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 Costas admite un error en el deslinde de Bajo La Cuesta

Ortega presenta una demanda en el TSJC para que la Demarcación estatal haga un replanteo de la línea

El abogado José Ortega, defensor de los vecinos de Bajo La Cuesta y de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, presentó el pasado 13 de abril una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para exigir que la Demarcación estatal realice un replanteo de la línea de deslinde que afecta al poblado de Candelaria. La argumentación del letrado valenciano, entre otras muchas cuestiones, gira en torno a su defensa de la existencia de un error en el trazado del deslinde de 2006, que revisaba el anterior de 1969, y que ha sido admitido por un arquitecto técnico, por el Ayuntamiento sureño, el Cabildo tinerfeño y, curiosamente, por la propia Dirección General de Costas, como consta en el expediente al que ha tenido acceso este digital.

D.C. / Santa Cruz de Tenerife

 Bajo La Cuesta, en Candelaria.
El Digital de Canarias

Aunque en el documento se admite que “se detecta un error en la representación gráfica del deslinde vigente”, a continuación se afirma que se ha procedido a su “modificación”. Sobre las 50 familias de Bajo La Cuesta, de hecho, pesa una orden de derribo que, de momento, está suspendida por el TSJC. Costas también ha reconocido, de cualquier forma, que la desaparición de los mojones que delimitaban la línea obligó, al construirse la central de Unelco, a nuevos cálculos.

Una situación que ha motivado la demanda de Ortega en los tribunales, en la que se solicita que se incoe el expediente pero, a la vez, que “se condene” a la Administración a realizar este trámite, permitiendo la audiencia a sus representados, y “la fijación sobre plano del trazado que resulte”.

Los vecinos de Bajo La Cuesta defiende a ‘capa y espada’ que sus viviendas se construyeron fuera de dominio público en base al deslinde de 1969, un extremo negado por Costas a pesar de admitir sus propios errores en el expediente. La intención de Ortega es que el juzgado tenga en cuenta el derecho de sus representados a que se realice el replanteo, para comprobar quién tiene razón en la polémica.

Es cierto que existe una sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre de 2009 que ha sido interpretada por la Demarcación como favorable a sus intereses, aunque lo que los afectados solicitaron en aquel momento fue la anulación del deslinde que, ante la falta de pruebas, fue desechado por la Audiencia, que se limitó a dar por bueno el procedimiento. El abogado asegura ahora que ya dispone de esas pruebas, entre las que destaca un acta notarial de las declaraciones de un técnico municipal que lo confirma de forma rotunda y el replanteo realizado por un arquitecto, que asegura que el deslinde original iba por delante de las viviendas.

Los vecinos han denunciado en diversas ocasiones las dificultades con las que se han encontrado para poder ejercer una defensa “digna” de sus intereses. Este digital fue testigo de un agravio sufrido la semana pasada en las oficinas de la Dirección General de Costas, ubicadas en el edificios Múltiples I de la capital tinerfeña, donde se negó a los afectados la consulta del expediente, cambiando de criterio, sorprendentemente, tras presentarse los vecinos en las dependencias con un notario.

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CANDELARIA > LOS VECINOS DE BAJO LA CUESTA VUELVEN A LOS TRIBUNALES

El TSJC decidirá si obliga a Costas a revisar el deslinde

Es “repugnante” que se “inventen el por qué del derribo” y y denieguen “una simple comprobación”, dice la demanda
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E. HERNÁNDEZ

CANDELARIA

El abogado de los vecinos de Bajo La Cuesta, José Ortega, (también asesor de la Plataforma Nacional de afectados por la Ley de Costas), presentó el pasado martes en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una demanda contra la Demarcación de Costas por entender que, de forma contraria a derecho, esta Administración Pública se niega, como se reproduce en la demanda, a realizar “una mera y simple comprobación” abriendo un expediente de replanteo de la línea de deslinde público marítimo terrestre, hecho que considera “repugnante”, ya que se “inventan el motivo del derribo” de las casas.

Ortega solicita a la Sala que dicte sentencia que declare el derecho de sus representados a que se incoe el expediente pero también que “se condene” a la Administración a realizar este trámite, permitiendo la audiencia a sus representados, y “la fijación sobre plano del trazado que resulte”. Aunque a la demanda se adjuntan documentos con los que se intenta probar que el deslinde actual parte de un “error grave” que cometió la Demarcación de Costas en el replanteo de la línea de 1969, se aclara que “no se aportan” a fin de obtener una sentencia que condene a la Administración a reconocer” que el deslinde discurría delante de las viviendas, “sino para llevar a la Sala al convencimiento de que existen elementos objetivos que permiten dudar de que la línea correcta sea la que pretende la Administración, y que por tanto, aconsejan la comprobación, tantas veces pedida”.

La demanda recuerda que Costas se negó en 2008 a realizar el replanteo al considerar que ya estaba hecho, con la aprobación del deslinde por orden ministerial en 2006, a partir del apeo realizado en 1998, que se “limitó a confirmar” el deslinde de 1969.

Costas reconoce que la desaparición de los mojones que delimitaban la línea de deslinde al construirse la central de Unelco obligó a nuevos cálculos y que incluso se detectó entonces un “error”, como consta en el expediente. La falta de mojones, tanto en la central como frente al barrio, impiden que se pueda comprobar in situ que la línea dibujada por la Demarcación coincide con la realidad. La Demarcación interpreta que la sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre de 2009 le da la razón, pero Ortega recuerda al TSJC que los afectados pidieron a la Audiencia anular el deslinde y que, ante la falta de pruebas, se limitó a dar por bueno el procedimiento. Ortega explica en su demanda que ya tienen esas pruebas y que de la sentencia se interpreta que pueden presentar un replanteo de deslinde, elaborado por un arquitecto técnico y que confirma que las viviendas quedan detrás del deslinde tras solucionar el error de la central, y un acta notarial de las declaraciones de un técnico municipal que lo confirma.

Costas cambia, ante notario.

Según eldigitaldecanarias.com, los vecinos de Bajo La Cuesta fueron la semana pasada a la Demarcación para solicitar su derecho a ojear el expediente de deslinde. Se les negó por ausencia del todo el equipo de Costas. Los afectados volvieron con un notario que se procedía a levantar acta, cuando apareció un jefe de Servicio.

 

A la luz de nuevas “pruebas”

“Las casas, construidas detrás de los mojones”. “Después del amojonamiento, comenzó la construcción y urbanización del barrio de Bajo La Cuesta, que quedó, en su integridad, tierra adentro de la línea delimitada por los mojones, lo que he podido comprobar personalmente,en numerosas ocasiones. Esos mojones fueron visibles muchos años de las casas donde hoy discurre la carretera asfaltada y se perdieron con motivo de dicho asfalto” , sostiene Ortega.

Ante notario, lo dice un técnico municipal. En la demanda se adjunta la copia del acta notarial de las manifestaciones de Francisco José López del Amo Campos de Orellana, aparejador al servicio del Ayuntamiento de Candelaria que el pasado 18 de marzo de 2010 declara que trabajaba en el Consistorio “desde el 11 de junio de 1985” y que “en esa calidad” conoce que se colocaron mojones indicando el trazado del deslinde de 1969.

Lo apoya el replanteo de un arquitecto técnico. David Rodríguez Amador firma un replanteo que concluye que “el deslinde de 1969 no iba por detrás de las viviendas, sino por delante”

“Lo que pidió la Audiencia Nacional”. Recuerda la demanda de los vecinos que éstas “son justamente las pruebas que la sentencia de la Audiencia Nacional” dice que no se aportaron. “Ahora se pueden incluir en el replanteo”, dice la demanda.´

José Ortega

Abogado