos. Tengo entendido, por informaciones privadas, que es un buen tipo. De hecho, le envío desde aquí, a modo de saludo críptico, unos cuantos códigos secretos: Zalacaín, Los Lebrillos, El abanico de cristal, El candil, Aula, el Sur e Ipanema. Seguro que lo coge.

¿Qué va a pasar con él? Que sus subordinados distinguidos se lo van a comer crudo. Como me decía el otro día aquel alto cargo, lo van a abducir. Posiblemente le van a presentar una visión de la realidad total y absolutamente viciada. Y él se la va a creer porque no le queda otro remedio y porque ni tiene ni puede tener ni idea del tema. Lo mismo que todos los políticos de todos los partidos, que no tienen tiempo para enterarse de qué va esto porque están demasiado ocupados en sus luchas de poder internas y externas, que los dejan tan agotados que prefieren dejar el tema a… ¿A quién? Pues sí. A ellos.

D. Carlos Floriano

Una vez tuve el privilegio de ser recibido en el Congreso por D. Carlos Floriano, portavoz parlamentario del PP en medio ambiente. Lo encontré muy sensible a las opiniones de los miembros de su partido que habían tenido responsabilidad en costas. Y esto me preocupó. Formó en mi mente la imagen de un nuevo jefe de los jefes con carné del PP, acosado, engañado, condicionado, intoxicado y abducido por los ingenieros de costas del momento. No importa que sean ingenieros de costas del PP. Primero pertenecen a su gremio, después a su partido. Mi temor hacia esa inclinación de Floriano a confiar en los ingenieros de costas de su partido es un temor respetuoso, pero  fundado. Cuando ese partido forme gobierno, como triunfe el punto de vista de estos señores, apañados vamos porque todo seguirá igual. Ya pasó con el primer jefe de los jefes nombrado por Aznar. El hombre no era ingeniero, sino abogado, lo que abrigó esperanzas de… No, nada. Su dureza fue modélica. Y sobre su arbitrariedad juzgad vosotros mismos: En mayo de 1997 se cargó Los Arenales del Sol con un deslinde retroactivo modélico. En septiembre del mismo año, creo que atendiendo a ciertas sugerencias del entonces Vicepresidente Álvarez Cascos, inició un proceso tendente a desafectar espacios demaniales de Ribadesella. En Arenales del Sol se decía que los edificios sobre la arena no privaban a la arena de su carácter demanial. En Ribadesella, en cambio, que los edificios sobre el dominio público natural habían desnaturalizado el suelo y que había que respetar los derechos de los propietarios. El bonito gesto se comprende en parte, ya que el orgullo de ser asturiano debe notarse. Pero ¿qué pasa con el orgullo de ser ilicitano? Es el PP el que debe responder a esta difícil pregunta.

La palabra purga es una palabra fea, pero ustedes verán. O el futuro gobierno popular sustituye al equipo entero o no va a cambiar nada. Incluso esta ley tan feroz es posible aplicarla de forma respetuosa con los ciudadanos, siempre que ustedes cambien el equipo. Al mismo tiempo, una ley nueva, incluso aunque sea más tibia, tolerante o dulzona, puede convertirse en una herramienta de destrucción si el equipo continúa.

 

D. Rafael Eimil

Veamos el quién es quién que yo manejo. D. Rafael Eimil es el jefe de costas de Coruña. De una forma muy, muy respetuosa, considero que no debería continuar al frente porque se cargó el poblado de Villarrube sin autorización judicial de entrada, forzando de paso a la guardia civil a lo que modestamente me parece a mí que es deshonrar el uniforme al ponerse a proteger a los agresores en vez de a los agredidos.

Doña Lidia Pérez

Doña Lidia Pérez es Jefa de Costas de Valencia. Derribó el restaurante Pepita sin que unos cuantos de los hermanos propietarios tuvieran ni idea del asunto y cuando los interesados reclamaron la concesión de la transitoria primera, informó a sus jefes de que la petición era imposible porque el restaurante ya no existía. A los vecinos de la Casbah, cuyas viviendas están amenazadas por los temporales, les dice que se apañen como puedan. Incluso a pesar de que el mar prácticamente destruyó el paseo marítimo.

D. Ramón Galán

D. Ramón Galán Cortés es Jefe de Costas de Oviedo. Le envió al fiscal de medio ambiente de Asturias información sesgada sobre una vecina de Otur que había hecho obras en una casa de su propiedad y en un terreno que era de su propiedad hasta meses atrás, que había sido tragado por el deslinde y que debía ser dado en concesión. El resultado: Querella criminal por delito contra el medio ambiente. Se archivó después de que los propios empleados de la jefatura de costas dejaran mal a su jefe en su declaración judicial.

D. Carlos González es jefe de costas de Tenerife. Todos los años, los vecinos de la Bombilla instalaban un embarcadero para poder bañarse. Recientemente ordenó retirarlo y desde entonces el que ose meterse en el agua se arriesga a partirse la crisma. Qué casualidad que la inesperada orden coincidiera con la suspensión cautelar de los derribos masivos, dictada por la Audiencia Nacional. No digo yo que hubiera resentimiento ni venganza porque no soy el confesor de D. Carlos González, pero cada uno que piense lo que quiera. Lo de Bajo la Cuesta ya ni me canso en contarlo, pero recuerdo que este hijo de Dios, que chupó de la teta de su madre como todas las personas de bien de este mundo, sigue empeñado en derribar el barrio entero sólo para no reconocer que sus técnicos se equivocaron en  el cálculo de un ángulo.

D. José Miguel Pintado

D. José Miguel Pintado es Jefe de Costas de Las Palmas. Creo que el consejero Berriel (que en los pocos ratos que le dejan libre la defensa de los afectados por la ley de costas se dedica a derribar viviendas en la servidumbre de protección) influyó en su nombramiento. Está continuando la labor de su predecesor en la limpieza, entre otros rincones, de Fuerteventura. Jacomar es una aldea donde sólo se puede llegar a pie, por lo que los derribos hay que hacerlos trasladando la maquinaria pesada por mar a bordo de gabarras. Por eso es una auténtica fortuna lo que cuestan esos derribos, pero él parece que sigue empeñado, porque luego le pasará la factura a los vecinos.

D. Celestí Alomar es jefe de costas de Baleares. Derribó una preciosidad de casa solariega de piedra, edificada en los años veinte del siglo idem, sin escuchar a la propietaria, que insistía en reclamar el derecho de concesión. De propina le pasó 370.000 euros (según dice la interesada) como factura por el derribo. He oído que de ese importe, como 180.000 euros se correspondían con el traslado y entrega de los escombros a vertedero autorizado, y que como la entrega no llegaba, el del vertedero contrató a un detective que se dio una vuelta por la playa para descubrir que los escombros, incluyendo un buen número de hierros retorcidos, el Sr. Alomar los había enterrado en la misma playa. El interesado dijo en su descargo (según he oído) que si hizo tal cosa fue en el noble empeño de rellenar lo que había sido la fosa séptica de la familia.

Doña Francisca Baraza

Doña Francisca Baraza es jefa de costas de Murcia. Se le ocurre trazar una senda peatonal por los acantilados de Cabo Palos. Tiene tres metros de anchura (la senda, no la Paca, que está delgada) y va por la servidumbre de tránsito, pero paradójicamente, en lugar de discurrir por los tres metros exteriores y al borde del acantilado, lo hace por los tres metros tierra adentro. Incomprensible diseño que quizá se explique si añado que ese trazado tan anómalo pasa por encima de una vivienda existente en la zona, que se salvaría sólo con que doña Francisca Baraza hubiera dispuesto su paseo por el borde del acantilado, como era de esperar.

José Ramón Martínez Cordero es un jefe importante de Madrid. Creo que es el que mueve los hilos, o uno de ellos. Tiene cara de tipo estupendo, me cae bien (sí, yo tampoco lo entiendo) y  me da que debe ser buena persona, aunque es sólo un pálpito. Un día, cuando andaba perdido por la casa buscando el aseo, me indicó amablemente el camino, y esto une mucho. La verdad que el tío inspira confianza y no tiene cara de perverso, intrigante o Rasputín, pero a ciertos afectados se las hizo pasar canutas porque no le dio la gana de enseñarles el expediente de deslinde que les concernía y que necesitaban revisar porque les iban a tirar las casas al suelo. Ni ley de procedimiento administrativo, ni convenio Aarhus ni nada. Que no y que no. Tuve que recurrir al Parlamento Europeo, a Margret Auken y al asesor jurídico de los Verdes europeos para quebrar esta resistencia.

Francamente, no creo que sea ni disparatado ni caprichoso ni infundado pedir a los señores y a las señoras del PP que cuando formen gobierno, retiren muy gentilmente a estos servidores públicos de sus actuales funciones y los sustituyan por otros que entiendan que su razón de ser como funcionarios es servir a los ciudadanos en lugar de hacerles la vida imposible como corolario de su adhesión al dogma de la secta. No, no estoy pidiendo que activen ustedes esa rutina de quitar a los jefes de costas que no son de su partido y poner a los que sí lo son. Que no, que no es eso. Saquen el destornillador y desmonten la maquinaria de Madrid.  Si estos señores de Taifas hacen lo que hacen creo que es para hacer méritos ante Madrid. Es en Madrid, en la plaza Juan de la Cruz, donde tienen ustedes que poner valentía, ingenio y acierto para cambiar las cosas.

Personalmente no tengo el menor deseo de que la casa pase a estar dirigida por tipos blandos, maleables, ignorantes y dóciles ante las presiones de los especuladores o simplemente de los ciudadanos carentes de escrúpulos (que los hay). Hay que ser muy exigente vigilando que nadie pueda privatizar las playas. Pero hay que acabar por siempre con el fraude colectivo de unas personas humanas que han confundido su título universitario de ingenieros (y de otras cosas. Doña Francisca, por ejemplo, es bióloga, como Ana Obregón) con el carácter de instrumentos del destino para devolver las playas al tiempo de Adán y Eva a coste cero porque ese coste  recae sobre las costillas de los ciudadanos.

Bueno, y aparte de repoblar la casa con funcionarios tan enérgicos como probos, piensen ustedes en la función didáctica. Los responsables se conducen con soberbia, y esto el pueblo lo lleva mal. Soberbia, arrogancia, chulería y abuso, sí. Sepan que no hay nada de malo, sino todo lo contrario, en explicar las medidas que hay que tomar en las playas y en tratar de convencer a sus destinatarios. Necesitan ustedes que alguien, o un equipo, dé a estas personas la sensación de que son escuchados. Alguien con mucha paciencia y capacidad que se reúna con ellos no en los madriles, sino en los sitios conflictivos, alguien que se meta en las tripas del problema, se rodee de víctimas y haga el supremo esfuerzo de hacer entender que ciertas medidas son necesarias. A los orgullosos ingenieros ni se les ha pasado por la cabeza una cosa así. Y a los políticos que están por encima de ellos menos aún, porque creen que los primeros tienen las cosas a buen recaudo. Tienen ustedes un problema muy agudo de mentalidad que les impide ver las cosas más sencillas.

Te quito la casa, te doy a cambio una concesión y luego te la rescato por CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS, como le sucede a un vecino de Cádiz, que por cierto no tiene otro techo. Ante esto, te caben dos opciones: O encuentras una casa para comprar por ese precio o te suicidas. Si alguien le llama a esto fraude colectivo, yo no lo voy a contradecir. Y si otro alguien lo llama fascismo cerril, a lo mejor hasta le aplaudo. Esto es lo que los ingenieros están haciendo y los políticos consintiendo.

La cosa es simple, señores y señoras del PP: aparte de la afición que le ha cogido su diputado D. Carlos Floriano a hacer bolos por las playas prometiendo un cambio en la ley de costas que nadie ha visto ¿Están dispuestos a admitir que tenemos un problema que requiere una intervención seria en las plantillas o se van a limitar a jalear el tema de costas en la campaña electoral para después dejar que los funcionarios en cuestión sigan persiguiendo a los ciudadanos?

Creo que es bueno para España que retiren ustedes de la circulación a las personas que he nombrado y les encomienden otras funciones. No que los humillen ni los posterguen ni los hundan, aquí no hay nada personal. Simplemente que los pongan a hacer otras cosas. Seguramente serán excelentísimos técnicos con capacidades y potencialidades que aguardan a manifestarse, quizá gloriosamente. Por ejemplo, sé que en Águilas, la ciudad de origen de Doña Francisca Baraza, hay tortugas silvestres ¿Por qué no encargarle un estudio de sus poblaciones, hábitos e incluso sexualidad? A los ingenieros los podrían poner a calcular estructuras, que es para lo que vinieron al mundo. Y así sucesivamente.

Vamos a hacer una España mejor. Podemos mantener las playas a raya de los amigos del ladrillo al mismo tiempo que respetamos a los ciudadanos, sus derechos y su dignidad, y rehabilitamos la imagen de nuestro país ante Europa. Puede hacerse. Tenemos que saber si el PP además está dispuesto a ello.