EL DIGITAL DE CANARIAS

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Los vecinos se niegan a dejar sus casas y el Ayuntamiento de Candelaria decide llevar el problema a los juzgados por riesgo de desprendimientos Los vecinos de Bajo La Cuesta viven sumidos en una constante incertidumbre. Un sinvivir que comenzó en enero de 2008, cuando la Dirección General de Costas emitió una orden de derribo del poblado de Candelaria, donde residente unas 50 familias. Desde entonces, sólo un momento de cierto respiro: la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 14 de julio de 2009. Cuando parecía que la situación podría reconducirse, sin embargo, un nuevo revés sacude a Bajo La Cuesta. Costas trasladó al Ayuntamiento a finales del pasado mes de enero un informe que insta al desalojo de la población de la zona por un posible riesgo de desprendimiento (el poblado se encuentra bajo un acantilado), ratificado el jueves por técnicos del Consistorio sureño.

D.C. / Santa Cruz de Tenerife

 El problema es que el Gobierno que lidera el socialista Gumersindo García se ha topado con un revés inesperado. La totalidad de las 50 familias afectadas han decidido permanecer en sus viviendas bajo su responsabilidad. Con una postura firme, los vecinos trasladaron la decisión a los agentes de la Policía Local que a lo largo de la tarde se acercaron al poblado para informar de la decisión del Ayuntamiento de acometer el desalojo. Una situación que ha generado una controvertida respuesta del alcalde, que aseguró a este digital que llevará el conflicto a los juzgados para que se fuerce el abandono de las casas.

Durante la tensa jornada de hoy, las versiones que se han aportado desde ambas partes no han ido cogidas de la mano. Según los afectados, el Consistorio inicialmente trasladó que la decisión estaba relacionada con la alerta naranja que afectará en las próximas horas a la Isla, aunque horas después emitió un Decreto en el que se informaba de la existencia de dos informes que alertaban de desprendimientos en la zona. Contradicciones que han abierto la caja de las sospechas, ya que tanto los vecinos como su abogado, el representante de una Plataforma nacional que intenta frenar los efectos de la aplicación de la Ley de Costas, José Ortega, coinciden en plantear la posibilidad de que la orden de la administración estatal esté relacionada con un posible interés de dejar vacío el poblado para evitar un drama como el de Cho-Vito llegado el momento de derribar.

El Consistorio, de hecho, no ha puesto aún una fecha de regreso para los residentes de Bajo La Cuesta en caso de que decidan abandonar sus viviendas, lo que genera una incertidumbre que alimenta la oposición vecinal. Ortega aseguró esta tarde que también tomará las acciones legales pertinentes para que los vecinos puedan seguir en sus casas si esa es su decisión, y recordó que hasta que la Justicia se pronuncie “pasarán al menos dos meses”. Un tiempo que consideró más que suficiente para que el Ayuntamiento solucione el problema en la zona y garantice la seguridad de los afectados. García, sin embargó, insistió en que necesita que se desocupen los inmuebles para poder acometer los trabajos necesarios. “Ya se fueron seis meses cuando las obras de ampliación de la autopista”, aseveró el alcalde. En aquella ocasión, no obstante, las 50 familias tenían mucho más claras las causas y consecuencias de su traslado temporal.

FALSOS ANUNCIOS

En medio de esta enredada situación, varios mensajes incongruentes se lanzaron desde el Consistorio sureño. Cuando un redactor de este digital, acompañado de un compañero de ‘Diario de Avisos’, se trasladó al poblado a las 19.00 horas, decenas de personas se encontraban en la calle. Pocos minutos después, Televisión Canaria informaba de que toda la población había sido desalojada, a la vez que preguntaba en directo a García por la situación. Una confusión generada a raíz de una nota de prensa emitida desde el Ayuntamiento, que este periódico contrastó telefónicamente. Fue entonces, tras conocer que la realidad era otra, cuando se personó por segunda vez el alcalde en Bajo La Cuesta.

García, al comprobar que ninguna familia abandonaría su hogar, anunció que llevaría la polémica a los juzgados “por responsabilidad”. El dirigente del PSOE incidió en que no puede “dejar que los afectados se queden por lo que pueda pasar”. También hizo hincapié en que está “del lado de los vecinos de Bajo La Cuesta” en la defensa contra los derribos. Aunque llama la atención que Costas decidiese emitir un informe de motu proprio, lo que Ortega considera que está fuera de su competencia al no ser dominio público todo el acantilado, García defendió la actuación de la administración estatal, que justificó por los desprendimientos ocurridos a finales de 2009 en una playa de Santiago del Teide, donde perdieron la vida dos bañistas.

El alcalde también explicó que ha solicitado esta semana un nuevo informe del Gobierno regional, competente al tratarse de una zona de servidumbre de protección. Pese a que también defendió que la orden de desalojo se ha acelerado por la alerta meteorológica, y al hecho de que conocía el dictamen de Costas desde el pasado enero, expuso que no tomó la decisión durante las diferentes alarmas que se han producido este mes porque quería esperar “a que los técnicos municipales lo ratificaran”.

 En el informe del ente estatal se solicita que, además del desalojo, se proceda al corte del suministro de agua y luz, aunque el Ayuntamiento ha decido ignorar esta petición. Una extraña intención por parte de Costas que enciende aún más la desconfianza vecinal. ¿Qué interés tiene en que la zona se quede sin ningún tipo de suministro?

Dudas que también despiertan la desconfianza de los dos líderes de la oposición en el Consistorio, el nacionalista Pedro Méndez y el ‘popular’ José Fernando Gómez, que acompañaron a los vecinos durante toda la tarde. Ambos coincidieron en la necesidad de seguir las recomendaciones técnicas, aunque aseguraron que solicitarán nuevos puntos de vista al Gobierno de Canarias.

 UN ERROR TÉCNICO

Nadie duda de que la sombra de Cho-Vito envuelve a la Ley de Costas desde su trágico derribo. Bajo La Cuesta, sin embargo, tiene una ventaja sobre la mayor parte de los numerosos núcleos poblacionales afectados por la normativa estatal. Según los argumentos del abogado de la Plataforma, Costas cometió un “flagrante” error técnico a la hora de trazar el deslinde de 2006, que no respeta la línea establecida en 1969. Una circunstancia que, entre otras circunstancias incomprensibles, supondría que los vecinos de la zona habrían sobrevivido al paso de auténticos tsunamis que, curiosamente, desaparecen según el deslinde a la altura de la central de Caletillas. La situación es tal que cuando el letrado pidió la suspensión cautelar de la orden de derribo, el abogado del Estado ni rechistó. Un claro síntoma de que Costas no las tiene todas consigo.

 La Plataforma asesorada por Ortega ha conseguido frenar el impacto de la legislación en varias ocasiones. Un informe de más de 100 páginas redactado por el prestigioso abogado valenciano ha conseguido colarse en el Parlamento Europeo, que a finales de 2008 decidió iniciar una investigación para dilucidar los posibles abusos cometidos por la aplicación de la normativa estatal.

El complicado futuro de Bajo La Cuesta está en manos de la Justicia; aunque antes de preocuparse de una posible llegada de las palas que acometerán el derribo, los vecinos tendrán que resolver el problema creado por la situación de riesgo generada por los dos informes oficiales emitidos hasta el momento. Ellos dicen que en más de veinte años nunca han tenido problemas de desprendimientos… aunque nunca se sabe. Ahora, de cualquier forma, las circunstancias que rodean a Bajo La Cuesta son distintas.

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    Hace unos meses me sucedió algo único (y temo que irrepetible) en mi carrera profesional. Formulé recurso judicial contra las recuperaciones posesorias de Bajo la Cuesta (Candelaria, isla de Tenerife), solicité la suspensión cautelar y el Abogado del Estado no se opuso. Esto no es solo inusual, es inaudito, inimaginable y cualquier cosa que empiece por in.

   Desde luego que no es mi mérito. Aquí han influido circunstancias extrañas al derecho aunque sospecho que no a la política. El barrio de Bajo la Cuesta está junto al de Cho Vito. Ya sabe todo el mundo lo que pasó allí. Recuerdo que el día 4 de septiembre de 2008 la entonces nueva, novísima, Directora General del ramo reunió a todos los jefes de costas para darles imagino que directrices y todo eso. Solo sé que les trasladó la preocupación del Gobierno por la mala imagen de su departamento (evidentemente a raíz de las denuncias públicas de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas) y pidió a los jefes de costas que procurasen mejorar su imagen y venderse mejor ante la opinión pública. Si hubiera puesto un circo puede que los enanos le hubieran crecido desmesuradamente, a juzgar por lo que pasó al mes siguiente, cuando el poblado de Cho Vito se transformó en algo parecido a Vietnam.

  Las imágenes de los guardia civiles llevándose por la fuerza a ancianas de edad provecta dieron la vuelta al mundo y ésta fue la forma en la que la Jefatura Provincial de Costas de Tenerife cumplió con la directriz de venderse mejor ante la opinión pública. Pues bien, me da a mí que en el Gobierno se quedaron mosqueados y que les iba fatal la posibilidad de un Cho Vito II, sobre todo conociendo la combatividad de los vecinos de Bajo la Cuesta. Y me da a mí que alguna directriz tuvo que llegar de Madrid para que sucediera algo tan extraordinario como que el Abogado del Estado no se opusiera a la petición de suspensión cautelar. O eso, o alguna figura protectora ha dicho dos o tres palabras adecuadas en el sitio adecuado. Así que esas familias tienen una orden de derribo muy amenazante y muy fea pero sin embargo están a salvo hasta que haya sentencia.

 Antes de seguir quiero adelantar que la disputa en Bajo la Cuesta tiene que ver con el replanteo correcto del deslinde de 1969. Los ingenieros pretenden que la línea ya iba por el acantilado y por lo tanto que las viviendas se construyeron ilegalmente dentro del dominio público. Los vecinos sostienen lo contrario. Si tienen razón los ingenieros, las viviendas habría que demolerlas. Si tienen razón los vecinos (como el deslinde reciente sí los ha incluido dentro del dominio público) habría que darles la concesión de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas. Así que vivir o morir depende de por dónde iba la línea de 1969, algo difícil de determinar hoy día.

 Ahora bien, hace unos veinte días tuve el honor de visitar la Jefatura Provincial de Costas de Tenerife y hablar con su ingeniero jefe, D. Carlos González, a quien encontré particularmente irritado conmigo a cuenta del derribo pendiente en Bajo la Cuesta. Yo iba para hablarle de otra cosa (una minucia: en otra parte de la isla se va a producir un derribo por error, pero esto no le inquietó nada) y fue él quien sacó el tema de Bajo la Cuesta. Estaba irritado, sí. Pensé en el momento que esa actitud no casaba con la del Abogado del Estado pero no le di demasiada importancia.

 Bien bien… resulta que en enero los técnicos de la Jefatura Provincial de Costas se pasaron por el barrio para hacer fotos del acantilado. Las aproximadamente cincuenta viviendas están situadas al pie de una pared rocosa y por lo visto los técnicos querían asegurarse de que no se iba a caer de repente, como había sucedido hacía dos meses en Los Gigantes con el resultado de un par de personas muertas.

 Ayer a mediodía (escribo en la madrugada del domingo pero lo cuento como sábado) me llamó Antonio Oliva para decirme que se había presentado en el barrio un concejal diciendo que había que desalojar las viviendas por el peligro de desprendimiento del acantilado y teniendo en cuenta que para esa noche se esperaba en la isla un huracán. Todo el resto de la tarde fui recibiendo llamadas para expresar inquietud, consultar dudas y preguntar qué debían hacer los vecinos, y así fue hasta las once de la noche. Claro que, estando de por medio la seguridad de vidas humanas, ni se me ocurrió recomendar a los vecinos desobedecer la orden. Lo que pasa es que el tema traía cola.

 La cosa es que el alcalde publicó el mismo viernes un decreto ordenando el desalojo por razones de seguridad. Si no sabemos una palabra del asunto, la cosa no tiene nada de particular. Pero si sabemos, empezamos a hacernos preguntas hasta el extremo de ver el decreto como el mapa de un tejemaneje de influencias y resistencias. Para entenderlas es preciso tener en cuenta estos antecedentes:

 -Los vecinos, con razón o sin ella, siempre han creído que el alcalde de Candelaria estaba contra ellos. En junio de 2008 se me ocurrió jugar al ataque en vez de a la defensa y pedir un deslinde en la calle de la Arena y la plaza de la Candelaria (el corazón de la ciudad), que están construidos sobre la playa. Será casualidad, pero al poco el Ayuntamiento aprobó una moción de apoyo a los vecinos y desde entonces el alcalde ha dado muestras de respaldo que considero (que Dios me perdone) sinceras.

 -Los vecinos, con razón o sin ella, siempre han creído que el concejal de urbanismo estaba contra ellos. Yo solo tuve ocasión de hablar con él en una ocasión y me pareció un poco sieso pero no sé más del tema. Dicen que en una reunión de todas las partes implicadas que tuvo lugar en la Jefatura Provincial de Costas se pronunció claramente a favor de los ingenieros y por tanto en contra de los vecinos, y hasta ahí llego.

 -Por algún motivo que quizá sea mejor no explicar, existe o parece que existe un interés muy marcado en derribar Bajo la Cuesta. Así me lo dijo el ex ingeniero de costas Mariano González Becerra unos cuantos meses antes de morir de un infarto (así que ni él lo puede ratificar ni yo lo puedo demostrar). Me dijo que en Madrid estaban empeñados en derribar este barrio. Los posibles por qués me los han trasladado los vecinos, pero decididamente es muuucho mejor que no los cuente aquí.

 -Lo que en Madrid aparece como simple interés, en la Jefatura Provincial de Costas de Tenerife adquiere visos de obsesión. Lo digo porque el aparejador que trabaja con nosotros me ha trasladado una opinión muy preocupante sobre las propuestas de los técnicos de costas para justificar la ubicación de la línea de 1969. Muy, muy preocupantes y relativas a una posible alteración de planos. Esto no es algo que pueda afirmar de manera contundente porque no lo he comprobado. Pero cuando lo compruebe, si es así, formularé querella criminal por falsedad en documento oficial. La cosa está así y yo siempre he tenido la sospecha de que los técnicos de la Jefatura Provincial de Costas se equivocaron en los cálculos para replantear la línea de 1969 y quieren ocultar su error a toda costa porque si se descubriera tendrían que dar muchas explicaciones ante sus superiores. Sospecha digo, no convencimiento. Convencido estoy de que se equivocaron en el replanteo porque me lo dice mi técnico y me fío de él. La intencionalidad con la que se pretende esconder el error es una conjetura pero una conjetura necesaria porque necesito explicarme por qué una persona en su sano juicio se empeña en lo que parece un error, incluso auque ese error lleve consigo el derribo de cincuenta viviendas y lleve la tragedia a esas familias. Los humanos necesitamos darle una explicación a las cosas.

 Por lo demás, en la Jefatura Provincial de Costas no escatiman el juego sucio. El mismo viernes, Lucia, siguiendo mis instrucciones, se pasó por allí para consultar el expediente de deslinde y no se lo dejaron ver. Así de rotundo y así de humillante. Juegan SUCIO.

 O sea, que tenemos un escenario que es aproximadamente el siguiente: el alcalde parece que está a favor de los vecinos, el concejal de urbanismo parece que está en contra y los señores de costas lo están sin duda. O, para hacerlo más despersonalizado, el alcalde no está convencido de que el barrio deba derribarse y el concejal y los ingenieros de cosas sí lo están. Explicado esto, analicemos el interesante decreto:

 -En primer lugar, da cuenta de un informe técnico de la Jefatura Provincial de Costas poniendo en duda la solidez del acantilado y recomendando el desalojo de las viviendas por razones de seguridad.

 -En segundo lugar, recoge un informe de los servicios técnicos municipales que se muestran de acuerdo con los de Costas y aconsejan no solo el desalojo de las viviendas sino también la prohibición de circulación por la única calle allí existente y además el corte de los suministros de luz y agua a las viviendas.

 -En tercer lugar, el alcalde se limita a ordenar el desalojo (esto es, que rechaza prohibir la circulación por la calle y el corte de suministros).

 Estos son los datos ¿alguien tiene alguna teoría? ¿Quién puede leer entre líneas?

 Caben dos opciones:

 OPCIÓN A: TEORÍA DE LA NORMALIDAD

Las instituciones funcionan, sus representantes son responsables, la seguridad de la vida humana se mima y la vida en general es bella.

 OPCIÓN B: TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

Antes de enunciar esta teoría advierto que es solo una conjetura y que con ella no pretendo lanzar ninguna acusación. De hecho, me parece improbable y lo que viene a continuación vamos a calificarlo de ejercicio mental para mantener activas las sinapsis entre neuronas. Allá va:

 Imaginemos que el gobierno, asustado con las consecuencias de Cho Vito, lanza una directriz política para dilatar el derribo de Bajo la Cuesta.

 Imaginemos que esa directriz molesta en la Jefatura Provincial de Costas de Tenerife, que está, por así decir, en la trinchera y deseosa de cumplir con su deber.

 Imaginemos que la directriz tampoco le gusta mucho al concejal de urbanismo, puesto que, como hemos visto, también cree que las viviendas deben derribarse.

 Imaginemos que la Jefatura Provincial de Costas se toma la iniciativa de revisar el acantilado de Bajo la Cuesta (lo mismo que muchos otros) y su conclusión de que puede sufrir desprendimientos está un poco, solo un poco, influida por su obsesión por derribar el barrio.

 Imaginemos que el concejal de urbanismo, al recibir un informe que nadie ha pedido, encarga informe a sus propios servicios (es de suponer que los servicios técnicos municipales son los de la oficina técnica de urbanismo), que no solo aconsejan el desalojo, sino también la circulación por la calle y algo tan inaudito como el corte de suministros, que es justamente lo que se hace cuando se va a derribar una vivienda o establecimiento.

 Imaginemos que el concejal le pone delante al alcalde (amigo de los vecinos) esta situación: por razones de seguridad (y ahí van no uno, sino dos informes), tienes que tomar medidas inmediatamente. Imaginemos que el alcalde se ve pillado, porque las razones de seguridad no son un juego, pero que cede en lo justo, no en todo, y que ordena el desalojo y no todo lo demás.

 Todo esto, claro, no es más que una imaginación, un ejercicio mental y una forma de divagar. No es una acusación.

 Elementos de valoración (solo como hipótesis de trabajo y el fenómeno imaginativo continúa):

 -Habría sido muy descarado que fuera la Jefatura Provincial de Costas la que aconsejara el corte de suministros.

 -El alcalde puede ordenar el desalojo de las viviendas pero no puede ejecutarlo sin previa autorización judicial (debido a la protección constitucional del domicilio, menos mal). Pero la prohibición de la circulación por la calle es una forma indirecta de desalojar a los vecinos sin esa autorización judicial y por lo tanto de violar por medios  indirectos un derecho fundamental de la persona: basta que la policía cace a los vecinos cuando salen de su casa por la mañana para ir a trabajar y les aplique una sanción o incluso los detengan (por su bien, se entiende, para que no les caigan piedras encima, aunque sean inexistentes).

 -La pretensión de corte de suministros es la monda. Que yo sepa no tiene nada que ver con un desalojo por motivos de seguridad. Parece, y me perdonarán, un medio coactivo para hacer imposible una resistencia numantina de los vecinos en el interior de sus viviendas, agarrándose a su derecho constitucional al domicilio como a un salvavidas. Desde luego, nuevo procedimiento indirecto para violar un derecho fundamental de la persona recogido en la Constitución.

 -El acantilado no es competencia de la Jefatura Provincial de Costas sino en sus primeros treinta metros y tiene muchos más (es un pedazo de monte enorme). Desde luego no es que los ingenieros no puedan hacer un informe, pero no son los más indicados, en especial cuando nadie se lo ha pedido. Se trata, en mi opinión, de una competencia de la autoridad de medio ambiente del gobierno de Canarias o del Cabildo Insular. Resulta raro no solo que la Jefatura Provincial de Costas actúe de oficio en un espacio sobre el que carece de competencia, sino que el órgano competente sea el único que no ha sido consultado. Y resulta notable que el Cabildo, que es uno de esos órganos que creo competentes y que no han sido consultados, ha dado muestras claras de estar a favor de los vecinos y en contra del derribo. De hecho, se tomó la molestia de redactar un proyecto de paseo marítimo en la zona que la Jefatura Provincial de Costas rechazó de plano acusando a los vecinos de haberse apropiado ilegalmente del dominio público.

  Fin del ejercicio mental. Ahora la realidad:

  -Pese a las amenazas e informaciones sesgadas, ningún vecino de Bajo la Cuesta abandonó anoche su hogar.

  -El huracán que se suponía que iba a deshacer el acantilado ni siquiera se notó. Por supuesto que el acantilado no se partió en dos y de él no cayó nada.

   -El alcalde va a pedir autorización judicial para que la policía entre en las viviendas a desalojar a los vecinos.

  -Ningún técnico del Gobierno de Canarias ni del Cabildo se atreverá a hacer un contrainforme, porque la fatalidad siempre puede hacer que caiga un pedrusco y cause alguna desgracia. Ante la duda, ya saben.

  Y ahora unas preguntas:

  Si realmente tenemos una situación de peligro inminente para la vida humana ¿por qué el Ayuntamiento ha esperado tanto tiempo en reaccionar después de recibir el informe de Costas el 19 de enero?

   Ante ese riesgo inminente ¿Qué es mejor, emplear unas mismas semanas en un procedimiento judicial para desalojar a los vecinos o emplear esas mismas semanas para asegurar el acantilado?

   Ayer me preguntaba un periodista qué creía yo que se podía hacer en caso de que el aseguramiento del acantilado fuera imposible. Le contesté que no era razonable que no se pudieran hacer trabajos de consolidación estando en la fecha en la que estamos y después de que el hombre ha sido capaz de hacer casi cualquier cosa.

   Y aquí tenemos la prueba del siete para comprobar si hay normalidad o hay conspiración: Si el alcalde se empeña en invertir unos dos meses en desalojar a los vecinos para después dejar que alguien se ponga a reparar la pared, a mí me sonará a conspiración y entonces todo era un cuento. Si el órgano competente se pone inmediatamente a los trabajos, me parecerá normalidad y entonces todo estaba bien hecho.

   He dejado para el final una cosa. La única calle que hay en la zona, a la que me refería antes, se llama MANUEL OLIVA MARTÍN. Manuel Oliva Martín era el padre de Antonio Oliva. No le pusieron su nombre a la calle por ser un tipo resignado ni crédulo. Doy fe de que a su hijo, que dirige y organiza a los vecinos, le pasa igual. Es un tipo modesto pero indómito y hace falta ser muy listo para engañarlo. Así que ustedes verán.

 Vamos a seguir en esta lucha y cavaremos un pozo tan profundo como haga falta para rescatar la verdad.

 José Ortega

 abogado

 

En 1979 yo estaba en la Universidad. Había separatismo en Canarias. Lo fomentaba un movimiento llamado MPAIAC. Su jefe era un señor llamado Cubillo. Hubo bombas y atentados. Murió algún policía, la cosa era seria.

 El separatismo, el terrorismo y el MPAIAC desaparecieron de pronto, de un día para otro. Creo que poca gente se dio cuenta de que eso sucedió justo después del referendum de la OTAN y si alguien no lo pilla que me lo diga y se lo explico un poco mejor.

En estos meses está volviendo. Cuando voy a Tenerife, que es muy a menudo, me cojo un periódico que se publica allí y que siempre tiene una editorial surrealista pidiendo la independencia de Canarias. Pero ahora no son las potencias militares y políticas que nos coaccionan para que formemos parte de un bloque militar. Ahora somos nosotros, idiotas perdidos, los que estamos disipando la ilusión de ser español.

 España tiene eso. Pueden faltar científicos y filósofos, pero arrogancia desde luego no. Las Cortes hicieron una ley para prevenir la destrucción de las playas del Mediterráneo y los ingenieros de costas vienen y la aplican a Canarias pensando que un poblado miserable de isleños más pobres que las ratas es lo mismo que una urbanización de Torremolinos (donde, que yo sepa, no hacen lo mismo, por cierto). Es decir, que la aplican a lo burro y a lo bestia, con una política de pico y pala, que es la expresión que usó el entonces Delegado del Gobierno en Canarias, cuando me fui por allí a dar ruedas de prensa en febrero de 2008. Este señor, dicho sea de paso, ya cesó y no sé qué hace ahora. Puede que empuje un carrito como delegado de su esposa en el hipermercado.

 Y resulta que ahora los ingenieros de costas son otra vez los godos y los peninsulares. Y que están alimentando ese sentimiento de que de Madrid solo llegan abusos y demoliciones y por lo tanto la semilla de ese otro sentimiento de que somos canarios, no españoles. Lo sé porque lo vivo, porque ceno y como con ellos y me lo dicen, no me lo estoy sacando de la manga.

Yo no sé si hay algún político que lo vea, supongo que no. Pero está creciendo. Hasta ahora pensaba que los ingenieros de costas conformaban una secta de pensamiento integrista que estaban haciendo daño a la sociedad. Ahora sé que además con sus maneras inflexibles están haciendo daño a la unidad política de España, fíjate qué mal rollo.

 Es otro motivo para que alguien haga algo. A ver si aún podemos evitar que el país se nos caiga a trozos.

 

ADVERTENCIA

  No entiendo de economía ni de agricultura ni tampoco tengo la presunción de dar lecciones a los que sí entienden, pero todos tenemos derecho a opinar y este documento no es más que una opinión. No obstante, soy partidario del filósofo Max Frisch cuando escribe que siempre hay que perseguir la utopía. No importa que parezca inalcanzable, porque su búsqueda nos ennoblece.  Se trata de una versión de la propuesta del poeta mejicano Amado Nervo cuando advertía que nos es lícito esperarlo todo de la vida, de la receta de otro poeta, Baudelaire, al afirmar que hay que estar siempre ebrios, de vino de poesía o de virtud, pero embriagaos, y de la consigna de 1968, seamos realistas, pidamos lo imposible.

 Cada uno de esos pensamientos y consignas nos marcan el mismo camino, el de que hay que creer, luchar y tener esperanza. En luchas anteriores la suerte me ha acompañado, por lo que puedo constatar que la determinación funciona y que es muy cierto que sí podemos.

 Claro está que ni filósofos ni poetas son especies propias del bosque de la economía, pero posiblemente esta ciencia sea demasiado importante para dejársela a los economistas.

 UNA ECONOMÍA ENFERMA

 Es una pérdida de tiempo referirse a la crisis y al desconcierto general sobre cómo hacerle frente. También está de sobra remarcar la más que evidente pérdida de prestigio de España en el marco de la UE con motivo de las opiniones de los grandes mercados financieros y las acusaciones a nuestro presidente de hacer zapping con la economía del país.

 El llamado plan E de reactivación de la economía puede ser opinable pero las opiniones que yo he escuchado son malas. La mía no es mejor. Las obras públicas fueron siempre un motor de la economía (y muy usadas en las dictaduras, incluyendo a Primo de Rivera, aunque la observación carece de intencionalidad) pero no parece que el plan E haya servido de mecha de encendido para poner en marcha ningún ciclo económico nuevo. Por así decir, poner bancos en un parque es una obra que empieza, se desarrolla y termina sin cambiar ni un poco la atonía económica de la sociedad circundante al parque y al banco.

  En cuanto a las sucesivas fórmulas ensayadas por el presidente del gobierno para mejorar la situación pueden no ser lo mismo que un zapping sin criterio, pero lo parecen.

 GASEOSA Y TIRANÍA DE LO INMEDIATO

 Los políticos tienen que dedicar gran parte de su tiempo a apagar fuegos y no les queda ninguno para lo que podríamos llamar pensar en grande o simplemente para ver más allá. Problemas estrictamente individuales (cómo mantenerse en el cargo en la lucha de las familias políticas), de partido (la estrategia de la próxima contienda electoral) e institucionales (un servicio público agotador) creo que les seca esa parte de las emociones y la mente que tendría que dar respuesta nueva al desafío nuevo. Un político es un señor o señora que por lo general vive sofocado y trabaja contrarreloj. Imposible que de ahí salgan una mirada serena y un planteamiento global. Por eso se dejan asesorar por los expertos, pero esos expertos, embebidos en las teorías que aprendieron en la Universidad, suscritos a las fórmulas habituales y abonados al discurso dominante, tampoco suelen ver más allá.

 Es evidente que, dejada a las leyes del mercado, tanto la sociedad como la economía se mueven con una inercia poderosa. El discurso dominante no es más que una teorización de la bondad de esa inercia. Las fórmulas de los economistas, procedimientos para que ese vehículo en marcha no se estrelle. Imaginemos al Barón de Munchausen volando con destino desconocido sobre la bala de un cañón:

  -La explosión de pólvora en el cañón es como el impulso hacia delante de la economía (hacia la continua expansión de mercados y el gigantismo empresarial en el contexto de la globalización).

   -La inercia de la bala es como la de la economía, que avanza sola con arreglo a sus propias leyes (en este contexto, las leyes del mercado son tan indiscutibles como las leyes físicas, una de las cuáles se refiere precisamente a la inercia de los cuerpos en movimiento)

   -El barón de Munchausen podría representar al cuerpo social, cuya fortuna depende del destino de la bala, de su trayectoria y de su inercia. Puede que si nos agazapamos y nos abrazamos a ella podamos incrementar su velocidad en una micra, que si nos erguimos hagamos vela y la reduzcamos en otra micra, que si extendemos un brazo podamos desviarla mínimamente a babor o estribor, pero poco más.

   Ni a los políticos ni a los economistas se les pasa por la cabeza detener e invertir el movimiento de esa bala de cañón imparable que es la economía. Creen, sin razón, que la globalización es una fuente de oportunidades (puede que para algunos pero también lo es de tragedias para muchos), que las leyes de la economía son un dogma indiscutible y que esa poderosa inercia es superior a toda fuerza humana.

   El hecho de que la economía de mercado deje a los gestores políticos un margen de maniobra realmente mezquino forma parte de las mismas reglas. Lo queramos o no, un presidente de gobierno o un ministro de economía son hoy algo muy parecido al gerente de una sociedad anónima: Su misión es hacerla funcionar y presentar una buena cuenta de resultados. El margen para la ideología es casi simbólico. Es cierto que el presidente Zapatero proclamó que no pensaba negociar su política económica con el partido popular porque estaba basada en su ideología de izquierdas e imagino que sus repetitivas proclamas sobre el carácter intocable de la protección social tienen mucho que ver con ello. Pero esto sólo demuestra que el interesado podría estar saliéndose de esas estrictas reglas de la economía de mercado y que su fidelidad a la ideología podría quizás conducirle a su próxima salida de La Moncloa.

  No cabe duda alguna de que la estrechez de margen de maniobra no viene sólo de las reglas de la economía de mercado, sino del poder de los grupos de presión empresariales, que con sus chantajes e imposiciones erosionan la poca libertad que aún le queda al gestor público.

   Esta estrechez de márgenes a menudo nos plantea una contradicción que pronto se transforma en un problema ético del que nadie habla. Bajo mi punto de vista, la expresión desarrollo sostenible es una falacia porque todo progreso económico (tal como lo entendemos) exige el aprovechamiento de los recursos naturales hasta el límite de la destrucción del entorno. La industria de la automoción, por ejemplo, es lesiva  para el medio ambiente, pero hemos de fomentarla para conservar el empleo y para que el dinero se siga moviendo. De esta manera el impulso hacia delante de la economía actúa como un chantaje sobre los valores en los que creemos.

 Hoy, bajo estas reglas, un político es un gerente. Pero las cosas que requieren la atención diaria y permanente de este gerente (las cuentas públicas, el desempleo), siendo grandes, siguen siendo a su manera pequeñas. Para pensar soluciones nuevas se necesitan filósofos o algo parecido, capaces de verlo todo y pensar en grande. Platón propuso que la ciudad estuviera gobernada por filósofos. Yo no, desde luego, pero comprendo la necesidad de que alguien pueda retener la debida serenidad para ver más allá. Entre los políticos en activo es muy popular la despectiva frase los experimentos hay que hacerlos en casa y con gaseosa. Es la expresión de quien tiene miedo al cambio porque tiene miedo a equivocarse. Hay que procurar no equivocarse, pero no hay que impedir los experimentos sociales. Posiblemente Luis XVI, poco antes de perder la cabeza en la guillotina, también pensaba despectivamente que los experimentos había que hacerlos con gaseosa. Y sin embargo el experimento de la toma de La Bastilla en 1789 nos abrió las puertas a una vida ciudadana digna en democracia y libertad.

 Creo que le llaman antojeras a esas cosas que les ponen a las mulas para que sólo puedan mirar en una dirección. Así están los políticos y estamos todos, me parece: Mirando en una única dirección,  atentos a las recetas de los gurús de la economía y en cierto sentido uncidos como bueyes al yugo de un discurso dominante por encima de toda discusión. Al sugerir fórmulas alternativas no pretendo ser más perspicaz que los políticos en activo, suplantar a los economistas ni ponerme en el nivel de los filósofos. Este documento, recuerdo, es sólo una opinión.

 QUÉ ES LA POLÍTICA SOCIAL

 El presidente Zapatero se proclama de izquierdas. No se camufla ni busca la ambigüedad. Estupendo, pero no basta con decirlo, también hay que demostrarlo. Puesto a la tarea, impulsó los matrimonios entre personas del mismo sexo, transformando a España en país de vanguardia en esa materia, y nunca parece olvidarse de la protección social.

 Y poco más. Bajo mi punto de vista, las exigentes leyes del mercado y puede que las presiones de los grandes grupos económicos no le han permitido otras   alegrías. Quienes aspiramos a un mundo mejor no podemos comprender que un gobierno socialista no imponga la prestación gratuita, a través de la seguridad social, de las terapias alternativas como homeopatía y acupuntura, que tan excelente resultado práctico han demostrado.  Particularmente pienso que una cosa así habría enfadado a los laboratorios farmacéuticos, que son demasiado para cualquier gobierno. Ahí la vocación social, o simplemente el impulso de lo que Kant llamó el deber ser, encuentra un muro sin un solo punto débil.

 Igualmente, imagino que un gobierno con preocupación social debería haber hecho algo para que sus ciudadanos no desarrollen cada vez más enfermedades degenerativas como cáncer, diabetes o dolencias cardiovasculares. Me refiero a algo más que invertir en carísima tecnología médica y en concreto a la prevención mediante hábitos de vida, y sobre todo de alimentación, saludables, incluyendo la promoción de los alimentos ecológicos y la limitación de los aditivos químicos en la comida. Pero es evidente que esto habría entrado en conflicto con las multinacionales agroalimentarias y los fabricantes de la tecnología de la salud, y ahí la vocación social encuentra un nuevo muro.  

 De hecho, tanto la guerra como la enfermedad son eficaces motores del sistema económico. La paz universal y la salud generalizada arruinarían a muchas empresas, harían perder muchos puestos de trabajo y serían capaces por sí de poner en serias dificultades al sistema. La rebelión de los dentistas ante el hallazgo de una pretendida vacuna contra la caries no fue más que una maqueta de este fenómeno. Puede, por tanto, que buscar la paz y la salud sea un experimento más peligroso que los que se hacen con gaseosa, pero parece que razones puramente morales lo exigen.

 También imagino que un gobierno social debería haber propiciado fórmulas concretas y palpables contra el deterioro del medio ambiente. No pretendo que no se hayan puesto en marcha, pero los resultados no se ven o son difíciles de ver. En particular, siempre me ha maravillado que los poderes públicos no se decidan a promover una repoblación forestal en serio. Supongo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que los árboles tardan muchísimo en hacerse adultos, lo que impide que ningún político actual pueda hacerse una foto inaugurando un bosque.

 La atmósfera que respiramos es una mezcla de gases con un 21% de oxígeno, que es lo que nos mantiene vivos. Estamos lanzando a esa misma atmósfera toneladas de dióxido de carbono y por lo tanto alterando la mezcla a peor. Sin duda que la moderación en la liberación de dióxido de carbono es un objetivo indiscutible, pero es de suponer que incrementar la liberación de oxígeno será igualmente bueno, puesto que el problema parece ser la proporción entre gases. Y aunque no fuera así, nadie podría discutir que necesitamos mantener vivas las fuentes de oxígeno.

 En un documental coproducido por TVE y titulado Vietnam, vida después de la muerte, se pedía moderación al gobierno vietnamita en su actividad de tala de árboles, porque todos necesitamos el oxígeno que esos árboles producen. La reflexión la encuentro inmoral. Ningún europeo, y menos los españoles, tenemos autoridad para pedirle eso ni a vietnamitas ni a brasileños. Basta echar una ojeada a La Mancha, a Almería o a cualquiera de nuestros abundantes paisajes pelados. Nosotros talamos hasta el último de nuestros árboles, en especial para construir esos barcos con los que en el siglo XVI conquistamos el mundo. Ahora ya no nos queda ninguno, o casi ninguno. No entiendo cómo podemos ir a las conferencias internacionales de medio ambiente a pedir, proponer y prometer cuando gran parte de nuestro paisaje son montañas calvas y paisajes pelados y cuando esto nos causa una fascinante indiferencia.

 Necesitamos oxígeno ¿por qué se lo pedimos a Brasil? En una de las cumbres del clima la delegación brasileña entendió que toda la Humanidad necesitaba el oxígeno que generaban sus árboles y lanzó una propuesta tan razonable que se caía por su peso: se comprometían a mantener sus selvas a cambio de que el resto del mundo pagara un canon. Estados Unidos se opuso y la iniciativa no prosperó, pero a mí me parece justa.

 Bajo mi punto de vista, no tenemos derecho a dar lecciones a nadie ni a pedir sacrificios a ningún país mientras España continúe siendo un desierto artificial conseguido con denodado esfuerzo por los propios españoles, empeñados primero en destruir su paisaje y más tarde en mantenerlo destruido y muerto.

 ECONOMÍA Y DESEQUILIBRIO TERRITORIAL

 España, como todo el mundo sabe, tenía en la mitad del siglo XX una economía puramente agrícola. En los sesenta se abrieron paso no sólo el turismo, sino también la actividad industrial, de la mano de aquella institución estatal llamada el Instituto Nacional de Industria. También es sabido que en los ochenta renunciamos a la industria pesada, continuamos con la obsesión por el turismo y pusimos en marcha la construcción de viviendas como nuevo motor de la economía. Fórmulas como la desgravación fiscal a la adquisición de segunda vivienda se abrieron paso como vía para esa huida hacia adelante en que se convirtió el luego llamado monocultivo del ladrillo.

 Esta fórmula ha provocado en el país un desequilibrio económico y cultural de cuidado. En los noventa se hablaba insistentemente del arco mediterráneo. En una mesa redonda en la que participé junto a Baltasar Porcel, éste proponía fijar la atención en una imagen satélite nocturna de España. Allí donde se ven más luces es donde están el desarrollo, el progreso y la cultura, decía. Casualmente en el arco mediterráneo. Por más solidaridad interterritorial que se quiera, Guadalajara, León, Zamora o Ciudad Real ya no parecen el mismo país que Barcelona, Valencia, Málaga o Alicante. De la misma forma que en la Edad Media los campesinos abandonaban el campo, como escenario de esclavitud, en busca del ámbito de libertad de las ciudades, en los últimos años el éxodo del campo a la ciudad ha sido masivo, esta vez por motivos económicos, en busca de oportunidades, pero al mismo tiempo se ha producido un claro movimiento de población de los territorios centrales al próspero Levante. El resultado, pueblos abandonados, desertificación, empobrecimiento, retraso cultural y desenraizamiento. Y, visto desde el conjunto del país, descompensación y desequilibrio, con unas regiones costeras muy prósperas y otras centrales bastante menos.

 Ultimamente todo el mundo está convencido de que el desarrollo económico acertado pasa por esa cosa llamada I + D + i (investigación, desarrollo, innovación), término tan petulante como imprescindible en toda conferencia empresarial. Hasta el Rey mencionó recientemente la ciencia y la tecnología como llave para la recuperación. No lo discuto (ni entiendo de ello), pero la fórmula también contiene la inercia de la bala de cañón. Puede que algunas soluciones complementarias puedan venir del polo opuesto y que exijan una rectificación de la trayectoria de la bala.

 Parece ser que España está orgullosa de basar su economía en el sector servicios y de haber dejado de ser un país eminentemente agrícola. Lo agrícola se entiende como sinónimo de retraso. De hecho, que yo sepa, las únicas explotaciones que están funcionando bien  hasta el extremo de generar exportaciones masivas, son los invernaderos del Sureste. Las fresas de Huelva ya están encontrando serios inconvenientes en Alemania a causa de la enorme carga tóxica de los pesticidas que, según dicen, llevan incorporados. Y creo que es cuestión de tiempo que algo parecido suceda con los cultivos de invernadero de Almería.

 El resto, o gran parte del resto, parece que es una agricultura subvencionada y poco rentable. La decadencia del cultivo de la naranja en Valencia puede ser un símbolo. Tras el bajón de las exportaciones, se continúa trabajando a regañadientes. Los propietarios de los campos prefieren con mucho venderlos para la construcción.

 La economía agrícola que funciona está participando de las reglas de la economía global, es decir, que mueve grandes cantidades de productos, grandes flotas de camiones, grandes mercados y grandes beneficios. Son las nuevas reglas del juego, sin duda. Por eso los políticos optimistas (y conformistas) aluden a la globalización como fuente de oportunidades. Con esto nos invitan a jugar al único juego posible, fomentando la competitividad y el gigantismo para poder colocar nuestros productos, agrícolas o no, en cuantos más mercados mejor (al mismo tiempo que el transporte de esos productos, al mismo tiempo que genera actividad económica paralela y nuevos puestos de trabajo, de forma inevitable consume recursos naturales y aumenta la contaminación que tanto decimos combatir).

   Pero ese ciclo es inestable porque depende de circunstancias que el productor no puede controlar y el político a duras penas. Un simple acuerdo económico preferente con Marruecos puede arruinar a los cultivadores de tomate de Murcia. Un boicot generalizado a los cultivos de invernadero saturados de pesticidas puede causar estragos en ese sector. Imaginemos que la UE trata de premiar ciertas concesiones de Israel con el pueblo palestino mediante una revisión a la baja de los aranceles a sus productos agrícolas. En ámbitos no agrícolas, recordemos cómo durante esos años amargos en los que por motivos de todos conocidos España tanto necesitó la ayuda de la policía francesa, casualmente todos los coches de la policía española eran de marca francesa, aunque en nuestro país las fábricas de SEAT seguían necesitando pedidos. Son medidas que los responsables nunca reconocerían pero que se producen, y sobre todo son cuestiones que no podemos controlar. Sin duda que algo parecido sucede con los restos de industria aún presentes en España. Si la casa Opel cambia de dueño y esto da lugar a una reestructuración, unos cientos de parados lastran nuestro equilibrio, lo mismo que si las marcas de automóviles juegan a la deslocalización marchándose a fabricar a Chequia. Jugar a ese juego de la globalización es buscar esas famosas oportunidades pero también aceptar que nuestro destino quede en manos ajenas.

 La economía globalizada es un sistema inseguro y lleno de sobresaltos en el que la totalidad del sistema queda a merced de las reglas más crueles del mercado y en el que no existe seguridad porque las convulsiones que suceden en un extremo del planeta se propagan rápidamente al otro extremo causando estragos con bastante menos sutileza que el batir de alas de una mariposa.

  Las leyes del mercado en un escenario hipercompetitivo se parecen en extremo a la ley del más fuerte. Herbert Spencer se empeñó en el siglo XIX en trasponer a la sociedad la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies basada en la supervivencia del más fuerte. A ese pensamiento se le llamó darwinismo social y por suerte quedó oficialmente desechado, pero el neoliberalismo económico no es más que un darwinismo social universal sin contestación y sin mas matices que las ayudas sociales que los gobiernos, con mucho esfuerzo presupuestario, ponen en marcha a favor de los perdedores.

 LOCALIZACIÓN FRENTE A GLOBALIZACIÓN

 El modelo social en el que tenemos la suerte de vivir nació con la revolución francesa, cuando se abolieron los privilegios de la nobleza y se abrió paso una nueva forma social basada en la libertad y la dignidad de la persona.

 Uno de los filósofos que más influyeron en la revolución francesa fue J. J. Rousseau, para quien el modelo de nuevo ciudadano era el pequeño agricultor independiente, dueño de su tierra, que se relaciona directamente con el Estado. El sabía que la libertad política no es nada si no va acompañada de la libertad económica y por eso consideraba innegociable que esos ciudadanos fueran dueños de sus propios medios de producción (algo más tarde, Karl Marx también distinguió las libertades reales de las libertades formales). Europa se fundó sobre esas bases ideológicas para después traicionarlas en un proceso de gigantismo empresarial, fusiones espectaculares y acumulación de un inmenso poder económico en manos de muy pocos hasta el extremo de que resulta indudable que hoy los grandes consorcios económicos prevalecen sobre los gobiernos.

 Estamos saliendo del sistema económico nacido con la revolución francesa y nos encaminamos hacia una plutocracia gobernada en la sombra por grupos empresariales de poder inimaginable y en la que gozamos de una libertad política puramente formal porque esa libertad está perdiendo su base de independencia económica al mismo ritmo que desaparecen las pequeñas explotaciones agrícolas, la tienda de la esquina, los artesanos solitarios y los negocios familiares. Puede que cuando una de estas pequeñas empresas se cierra y sus miembros pasan a ser cajeros de un hipermercado, para los interesados el resultado económico sea neutro, pero esto es sólo apariencia porque hay muchas circunstancias por las que esta persona podrá perder su trabajo y su independencia la ha perdido desde el momento en el que acepta el trato.

 NUEVA CONCIENCIA EN NUTRICIÓN

 Cada europeo se mete en el cuerpo cinco kilos de productos químicos al año. Estos productos proceden de los aditivos presentes en los alimentos procesados que comemos y parece indiscutible que guardan relación con el abrumador aumento de enfermedades degenerativas como diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares. Por supuesto que la única razón del uso de estos aditivos químicos es la globalización de la economía de la alimentación, que exige trasladar los productos a mercados lejanos, donde deben aguantar el tipo primero en los estantes del supermercado y más tarde en el frigorífico de casa. La ingesta de otros aditivos procede de los agentes presentes en la atmósfera, entre ellos los herbicidas, pesticidas y productos de limpieza, muchos de los cuales contienen productos que imitan a los estrógenos y producen cáncer sexual en mujeres.

 Frente a esta realidad, contra la cual los gobiernos no hacen nada o hacen poco, se está abriendo paso una nueva conciencia tendente a una alimentación saludable y consciente. Prueba de ello es el crecimiento de los establecimientos dedicados a la venta de productos ecológicos. En Valencia, lo que en su origen fue una simple herboristería se ha transformado en una gran empresa con catorce tiendas de dietética y alimentación natural.

 El público que acude a estos establecimientos está bien informado, mantiene un buen nivel adquisitivo y constituye un mercado fiel de esa actividad que en modo alguno debería conceptuarse como nueva, pero que lo es, llamada agricultura ecológica.

Bajo mi punto de vista, España tiene tendencia a vivir a remolque de los países realmente cultos. Aquí aún se siguen considerando las redes wi-fi como un bien social y los Ayuntamientos se empeñan en dar cobertura a todo el municipio, cuando en esos países importantes de nuestro entorno se están empezando a retirar por las dudas que ofrecen en relación con la salud humana. De la misma manera creo que aún creemos que la agricultura es parte del pasado y símbolo de atraso y de una actividad económica poco distinguida.

HACIA EL DESPLIEGUE DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Tal como lo veo, la agricultura ecológica es una actividad de vanguardia con muchas ventajas sociales y económicas.

Los poderes públicos deberían crear las condiciones para el desarrollo masivo de la agricultura ecológica, aunque no precisamente favoreciendo la fórmula empresarial grande, puesto que esta propuesta se hace desde la desconfianza hacia la globalización y como el impulso de una economía modesta pero sólida, basada en la localización.

La propuesta no tiene nada que ver con subvenciones o beneficios fiscales a empresas que se dediquen a esta actividad. Se trata del establecimiento consciente y organizado de una red de explotaciones capaces de abastecer a un mercado estrictamente local. La idea puede parecer candorosa en el mundo de las grandes finanzas, pero si queremos ser inmunes a las convulsiones que vienen de lejos (o de cerca) y permanecer indiferentes a las crisis financieras relacionadas con hipotecas basura originadas en el otro confín del mundo, tendríamos que reservar al menos una parte de nuestra actividad de la economía global mediante el fomento de las iniciativas locales.  

La propuesta es, por lo tanto, estratégica y puede servir para generar determinados módulos de actividad inmunes a las crisis internacionales, lo mismo que los departamentos estancos de un barco protegen de la inundación y el hundimiento.

CÓMO HACERLO

  En los ochenta conocí a la Jefa de Patrimonio de una delegación provincial. Me comentaba que el Estado es un pésimo gestor de sus propios bienes y que por eso había una tendencia a deshacerse de ellos mediante la enajenación.

Incluso así, el Patrimonio del Estado sigue siendo dueño de muchos terrenos, la mayoría improductivos y creo que ahí se incluyen gran parte de esas montañas peladas a las que me refería antes.

La propuesta es simple. El Estado podría dar en concesión espacios de extensión por determinar (puede que tres a cinco hectáreas) a ciudadanos dispuestos a vivir en ese terreno dedicándolo en parte al cultivo ecológico y en parte a la repoblación. Los espacios más llanos dedicados a lo primero, los más abruptos a lo segundo. Allí donde no existen terrenos de patrimonio del Estado pero sí pueblos y campos abandonados, habría que poner en marcha el mecanismo de expropiación. Y donde no haya lo uno ni lo otro, los Ayuntamientos podrían aportar terrenos propios a cambio de ventajas o inversiones a acordar con el Estado.  

  Las condiciones generales de la operación serían las siguientes:

-La concesión tendría que ser al menos de treinta años de duración y renovable, lo suficiente para generar en una familia joven la confianza necesaria para dedicar su vida a esa actividad.

 -Debería ser gratuita, sustituyéndose el pago en dinero por la actividad de repoblación forestal y el cuidado y limpieza del bosque asignado a su cuidado.

-Los Ayuntamientos deberían comprometerse a establecer en la localidad un mercado semanal de productos exclusivamente ecológicos.

– La autoridad urbanística se obligaría a introducir las modificaciones normativas precisas para permitir la construcción de viviendas y almacenes en los terrenos dados en concesión.

 -Las nuevas viviendas e instalaciones, como fórmula para crear paisaje, deberían construirse con materiales locales y según el estilo tradicional local.

De aquí surge un pacto social en el que cada uno de los suscriptores asume compromisos y del que se derivan ventajas para los intereses generales:

– El Estado entrega sus terrenos en régimen prácticamente gratuito.

– El Ayuntamiento se preocupa del mercado semanal.

– La autoridad urbanística facilita la construcción de vivienda.

– El concesionario asume la repoblación forestal y el cuidado y buen fin de los árboles en crecimiento.

 Ventajas:

  -Los terrenos improductivos se vuelven productivos.

  -Se da ocupación a un buen número de ciudadanos inclinados por ideología o simple vocación a este tipo de actividad. En la actualidad cunde la sensación de que en esta sociedad quienes no comparten el pensamiento único están excluidos del sistema y aunque convivan con él no consiguen integrarse. Esta es una fórmula de integración.

 -A estas personas ocupadas se les respeta su dignidad de ciudadano y se les devuelve el control de su propio destino al hacer que su futuro dependa únicamente de su buen hacer, al modo querido por Rousseau. La sociedad, en esta parcela, vuelve a estar basada en la dignidad y la libertad del ciudadano económicamente independiente.

-Se da curso a una auténtica política social preventiva de enfermedades degenerativas al fomentar la alimentación libre de aditivos químicos y una atmósfera sin pesticidas. Esta política social tan eficiente carece de costo económico.

  -En un momento de ensombrecimiento del sistema financiero de la Seguridad Social, el ahorro en asistencia sanitaria se hará evidente  la larga, lo que permite sanear la caja y con ello reforzar la parte dedicada a pensiones.

 -Se cumple el objetivo pendiente de la repoblación forestal sin costo de mano de obra y las montañas hoy peladas se transforman en fuente de oxígeno, aparte de retener la humedad y contribuir a la lucha contra la sequía. La población clímax (autóctona) de gran parte de España no es el pinar, sino el haya y el alcornoque. Quizá sea sorprendente saber que existe y está en funcionamiento la tecnología para conseguir hayas adultas en cinco años.

 -La parcela de la economía confiada a esa actividad queda fuera de las grandes convulsiones del mercado global y resulta inmune a toda crisis económica puesto que trata con productos de primera necesidad y pase lo que pase la población continuará comiendo. Nuevas crisis hipotecarias o financieras, nuevos tratados de asociación con países terceros, no podrán afectar a estos pequeños mercados locales.

-Se revertirá el problema de unas zonas del interior y rurales despobladas con nacimiento de un nuevo equilibrio entre áreas rurales y urbanas y sobre todo entre centrales y costeras.

 -De forma novedosa, una parte de la economía queda al margen de la dictadura de los bancos, cuya negativa a otorgar créditos se vuelve de pronto indiferente, ya que los nuevos agricultores no tendrán que comprar la tierra porque lo que sucede es que el Estado está reorganizando sus recursos y haciendo material y socialmente productivo su patrimonio.

   Es evidente que la fórmula no pretende que todos nos volvamos al campo ni la creación de una nueva Arcadia, sino la reserva estratégica de una parte del total de la economía del país, a la que en cierto sentido se saca de la dinámica ordinaria. El barón de Munchausen ha hecho algo más que dejarse llevar. Se ha parado a pensar cómo elegir la trayectoria y el destino de la bala de cañón.

  EL BARÓN DE MUNCHAUSEN Y LAS ESPECIES TRANSGÉNICAS

  Hoy esa trayectoria y ese destino nos llevan a territorios a mi juicio más que pantanosos, relacionados con la modificación genética de las especies. Quienes tienen capacidad para decidir son incapaces de concebir la agricultura en términos no industriales y están fomentando la modificación genética como fórmula de resistencia a las plagas. Pero esto solo produce, según parece, que las plantas asimilen los insecticidas, lo que como peligro para la salud humana deja en mantillas la irresponsabilidad de los agricultores que hoy día no miden la cantidad de los llamados productos fitosanitarios con que rocían sus cultivos. En una reciente tertulia en la BBC escuché cómo los expertos proponían el uso de la modificación genética como herramienta de lucha contra el hambre en el mundo. Cierto que en territorios como Africa puede ayudar (y que más vale morir intoxicado a los sesenta años que de inanición a los treinta) pero creo que una parte importante de los esfuerzos van a ir destinados al despilfarro de los recursos naturales mediante la actividad ganadera. Los humanos podemos comer el contenido de un campo de cereal y aprovechar el cien por cien o utilizar ese campo para transformar el cereal en carne, en cuyo caso estaremos aprovechando una proporción escandalosamente menor. Uno de los objetivos de la campaña para la modificación genética de los cereales es generar las condiciones para producir una gran cantidad de proteína animal que no solamente no necesitamos, sino que actuará como nuevo agente de enfermedades, ya que el contenido en pesticidas de esos cereales (fundamentalmente soja y maíz) quedará quizá centuplicado y después fijado en la grasa del ganado. Es un hecho que hoy en día podemos encontrar más pesticidas en la grasa de una sola vaca que en todo el campo donde esa vaca está comiendo. La diferencia es que con las novedades que nos anuncian, esa concentración aumentará espectacularmente, lo mismo que el cáncer y las demás enfermedades reconocidamente vinculadas al consumo de toxinas químicas.

  Esta propuesta implica dar la espalda a ese concepto de agricultura industrializada y fomentar las actividades locales, limpias y naturales. Una vez más, si no actuamos sobre la agricultura con decisiones conscientes y meditadas, la lógica del sistema hará el trabajo.

  UN POCO DE ESTADÍSTICA

  En España hay 8112 municipios. Considero que una media de diez explotaciones por Ayuntamiento es razonable. La propuesta está pensada inicialmente para familias o parejas, de tal forma que cada explotación podría dar trabajo al menos a dos personas.

8.112 x 10 x 2 = 162.240

  Según esta estimación, el proyecto podría dar trabajo a 162.240 personas, aunque toda estadística es aventurada y lo importante de la iniciativa no son sus números sino sus valores. En todo caso, la cifra sirve como mera referencia, ya que por motivos diversos no será posible implantar la fórmula en todos y cada uno de los municipios del país.

  UN PLAN E MEJORADO

  La cuestión de la mano de obra inducida que pueda generar esta iniciativa es algo que hay que dejar en manos de expertos. En todo caso, como quiera que la actividad está pensada para que las familias vivan en la misma explotación, se construirían 81.112 viviendas y un número igual de almacenes. En mi opinión, esta fórmula tiene la virtud, muy original, de que la construcción puede seguir entendiéndose como motor de la economía, pero al mismo tiempo en lugar de destruir el paisaje, como viene siendo hasta ahora, servirá para humanizarlo y enriquecerlo.

  A este respecto, es habitual que en las concesiones administrativas sobre inmuebles sean los concesionarios quienes asuman a su costa la construcción de la vivienda o instalación. La cuestión de si esos costes deben correr de cuenta de los poderes públicos queda para el debate. En caso de que así fuese, se precisaría de una considerable inversión, pero, si se quiere, esto podría considerarse una versión mejorada del llamado Plan E. Mejorada por servir de mecha de encendido: No es lo mismo que el Estado invierta en una obra pública estéril como motor de nuevas actividades económicas (i.e., plantar un banco en un parque) que hacerlo en otras que van a generar un ciclo económico importante y nuevo que ya nunca volverá a depender ni del Estado ni de la inversión pública.

 Por lo demás, resulta obvio que la nueva actividad precisará de suministros de abonos orgánicos, herramientas de trabajo, envases, etc., por lo que estas nuevas explotaciones pueden generar una actividad económica complementaria significativa.

  MÁS ALLÁ

 Es fácil imaginar cómo una red de explotaciones que combinan agricultura ecológica y manchas de bosque, distribuidos de forma más o menos uniforme o continuada por espacios bien de media montaña o bien de llano, dan lugar a eso que los economistas llaman sinergias que propicien en primer lugar establecimientos de turismo rural (quizá alojados situados justamente en la mancha de bosque o en sus lindes) y más tarde de senderos para recorrer a pie, en bicicleta o a caballo uniendo las diversas explotaciones.

  Puede que por esa vía, poco a poco, se abra paso la idea en la que pienso desde hace tiempo, la apertura de una serie de caminos para recorrer España de un lado a otro por esos mismos medios (a pie, en bici o a caballo), con albergues y restaurantes esparcidos de tanto en tanto, que puedan fomentar un turismo de interior pero también de aventura y que al mismo tiempo dé lugar a un ciclo económico totalmente nuevo y de dimensiones impredecibles. Poder viajar desde Cartagena hasta La Coruña en bicicleta por caminos preparados, seguros y dotados de servicios, es una idea en la que quizá merezca la pena pensar. En ningún sitio existe una red así. Por una vez, en vez de ir a remolque podríamos ser pioneros.

  CONCLUSIONES

  Estas propuestas tienen que ver con lo que los expertos llaman economías de escala. Cuando un fabricante de automóviles utiliza la misma puerta trasera con los mismos moldes para dos o tres modelos distintos de coche, eso es una economía de escala. Utilizar los terrenos improductivos del Patrimonio del Estado y otros que hayan quedado abandonados y no rindan, es utilizar un recurso hasta ahora paralizado, algo que podríamos llamar un activo inactivo, y por tanto se parece mucho a las economías de escala.

 Voy a poner una comparación que puede ilustrar el sentido general de una propuesta que va en contra de la corriente principal de la economía. Todos los libros que hablan de salud natural coinciden en huir de la comida procesada y de llevar la llamada dieta del paleolítico, es decir, alimentos muy poco elaboradas, a ser posible crudos y sobre todo naturales. De la misma forma que nos dejamos llevar de forma acrítica por la fascinación ante las tecnologías de la comunicación como el wi-fi, aplaudimos fenómenos dudosos como la nueva cocina de vanguardia, apadrinada por cocineros de renombre, a uno de los cuales llamamos sin rubor y sin criterio el mejor cocinero del mundo, y basada en las mezclas antinaturales, el procesamiento extremo y el abuso de los productos químicos para conseguir idioteces como cosquillas en el paladar. Tal como lo veo, fomentar y comer esas cosas es justo lo contrario de lo que nos conviene si queremos mantener la salud y desde luego lo más opuesto que cabe a la dieta del paleolítico.

 Esta propuesta de granjas ecológicas es algo muy parecido. Se opone a la gran corriente de la economía tanto como la simpleza de la dieta primitiva se opone a las sutilezas de la cocina de vanguardia. Y sin embargo (a mi juicio) es lo correcto.

No es posible frenar el proceso de la globalización pero sí ponerle algunas condiciones y frenos. Y para ello resulta imprescindible pararse un momento a pensar y a ver lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, a saber, que estamos sometidos a la tiranía de unas leyes que, una vez transformado el mundo en mercado único, se comportan como una versión para humanos de la más brutal ley de la naturaleza, expresada por Darwin como la ley del más fuerte. Tendríamos que saber que en este contexto los fuertes son las grandes corporaciones económicas y que la inmensa la mayoría conformamos el grupo de los más débiles y que por eso hemos de echar manos de otras leyes, basadas en la solidaridad y la cohesión, para transformar esa debilidad en fortaleza.  

 La cuestión es si deseamos que nuestro destino siga estando en manos ajenas y a menudo lejanas o si nos vamos a decidir a ser esos ciudadanos con dignidad, derechos e iniciativa que formaron el ideal de Rousseau y están en la base de nuestra civilización.

Solo cabe una respuesta.

 Sí podemos.

José Ortega

El Puig, 16 de febrero de 2010