UN ABOGADO DENUNCIA EL SILENCIO DEL GOBIERNO CANARIO

noviembre 23, 2010

PUBLICADO EN

http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=10623

ELDIGITAL DE CANARIAS

DAVID CUESTA

Un abogado denuncia el ‘silencio’ del Gobierno canario en el Parlamento europeo

La Apmun no contesta desde julio de 2009 a una petición para suspender el derribo de una vivienda

Hasta el Parlamento europeo. La perseverancia del abogado José Ortega no tiene barreras a la hora de denunciar la situación de “indefensión” que sufre uno de sus clientes, Johan Weichselbaum, propietario de una vivienda ubicada en el municipio tinerfeño de Guía de Isora sobre la que pesa una orden de derribo dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), dependiente del Gobierno de Canarias.

D.C. / Santa Cruz de Tenerife

Un abogado denuncia el 'silencio' del Gobierno canario en el Parlamento europeo 
El abogado valenciano José Ortega.
El Digital de Canarias

Ortega presentó hoy una denuncia ante la Comisión de Peticiones del ente internacional por el “silencio” de la Apmun, que hasta el momento no ha contestado al letrado sobre una petición de suspensión de la demolición, prevista a partir del próximo 29 de noviembre. La solicitud del abogado valenciano, que se formalizó en julio de 2009, se sustenta en la interposición de un recurso en la Audiencia Nacional contra el deslinde que, según los argumentos de Ortega, ubica por “error” la vivienda en cuestión dentro de la servidumbre de protección, competencia del Gobierno regional y un espacio donde está completamente prohibido el aprovechamiento residencial.
 
Aunque hasta el momento nadie se ha dirigido por escrito al abogado para dar respuesta a su solicitud, lo cierto es que el letrado y su representado mantuvieron una audiencia con dos técnicos de la Apmun en enero de 2010, la arquitecta Teresa Abreu y la abogada Olga Castaño. Ortega asegura que las representantes de la agencia del Gobierno se mostraron tajantes a la hora de trasladar que el ente regional “no va a contestar a la solicitud de suspensión y no va a suspender excepto que reciba una orden del juzgado”. Una explicación que, según expone en la denuncia trasladada al Parlamento europeo, resulta “totalmente ilegal”, ya que la legislación establece que la Administración tiene que “contestar siempre” a todas las solicitudes que reciba. Ortega, en cualquier caso, tiene una hipotética explicación para la negativa de la Apmun.
 
 
“CREEN QUE ES UNA EJECUCIÓN DE SENTENCIA”
 
El entramado judicial que rodea al conflicto que vive este ciudadano instalado en Tenerife, pero de origen austriaco, se remonta a varias actuaciones anteriores. La primera, y la que el abogado considera el origen del problema, fue la elaboración del deslinde de la zona, que en opinión del abogado incluyó por error la vivienda dentro de la servidumbre de protección, a pesar de que en la tramitación de la línea demanial consta un documento que asevera que la parcela en la que se edificó la casa no se encuentra dentro del límite competencial del Gobierno canario.
 
Un hecho que se explica, como consta en la denuncia, por la decisión de Costas de mover tierra adentro la línea de ribera del mar, lo que provocó, a su vez, una modificación del límite interior de la servidumbre de protección, afectando a la casa pese a que nunca se notificó a los propietarios. Un extremo que, según el letrado, dejó “completamente indefensos” a los afectados. Pero es más, Ortega considera ilegal el cambio de la línea de ribera del mar, ya que la línea sitúa esta franja al pie del acantilado, en contra de la teoría aplicada por Costas, que se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la línea en la coronación del acantilado.
 
Una situación que provocó la decisión del dueño de la casa, sobre la que pesa una orden de derribo sobre toda la construcción pese a sólo afectar la servidumbre a una parte, de presentar un recurso judicial que, sin embargo, fue desestimado en primera instancia y en apelación.
 
La Apmun comunicó al ciudadano afectado la decisión del derribo en agosto de 2008, en base a una “ejecución material de sentencia”. Es en este punto donde aumentan las discrepancias entre las partes, ya que Ortega considera que la demolición está fundamentada  en una “decisión de la Administración”, según se expone en la última sentencia conocida en el conflicto.
 
Un cúmulo de hechos que lleva al abogado a considerar que los derechos de su representado han sido “pisoteados”, hasta el punto de exponer en la demanda que la Apmun “de forma voluntaria, declarada y consciente guarda en un cajón” la solicitud de suspensión del derribo.
 
Este digital ha intentado recibir una explicación del director de la Agencia del Gobierno canario, Pedro Pacheco, lo que en el día de hoy ha sido imposible por “encontrarse en Azores”, según informaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

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2 comentarios to “UN ABOGADO DENUNCIA EL SILENCIO DEL GOBIERNO CANARIO”

  1. Después de volver, tras varios años de ausencia, reconforta ver que hay un abogado que defiende a los desprotegidos y no simplemente a los que pagan.

    Conozco tu trayectoria y se que combates a los delincuentes más desalmados, a los que se esconden en las nóminas de nuestro gobierno para saquear a los ciudadanos y arrebatarles su propio hogar, gracias a la tan mentada ley de costas española.

    Así si me gusta este planeta, así si…
    Un fuerte abrazo de Juan Azarías

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