JUGANDO A LAS CONCESIONES

agosto 27, 2009

PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

 NOTA DE PRENSA

 Ante las declaraciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicadas hoy en el diario El País, queremos hacer público lo siguiente:

 

  1. La declaración constituye un reconocimiento de las denuncias contenidas en el Informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, elaborado para la Plataforma y presentado ante el Parlamento Europeo como queja contra España.
  2. Resulta especialmente significativo que la Directora General reconozca la práctica abusiva seguida durante veinte años, y denunciada repetidamente por la Plataforma: ignorar el derecho de los afectados a la concesión administrativa prevista como indemnización por la pérdida de su propiedad y al mismo tiempo otorgar dicha concesión, para inmediatamente rescatarla, solo en los casos en los que había prevista una obra pública. Esto significa dos cosas: a) dar plenamente la razón a la Plataforma, cuando denunció en la sesión ante el Parlamento Europeo de 20.01.09 que se estaba produciendo un mecanismo de expropiación sin indemnización  (ver video en http://www.youtube.com/user/COSTASMARITIMAS#play/uploads/50/5x_UKuDcH-Q y b) pervertir el ordenamiento jurídico, transformando la concesión en un motivo de intranquilidad y miedo, al ser sinónimo de derribo, en lugar de significar seguridad jurídica y estabilidad, tal como prevé la ley de costas. Es decir, que con estas prácticas abusivas hoy por fin reconocidas por Alicia Paz, cuando los ciudadanos oían decir que les iban a dar la concesión, en lugar de aliviarse se echaban a temblar.
  3. No es cierto que se vaya a reconocer derechos de concesión a todos los propietarios de casas sobre la arena, tal como publica el País. Desafortunadamente, son muchos los casos en los que la ley no reconoce este derecho. Por ejemplo, cuando los bienes ya habían sido declarados dominio público por un deslinde anterior o cuando el deslinde en cuestión es el primero que se tramita, incluso cuando la vivienda fuera de principios de siglo y estuviera inscrita en el registro de la propiedad. Es incalculable el número de ciudadanos que se encuentran en esta situación, y para los cuáles sigue siendo cierto que en España se practica la expropiación sin indemnización. Precisamente para resolver esos problemas presentamos a los partidos políticos una enmienda a la ley de navegación marítima orientada a que estos ciudadanos pudieran beneficiarse también del derecho de concesión. La iniciativa tenía por objeto evitar los derribos masivos que planeaba el Ministerio de poblados litorales tradicionales y humildes en Canarias, Galicia y otras partes del litoral. La enmienda fue presentada por Coalición Canaria y está en trámite.  
  4. El Ministerio reconoce que es imposible cuantificar el número de afectados con derecho a la concesión que no son titulares de la misma. Esto es lo mismo que reconocer el impresionante caos administrativo acumulado en la Dirección General de Costas durante estos veinte años, y desde luego se vuelve a dar la razón a la Plataforma cuando denunciaba que los ingenieros de costas solo están interesados en poner la línea, y todo lo demás se lo dejan sin hacer. Este todo lo demás incluye no solo el reconocimiento de las concesiones, cuando proceda, sino también la regularización de los inmuebles en el registro de la propiedad y el catastro. La increíble desidia de los responsables ha dado lugar a una bomba de relojería con la que las viviendas se están comprando y vendiendo, y las ventas se están inscribiendo en el registro de la propiedad, incluso cuando esas propiedades ya no existen por haber pasado al dominio público. El desbarajuste organizado por la propia Administración con su negligencia puede tener unas consecuencias impredecibles cuando los adquirentes se den cuenta de que los derechos que han comprado y pagado no existen. Todo esto obedece a la obsesión de los ingenieros de costas por deslindar a toda velocidad, dejando todo lo demás sin hacer y no reparando en las consecuencias.
  5. Las discrepancias sobre el inicio del cómputo para empezar a contar el plazo de la concesión son otra consecuencia de la negligencia de la Dirección General de Costas. El reglamento de costas manda que si los interesados no la reclaman, la Administración otorgará la concesión de oficio, y ellos no han hecho nada en estos veinte años, es decir, no han otorgado ninguna concesión de oficio, excepto las que eran necesarias para proceder a una inmediata demolición. El problema que plantea el diario El País (si el plazo empieza a contarse desde el otorgamiento, los pocos propietarios diligentes, que pidieron y obtuvieron la concesión, se verán comparativamente perjudicados respecto a quienes no hicieron nada, que siguieron y siguen disfrutando de la vivienda sin título durante unos años que no cuentan) nunca se habría originado si la Dirección General de Costas hubiera cumplido con sus obligaciones de otorgar la concesión de oficio después de pasado un año de la aprobación del deslinde. Los responsables se olvidaron total y absolutamente de este aspecto de la cuestión y aquí vemos las consecuencias.
  6. La orden de Narbona de 2007 no guarda mucha relación con la sentencia del Tribunal Constitucional 149/91, que tanto respeto mostró por la concesión de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas. Dijo le tribunal que la concesión era el pago en especie por una expropiación, y es razonable pensar que sus términos y condiciones deberían parecerse lo más posible al de la propiedad. Al contrario, Narbona aplicó a estos propietarios privados de sus bienes el régimen general de concesiones del reglamento de costas, es decir, las mismas normas que se aplican a quienes solicitan un espacio público en la arena para, por ejemplo, vender paellas. Entre otras limitaciones carentes de sentido se cuenta la de prohibir la transmisión inter vivos, que puede ser muy apropiada para los chiringuitos pero que resulta humillante para los propietarios desposeídos. Precisamente se dice por ahí que esta prohibición era una herramienta encubierta para que las concesiones así otorgadas carecieran de valor en mercado y de esta manera la Administración pudiera rescatarlas a precios ridículos.  
  7. El reportaje del País, aún queriendo dar a conocer innegables mejoras adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente, no deja de ser una confesión de caos, irresponsabilidad e ineptitud acumulados en veinte años por los sucesivos responsables de la Dirección General de Costas, unos ingenieros de caminos, canales y puertos, depositarios de altas responsabilidades jurídicas, que demostraron que lo único que les interesaba era poner la línea y que nos han dejado en herencia una catástrofe legal de complicada solución. Sospechamos que el gobierno lo ignoraba todo y que por eso la bola de nieve ha ido creciendo y creciendo. Consideramos que el Ministerio debería hacer una confesión pública expresa y pedir perdón a la sociedad por la negligencia y el desbarajuste, pero también parece clara la necesidad de una reforma muy profunda y severa en la propia Dirección General de Costas, dejando entrar a titulados universitarios dispuestos a respetar los derechos civiles.
  8. El mecanismo de las concesiones administrativas como reparación por la pérdida de la propiedad es el testimonio de un país que intenta vivir por encima de sus posibilidades y un fracaso social, político y jurídico. España desea limpiar sus playas pero no tiene dinero para pagar las expropiaciones, así que se inventa ese mecanismo de la concesión, que a muchísimos propietarios no se les reconoce y a otros, aunque se les reconoce, no se les otorga. Incluso en el mejor de los casos, si la Administración hubiera cumplido su propia ley y cada ciudadano estuviera gozando de su concesión, incluso así la fórmula sería pobre, torpe e inadecuada. Aunque el Tribunal Constitucional haya declarado que la concesión es hábil como indemnización, nadie lo entiende, porque toda expropiación exige un justiprecio, esto es, un precio justo, y la concesión será un precio, pero ni es ni puede ser justo porque, por definición, es mucho menos que la propiedad. Por lo tanto, la medida que anuncia hoy el País, siendo simpática, no hace gracia a nadie ya que no hay un solo propietario que se sienta pagado con la concesión. Este es el motivo de que en el proyecto de reforma de la ley de costas elaborado por la Plataforma, se sustituya la concesión por un precio en dinero, como sucede en todas las expropiaciones.   
  9. De la misma forma que los ingenieros de costas han sembrado durante veinte años el caos administrativo, el Ministerio está ahora dedicándose a poner parches en lugar de proceder a una reforma meditada, prudente y responsable, pero clara, de la ley de costas, que ha demostrado ser una ley confiscatoria que promueve la expropiación sin indemnización o con indemnización notoriamente insuficiente. El próximo día 1 de enero José Luis Rodríguez Zapatero será presidente de turno de Europa. De esa misma Europa que, a través de su Parlamento,  le ha pedido a España que cambie la ley de costas para, entre otras cosas, establecer una compensación suficiente a favor de quienes pierden la propiedad.  Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Enfrentarse al problema y resolverlo.
  10. La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es consciente de que estos cambios y reformas se han originado como consecuencia del informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, su queja ante el Parlamento Europeo y el resto de su actividad de denuncia de los abusos. De no ser por estas denuncias e iniciativas, lo más seguro es que en el Ministerio no hubiera cambiado nada. La actividad de la Plataforma es un buen ejemplo de la necesidad de mantener una conciencia crítica y sobre todo de que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

 

 

CONTACTO:

José Ortega

Portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

Tf. 629511225

 SIQUEPODEMOS

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 La playa de la Almardá, en Sagunto, es una playa larguísima, sin esos feos espigones, y con un delicado espacio dunar asociado. Todo libre de construcción, bonito y despoblado, excepto por las casas de toda la vida que dan base a un turismo estrictamente local y familiar.

La playa de la Almardá en agosto de 2009

La playa de la Almardá en agosto de 2009

  A estas alturas ya creo que cabe aceptar que progreso es igual a destrucción. Destrucción de los recursos naturales y también del paisaje, en especial el progreso tal como lo entendemos en un país donde lo único que sabemos hacer es vender el sol y poner una tapa de calamares descongelados a la romana.

 Una playa como la Almardá, virgen, solitaria, bella, es una presa deseable para los señores del gran capital hotelero, ladrillero y cementero y también para esos alcaldes tan mimosos y dulzones con los señores de la pasta, que cuando ven los billetes verdes solo piensan en el progreso para su pueblo, en los puestos de trabajo, el nivel de renta y todo ese rollo que es como una especie de purpurina dorada que todo lo embellece y todo lo sana. Y, claro está, los ingenieros de costas a hacer lo que haga falta para que todo vaya como una seda.

 Un día me tocó el honor de participar en el aula de Cultura de Cajamurcia con el ilustre escritos mallorquín Baltasar Porcel. Era para presentar su obra MEDITERRÁNEO. Como en esas fechas (y ahora también) estaba de moda el llamado arco mediterráneo, el Sr. Porcel, íntimo de Jordi Pujol y director entonces del Instituto Catalán de la Mediterránia, decía al público: “fíjense en una foto satélite nocturna y verán unos puntos donde hay mucha luz y otros totalmente negros. Ahí, coincidiendo con la luz, es donde hay progreso. Hospitales, bibliotecas y cultura.”. Tenía razón, pero ese exceso de luz es también un abuso contra los recursos naturales, y puede leerse también como un índice del exceso de lujo, siempre asiático y a menudo indecente, con el que vivimos. Baltasar Porcel acaba de morir, pero su idea sigue siendo válida y sigue teniendo una doble lectura: la orgía de luces es un símbolo del progreso-cultura pero al mismo tiempo del agotamiento de los recursos y la agresión al paisaje.

 

Baltasar Porcel

Baltasar Porcel

Lo que nos pasa en España es que vemos el paisaje como un recurso natural, y me refiero a un recurso económico, es decir, una especie de ubre de vaca cuyo único destino es ser ordeñada.  Ni los alcaldes ni sus buenísimos amigos, los grandes empresarios del capitalismo burro, son capaces de ver una playa como la Almardá como algo que no sea un negocio a la espera de ser explotado. No entienden que el respeto al medio ambiente consiste en dejar el paisaje en paz y a la gente tranquila.

 Según creo, y no es más que una opinión, aunque una opinión algo informada, existe una conjura contra la playa de la Almardá, para transfomarla en una orgía de eso que ya conocemos porque es igual en cada palmo de costa: paseo marítimo, hoteles, balnearios, etc. etc. Todo igual.

 Se llegaba allí por una carretera de la huerta, delicada, rural, bordeada por una acequia y rodeada de frutales. Un espacio pequeño, pensado para los agricultores, apto para la bici y poco transitado. La están desdoblando para transformarla en una especie de ruidosa autovía de doble dirección. Son los primeros pasos para la destrucción de la playa. Las infraestructuras no se hacen por capricho, sino para prever una futura gran densidad de población.

 

Obras de ampliación de la carretera de acceso a la playa de la Almardá

Obras de ampliación de la carretera de acceso a la playa de la Almardá

Una vez me dijeron que había allí un plan verdaderamente brusco y sobre todo confidencial hasta la muerte. Un consorcio con gente de mucha, pero mucha pasta (y con algún político de campanillas, aunque no lo nombraré porque no resulta saludable) estaba organizando allí su desembarco. Quizá esto pueda explicar ciertas actuaciones poco racionales de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, que explico en un periquete.

 A ver, Sagunto puerto tiene un vial totalmente dentro del dominio público marítimo terrestre. Tenemos la playa, un paseo marítimo, la calle, la acera, todo eso es dominio público o, como dicen los alcaldes, “pertenece a costas”. Teniendo en cuenta que el vial es antiquísimo, está embebido dentro de la malla urbana de la ciudad y la gente no lo usa para plantar la sombrilla, sino para circular con su coche, lo lógico sería desafectarlo. Pues no. Prestad atención a los planes de los ingenieros de costas, que son soberbios: Se coge el paseo marítimo y unos terrenos en descampado que quedan al sur y metemos unas máquinas de obras públicas para desmontarlo todo, todo y todo. Resucitamos las pretendidas dunas que han quedado atrapadas bajo el asfalto y las ponemos bonitas.

 

Playa de Sagunto y paseo marítimo que se quiere levantar

Playa de Sagunto y paseo marítimo que se quiere levantar

¿Y todo esto para qué? Desde luego hace falta tener un motivo muy justificado para levantar medio pueblo y ponerse a plantar un jardín de dunas. Fácil: es para compensar el préstamo (algunos lo llaman robo) de arena que quieren hacer los ingenieros de costas allí mismo, en el extremo sur de la playa, donde la corriente norte-sur la acumula contra los muelles del puerto comercial. Por cierto, hace como un año apareció en prensa un glorioso gazapo de la Demarcación de Costas de Valencia. En el estudio técnico para llevar a efecto este préstamo se citaban datos procedentes de otra playa que nada tiene que ver. Es el síndrome traicionero del copia-pega, que sugiere que estos estudios carecen totalmente de rigor (aunque tengo entendido que se cobran a su precio de mercado).

 ¿Y todo esto para qué? Para llevarse esa arena a la playa de la Almardá, que, aunque bonita, es un poco rupestre, ya que sobre una base de arena hay piedrecitas, y cuando te metes en el agua te las clavas un poquillo en los pies.

 ¿Y todo esto para qué? Digamos que desde un punto de vista que a mí me parece prudente, normal y natural, a la playa de la Almardá habría que dejarla en paz con sus chinitas y su agua verde. Pero no, qué va. Los ingenieros de costas, aunque no haga maldita la falta, están empeñados en que esa playa no sea de chinarros, sino de arena fina.

 ¿Y todo esto para qué?

 ¿Qué pasa, es que aún no lo habéis adivinado? Tanta pasta no se mueve por las buenas. Hay ciertas personas que manejan ciertos hilos y todo brilla con el color del oro. La obra no es para los bañistas, que no la han pedido y están muy contentos con las piedrecillas. Es para los futuros usuarios de la futura avenida de doble carril de los futuros hoteles de lujo y los fututos balnearios. Es decir, un instrumento de la futura alteración, destrucción y desolación del paisaje natural.

 Costas antes dependía del Ministerio de Obras Públicas. Un día el gobierno pensó que hacía bonito que un ministerio llevara el nombre de Medio Ambiente y le transfirieron la competencia en costas y playas, lo que ya entonces me sorprendió, porque lo propio de estos indómitos ingenieros ni era antes ni es ahora la protección, la conservación ni la promoción del medio ambiente, sino precisamente las obras públicas. Para proteger el medio ambiente el primer requisito, ya lo he dicho, es dejarlo en paz.  La exposición de motivos de la ley de costas se refiere a la necesidad de contener la presión urbanística sobre el litoral: es lo contrario de lo que están haciendo los ingenieros de obras públicas, también llamados de costas. Si no me equivoco, y con medidas como éstas (y como otras), están fomentando la presión urbanística sobre el litoral. Para promover riqueza y empleo, cierto. En España estas palabras son como la clave secreta que permite hacer cualquier cosa con el paisaje y con las personas.  Hay que generar riqueza y todo el mundo a callar.

 ¿Creéis que a los vecinos les han preguntado su opinión? Al contrario. Los planes se llevan en estricto secreto. Pongamos el futuro e innecesario paseo marítimo. Desde el 2006 por lo menos se sabe de los planes para meter ahí un paseo que tampoco nadie ha pedido y nadie necesita. Pero ni mú. Un día pasé por la Demarcación de Costas de Valencia y le pregunté a mi amigo (o entonces amigo) el ingeniero Jaime Almenar. Me dijo que lo estaba dibujando pero que no me lo enseñaba. Unas vecinas acudieron a la entonces alcaldesa, la socialista Gloria Calero: Les dijo que no sabía nada de nada, que era la primera noticia (la señora Calero había recibido hacía poco la visita de la señora Narbona, casualmente). El día 19 de enero de 2008, como ya escribí en un blog anterior, tuve una entrevista bastante idiota con el Subdelegado del Gobierno, a la que asistió la jefa de costas en Valencia. Me quejé del secretismo que rodeaba el paseo marítimo y la señora dijo con total claridad y absoluta rotundidad que NO HABÍA NINGÚN PASEO.

 ¡Por Diosssss! Le pregunté cómo podía decir eso cuando los vecinos habían hablado con los técnicos que estaban tomando datos de campo, confesando que eran para construir un paseo marítimo y cuando el propio Jaime me había dicho que lo estaba dibujando él mismo.

 ¿Sabéis qué me dijo? Que no era un paseo, sino una senda peatonal.

 Bueno bueno… Si no hubiera insistido nos habríamos levantado de la mesa convencidos de que efectivamente no había paseo ni nada que temer. Como veis, los ingenieros de costas, además de manejar como arma el boletín oficial del Estado, la policía y las palas mecánicas, ahora se han decidido a unir a su arsenal el arma del lenguaje. Basta con cambiarle el nombre a las cosas y con esto hacemos lo que nos dé la gana.

 Así que el plan es secreto. Que los vecinos no se enteren, porque para ordenar el paisaje estamos nosotros, que somos el poder (Ahora veo que la voz ordenar el paisaje se parece tanto a ordeñar le paisaje, pero por pura casualidad). Y cuando digo ordenar, me refiero también a demoler las viviendas tradicionales, porque esos técnicos que estaban mirando por su teodolito también se dedicaban a hacerles fotografías a las casas que pretendidamente iban al suelo. De hecho, la jefa de costas de Valencia anunció en prensa aquel otoño de 2008 que en octubre del año siguiente (es decir, de aquí a mes y medio), la Demarcación de Costas iba a tirar ya no recuerdo si cien o doscientas viviendas tradicionales de la playa de la Almardá. Sí, sí. Esas casas están pretendidamente dentro del dominio público, pero los dos deslindes que se han aprobado en la zona, uno en 1946 y otro en 1994, se han tramitado en secreto, sin que los vecinos se enteren. Muy, muy democrático. 

  En aquel invierno de 2008 recibí una insólita invitación del alcalde de Sagunto, ahora un señor del PP, que decía que quería hablar conmigo. Acudí muy motivado y desde luego orgulloso de la distinción y me encontré con algo a medio camino entre una manifestación y un mercadillo semanal. El alcalde me había llamado, si, y también a los doscientos o trescientos vecinos de la playa. Nos metimos en la sala de plenos, un bonito hemiciclo con bancos de madera un poco medievales, y empecé a escuchar el discurso habitual de los alcaldes. Me los tengo calados a los tíos (y tías). Que si yo estoy dispuesto a ayudaros en todo, que si estoy con vosotros, que si vamos juntos a Madrid… Si no lo hubiera oído tantas veces… Lo del viaje a Madrid es un recurso de lo más socorrido. Te pegas una salidita, haces intimidad con los vecinos, el Director General de Costas te lanza unos exabruptos y te vuelves con las orejas aparentemente gachas, lamentándote y haciendo causa común con los paisanos, y de paso arañándole votos al partido contrario. Yo para eso pago mi entrada y me voy al teatro.

Gloria Calero y Alfredo Castelló

Gloria Calero y Alfredo Castelló

 Vi que algunos vecinos empezaban a hacer reflexiones totalmente descaminadas y que la reunión cogía una deriva aún más idiota que mi entrevista con el Subdelegado del Gobierno. Ya estaba a punto de levantarme de mi escaño cuando a una notaria-afectada se le ocurrió decir en voz alta que quería saber mi opinión.

 Je je… Le dije al alcalde una cosa muy, muy concreta. Demasiado concreta. Si quería ayudar a los vecinos, en vez de irse con ellos a pasear por Madrid lo que debía hacer era informarles sobre el trazado del paseo marítimo, que a esas alturas, incluso después de años de súplicas, seguía siendo una especie de secreto militar.

 ¿Qué creéis que dijo? Lo habéis adivinado: tampoco sabía nada. Ni se ha enterado de nada en el año y medio que ha transcurrido desde entonces, que yo sepa.

 El progreso, la riqueza y el empleo se ciernen sobre los vecinos de la Almardá, cuyo único pecado fue comprar o heredar una casa hecha con anterioridad al primer deslinde, posiblemente en los años veinte del siglo XX. El progreso, la riqueza y el empleo se ciernen sobre ellos en forma de piqueta, porque sus casas parece que irán al suelo.

 Qué divertido ¿verdad? El caso de la playa de la Almardá parece un campo de pruebas de la Gestapo. Les tramitan un deslinde y a los vecinos no les dicen nada. Les tramitan un segundo deslinde y tampoco. Les proyectan un paseo marítimo por encima de sus viviendas y nadie suelta prenda. Todo es secreto, que no se enteren los vecinos. Que cuando aparezcan las palas para demoler sus viviendas ya esté todo hecho, escrito, acordado y sellado. Vamos a cerrar un cepo sobre estas criaturas que se creen ciudadanos de un país democrático.

 Perdón, he escrito la palabra democrático. Seguimos estando en el siglo XVIII y en la filosofía de la Ilustración: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Lo he dicho ya muchas veces y lo seguiré diciendo. Esto es una conjura, una mentira, un cuento. Esta democracia necesita renegociación y regeneración. No estamos ya ante un problema de la ley de costas, sino ante todo un Estado que se rinde ante los deseos de los señores del negocio, pisoteando a los alfeñiques que tuvieron la mala suerte de estar por allí.

Esto es lo que yo creo que está pasando en la playa del la Almardá. Si alguien quiere convencerme de lo contrario, que lo intente. Si lo consigue, me alegraría. Me quitaría del dolor de vivir en un país donde bajo la retórica medioambiental y la apariencia de la ley, late la barbarie más sucia y pervertida, el antiguo dominio de los poderosos sobre los débiles.

José Ortega

Abogado

ortega_abogados@hotmail.com

www.costasmaritimas.com

SIQUEPODEMOS

 

  Ya sabéis que el Ministerio de Medio Ambiente ha prohibido el acceso a los expedientes de deslinde archivados y la consulta de la totalidad de los documentos de los que están en trámite. Sabéis que el otro día tuve que presentar una denuncia por coacciones en el juzgado de instrucción de guardia y que se armó tal revuelo en prensa que la Subdelegada del Gobierno en Alicante tuvo que interrumpir sus vacaciones para atender a la minicrisis y por lo visto coordinar con Medio Ambiente una desafortunada nota de prensa con razones especialmente idiotas, como por ejemplo acusarme de no acreditar la representación. Por lo demás, la cosa tiene toda la pinta de seguir exactamente igual. A la Ministra le envié una queja hace ya tiempo y se ve que la ha usado para envolver un bocadillo. Yo no sé si os podéis hacer una idea de la gravedad de la situación. Como no paro de repetir desde hace semanas, ahora ya no estamos ante un problema de la ley de costas, sino ante una cuestión de derechos civiles. Que te vayan a tirar al suelo la casa y que no puedas saber por qué, es algo sencillamente inimaginable. Se trata no ya de un paso atrás en la democracia, sino de un retroceso de siglos en el proceso de la civilización. Es evidente que estas personas han perdido totalmente el norte, pero siguen teniendo el poder bien agarrado y la opción de causar la ruina de muchas familias sin que éstas tengan siquiera el derecho de leer los papeles donde todo está escrito.

Tened en cuenta que la barbarie, la tiranía y el fascismo siempre tienden a apoderarse de la civilización. Es un proceso mecánico y espontáneo. La defensa de la libertad y la dignidad de la persona requiere una vigilancia y un esfuerzo permanente. Te relajas y acaban contigo. Y tened en cuenta sobre todo que mañana le puede pasar a cualquiera. Ya he visto un síntoma alarmante en un expediente sancionador de marina mercante en el que el interesado pide ver el expediente y se encuentra con una respuesta parecida. Si dejamos por su cuenta a estos brutos, nos comerán. Y nos comerán haciendo retórica democrática y constitucional y brindando con Don Perignon por las libertades y todo ese rollo que tanto les gusta.

Yo ya he hecho de todo: queja a la Espinosa, al servicio de inspección, a la Directora General, al Zapatero y a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Y denuncia por coacciones, claro. Vamos a probar ahora, si os parece, a inundarle los buzones a estos señoritos y señoritas de la moqueta espesa, el coche oficial y el guardaespaldas, a ver si caen en la cuenta de que no somos ganado y de que la yunta es para los bueyes, no para las personas.

No, no somos ganado. Vamos a enviarle esta nota al Presidente, la Vicepresidenta, el Secretario General del Mar y la Directora General. Por favor, que cada uno de vosotros copie el texto que figura abajo y lo envíe a las siguientes direcciones de correo (y pedid que vuestros amigos hagan lo mismo, solo así funcionará):

Dirección de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa (Alicia Paz Antolín):

apantolin@mma.es
Complementariamente:   buzon-dgc@mma.es
Dirección del Secretario General del Mar (Juan Carlos Martín Fragueiro):
 
sgpesmar@mapa.es

Dirección del Presidente del Gobierno: 

jlrzapatero@presidencia.gob.es

La comunicación a la Vicepresidenta del Gobierno puede hacerse desde esta página:

www.mpr.es/Contacte+con+el+Ministerio/default.htm

 Instrucciones:
Escribir los datos personales. En el apartado ASUNTO poner DENEGACIÓN DE ACCESO A EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. En el apartado A QUIÉN DIRIGIRSE seleccionar OTRA UNIDAD.
En el apartado ESPECIFIQUE CUAL, poner GABINETE VICEPRESIDENTA.

TEXTO DEL MENSAJE:  

  La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha prohibido de hecho la consulta de los expedientes de deslinde archivados y el acceso a todos los documentos de los proceimdientos de deslinde en trámite. La medida parece que cuenta con el respaldo de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

  Las excusas son varias y deficientes: 1) Que con la consulta pueden verse comprometidos datos de la intimidad de las personas, tales como el domicilio o el teléfono (datos disponibles en el listín telefónico, incluyendo los de Alicia Paz y Juan Carlos Martín Fragueiro) 2) Que es preciso indicar uno a uno los documentos del expediente que se desean consultar (absurdo, puesto que los interesados ignoran los documentos contenidos en el expediente, y justamente por eso necesitan su consulta) 3) Que el expediente está en los tribunales (ilegal, puesto que la ley obliga a guardar una copia).

  La medida violenta la Constitución, la ley y las directivas Europeas que regulan la consulta de información medioambiental, y resulta una agresión brutal contra los derechos civiles más elementales. El Ministerio está planeando el derribo de un buen número de viviendas de ciudadanos españoles y europeos y la consulta de los expedientes de deslinde, aunque estén archivados, es imprescindible para su defensa. Con esta prohibición se está amordazando a estas personas de forma vergonzosa e impropia de un Estado democrático.

 Por favor, RETIREN INMEDIATEMENTE la medida y den instrucciones para que no se vuelva a impedir a ningún ciudadano, o a sus representantes, el acceso a un expediente archivado, sea de deslinde o de cualquier otra materia.

FIN DEL MENSAJE

 Muchas gracias a todos

 José Ortega

Abogado

ortega_abogados@hotmail.com

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SIQUEPODEMOS

Elena Espinosa (o sus muchachos) ha decidido prohibir el acceso a los expedientes de deslinde archivados. A partir de ahora los candidatos a un derribo ni siquiera podrán saber de qué va la cosa. Estos expedientes, que hasta el mes de mayo eran, conforme a la ley, de libre acceso, se han convertido de la noche a la mañana en misterios inescrutables, y debo confesar que la situación, por lo que tiene de  gran espectáculo antidemocrático, me tiene fascinado. Que el Estado se comporte como una mafia, que mientan como bellacos en notas de prensa, que con su propaganda hagan palidecer al Dr. Joseph Goebbels, todo esto excede de la discrepancia jurídica y resulta un exponente del envilecimiento de la vida pública, de la ausencia de todo referente moral y desde luego de la descomposición de la democracia.
Stanislaw Lem, en su Congreso de futurología, describió una sociedad que creía a pie juntillas ser feliz hasta que el protagonista descubre que todo era un engaño propiciado por un spray que intoxicaba los sentidos. En España sucede algo parecido. Se le mete un tajo a la democracia con un cuchillo de carnicero y la señora Espinosa oculta el miembro sangrante con una nota de prensa que daría risa si no diera pena. Y pretende seguir como si tal cosa, profundizando muy convencida en el   cerco a la libertad sin que nadie le monte una bronca. Es el spray, el aparato de propaganda. Se han apoderado no solo del Estado, sino de nuestras vidas.
La comisión de peticiones del Parlamento Europeo aprobó un dictamen condenando a España por abusos en aplicación de la ley de costas. Caramba, vaya fallo. Ellos, que lo controlan todo (Parlamento, defensor del pueblo, tribunal constitucional, j…), habían dejado escapar un huequecito por el que la democracia se hacía real. La solución: Reformar el estatuto de la comisión de peticiones para que sus resoluciones deban ser confirmadas por otra comisión y que así todo se vaya al diablo, no vaya a ser que el pueblo se lo crea de verdad y se anime a ejercer esos derechos que están escritos en las leyes por lo visto solo para que los políticos pronuncien bonitos discursos. Y de paso, habrá que blindar el acceso a los expedientes de deslinde, para que ningún abogaducho de provincias pueda volver a ridiculizar al Estado absorbiendo  información de todas las vergüenzas, desastres, meteduras de pata, arbitrariedades, injusticias y basura que puedan contener.
Son como el chulo del barrio. Empiezas a jugar con una reglas y cuando se ven perdidos dicen que no vale y las rompen. Pero al romper las reglas del juego están rompiendo algo muy sutil que Rousseau llamó el contrato social y que es lo que nos mantiene unidos de buen grado. Si ese lazo queda suelto, el abismo que se abre da vértigo.
Creed que no pretendo emular a D. José Ortega y Gasset, cuando decía, a propósito de la II República “no es esto, no es esto”, pero nos encontramos ante una degeneración democrática en la  que las libertades individuales se disipan como el agua puesta a hervir. Esta chulería, esta desvergüenza, esta prepotencia, no pueden examinarse aisladamente, sino en el marco de este proceso. No le dejo ver los expedientes porque no me da la gana. Váyase usted al juez, espere años, gástese el dinero. Para entonces ya le habremos tirado la casa y usted tendrá una sentencia que podrá vender al trapero al peso junto con un lote de periódicos viejos. Así es como funciona.
Todo esto pasará, Espinosa volverá al agujero del que salió y a los conspiradores contra la democracia les patinará el embrague. Antes o después, las víctimas podrán volver a examinar los expedientes como podían hacer hasta el pasado mes de mayo. Pero no porque España tenga resortes internos para corregir estos abusos, que no los tiene, sino porque seguimos pegados a Europa y una vez más Europa nos protegerá de los que abusan del poder pateando los derechos de los ciudadanos.
El otro día un ingeniero de costas me comentó cómo llaman en Bruselas a los países del sur de Europa. Nos llaman los países cerdos a causa de nuestra corrupción. En el norte también la hay, desde luego, pero la diferencia es que aquí la corrupción es el sistema. Solo en un país desafortunado como España es posible este espectáculo de circo incompatible con la ley y que repugna a la ética: Te derriban tu casa, los motivos están encerrados en unos papeles, no te los dejan ver y la Ministra lo niega todo. Es el spray. La democracia se muere y estos personajes son sus verdugos.

José Ortega

Abogado

ortega_abogados@hotmail.com

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SIQUEPODEMOS

Muchos habéis leido la entrevista que salió en LA VERDAD de Alicante, y algunos habéis sido tan amables de dejar comentarios. La entrevista era en realidad bastante más amplia y hubo que acortarla por estrictos problemas de espacio (no de censura, que yo sepa). Os pego aquí los dos textos. C0n esto no pretendo dejar en evidencia a los excelentes profesionales que se encargaron del tema, sino dejar constancia de mis palabras.

DOCUMENTO COMPLETO.

Qué está ocurriendo con los expedientes de deslinde? ¿Se están convirtiendo en expedientes X?
Eso es lo que parece. Y las excusas son sorprendente pobres. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el contenido de los expedientes que les afectan y eso es todo. Estamos hablando de un servicio público, no de un bunker (o quizá sí). Tanto los ciudadanos como los abogados que los defienden hemos acudido docenas de veces a oficinas de la  Administración para consultar los expedientes, sean archivados o en trámite, sin el menor problema. De forma súbita, el acceso ha quedado prohibido. Posiblemente, lo que hay que ver aquí es una reacción del gobierno contra la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo y  una mala digestión de la condena por prácticas abusivas en relación con la Ley de Costas. El gobierno se ha visto superado por unos ciudadanos que, sin levantar la voz, sin romper escaparates y sin insultar, solo con la palabra
y la razón, han conseguido prevalecer frente a todo el aparato del Estado al lograr esta resolución del Parlamento Europeo. Y en vez de tener la reacción esperable en los pueblos civilizados, acatando los requerimientos de Europa, han tenido la que seria propia de los tiranos en su fase de decadencia, prohibiendo el acceso a los expedientes para que los ciudadanos no puedan saber todo lo que han hecho mal. En cualquier caso, ni yo ni ningún ciudadano debemos sentir que cuando acudimos a consultar un expediente los funcionarios que nos lo dejan ver nos están haciendo un favor. Se trata, en nuestro caso, de un simple derecho y en el suyo de una simple obligación.

Usted es el letrado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, y como tal, representa a casi un millar de afectados en la provincia. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente considera que no acredita “fehacientemente” su condición de interesado en los deslindes; y que podría violar la ntimidad de los afectados, por permitirle acceder a los expedientes de deslinde. ¿Qué le parece esta respuesta del Ministerio?

La pretensión de que no he acreditado la representación me deja sin aliento, no solo por su torpeza, sino porque revela que el Ministerio está  contra las cuerdas y habla como un púgil sonado. Todos los abogados, y me incluyo, actúan siempre con poder de representación otorgado por notario; y desde luego, las dos veces en que me han denegado el acceso a los expedientes de Santa Pola y de Javea, llevaba conmigo los poderes. Otra cosa es que, hasta el mes de mayo, el servicio de acceso a expedientes archivados se prestaba con tanta flexibilidad que en Madrid ni siquiera te preguntaban quién eras. Se limitaban a entregarte el expediente sin más. En todo caso, el argumento es interesante porque denota la total ausencia de argumentos.

La supuesta pretensión de preservar de la intimidad, es patética. El propio Ministerio pone, como ejemplo de datos íntimos. el domicilio o el número de teléfono, que se pueden consultar  en el listín telefónico y r tanto son de público conocimiento. Cuando lo leí, lo primero que hice fue buscar en las páginas blancas de Internet la dirección y el teléfono de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y de su jefe, el Secretario General del Mar. Los encontré en seguida e invito a cualquiera a hacer la prueba ¿Es esa la intimidad que se pretende preservar prohibiendo el acceso a los expedientes? Si quienes han escrito esa  nota de prensa parecen personas tristes, derrotadas y sin ideas es justamente porque eso es lo que son. Sus argumentos ni siquiera sirven como chiste y creo que se dan cuenta de que están haciendo el ridículo ante toda España

Sin embargo, según el Ministerio, es usted quien está creando un clima de crispación. El comunicado oficial da a entender que las propiedades que caigan en la zona de servidumbre de protección no tienen nada que temer. ¿Es usted una alarmista que le está metiendo el miedo a la gente con el cuento del lobo?

Cuando explico la situación a los afectados soy perfectamente fiel a la verdad. La crispación no la genero yo , sino quienes  están agrediendo a los ciudadanos y abusando de un poder que la sociedad les ha entregado para otra cosa. La afección por dominio público es una y por servidumbre de protección es otra. Pero no puede pretenderse que a quienes les cae encima esta última servidumbre se van de rositas. No pueden construir nada nuevo, ni ampliar su casa, ni derribarla para reconstruirla. Y si hay un siniestro total, es el fin. Ya no podrán reconstruirla, aunque sí sembrar cebollas en el solar. Este desenlace fatal no lo sufren ni siquiera las viviendas que caen en el dominio público a las que respetan la concesión. En Santa Pola hay 37 torres de viviendas en esta situación y el Ministerio no les ha notificado nada a los propietarios ¿quién sabe cuántas familias son en total? Como dije en mi intervención en  ante el Parlamento Europeo, compras una casa que es legal por los cuatro costados, la pagas, te endeudas de por vida, unos años más tarde cambia la ley y te dicen que tu casa es ilegal porque esa nueva ley califica como público el terreno donde se construyó. Y vienen unos funcionarios y te quitan tu casa. Creo que lo menos que puede suceder es que haya crispación, y les aseguro que no la estoy fomentando yo. De hecho, desde la Plataforma podríamos haber convocado movilizaciones muy incómodas para el gobierno y no lo hemos hecho. Somos un ejemplo de protesta social ordenada y razonada, pero sobre todo eficaz. Es precisamente esa eficacia lo que tanto está molestando al gobierno.
El Ministerio niega que las concesiones a los propietarios de primera línea sean para facilitar el paso a las palas excavadoras, y a los “flamantes paseos marítimos” que los propietarios creen que están proyectados sobre el suelo que ocupan sus viviendas. ¿Es usted un alarmista?

Ojalá las cosas fueran como dice el Ministerio. Pero, por desgracia, no es así. Por toda España estoy viendo proyectos de obras que incluyen el rescate de las concesiones a precios ridículos. Es más, el Ministerio, con una pasividad bochornosa, incumple continuadamente su obligación de otorgar las concesiones de oficio; y sólo se acuerda de darlas cuando tiene que rescatarlas con motivo de un paseo marítimo o una regeneración dunar que exigen las demolición de los edificios…. Bajo esta óptica, aunque no debería ser así, la concesión se está transformando en sinónimo de la demolición. Esta situación la he denunciado muchas veces como fraude colectivo, ya que la concesión es la compensación por una expropiación. Si te expropian también la compensación recibida, la operación tiene todo el aspecto de un timo. Me gustaría que esas personas que con tan poco convencimiento han escrito la nota de prensa del Ministerio, salieran y le explicaran a la opinión pública por qué incumplen cada día el reglamento de Costas, al no otorgar de oficio las concesiones, por ejemplo, en Arenales del Sol. Esto lo digo en serio, es un desafío: Expliquen por qué están dando este espectáculo vergonzoso, cuando el reglamento les obliga a dar la concesión de oficio y los vecinos de Arenales están esperando, desde el 19 de mayo de 1997, a que ustedes regularicen su situación con arreglo a la ley. Puede que la respuesta sea tan simple como ésta: Aún no han escrito ningún proyecto para derribar esas diecinueve torres de los Arenales.

LOS SAPOS Y LAS CULEBRAS DE LOS DESLINDES

¿PERO QUÉ TENDRAN ESOS EXPEDIENTES PARA HACER TANTO RUIDO?
¿Pero, en realidad cuál es la importancia de estos expedientes para que armen ustedes tanto escándalo?
En muchos casos, la última llamada de un ciudadano desesperado porque va a perder la vivienda es la que me hacen a mí. Perdón por decirlo así, pero esto me ha pasado ya varias veces. Los abogados que llevan el caso dicen que no hay nada que hacer, que hemos llegado al final, que la sentencia es firme, que el derribo es inevitable, y entonces estas personas descuelgan el teléfono y me llaman. Y yo, como George de la Jungla, tengo suerte y detengo esos derribos con un éxito del 100% hasta el momento, aunque no creo que pueda mantener ese nivel. Cuando me preguntan si aún hay algo que se pueda hacer, primero pido ver el expediente. Me da igual que sea un expediente archivado con todas las presunciones del mundo de que el tema está ya resuelto y es definitivo. A esas presunciones no les tengo ningún respeto, porque cuando abro una carpeta suelo encontrarme sapos y culebras. Unos sapos y culebras que por lo visto se vuelven estacionalmente invisibles, porque antes que yo no los había visto nadie.

¿Pero qué sapos y culebras son esas, no puede citar un ejemplo particular para que nos entendamos?

En el 2008 , una de estas personas    contactó conmigo porque su casa tenía una orden de derribo inminente, faltaban prácticamente días para que las máquinas la echaran abajo. En la Dirección General de Costas examino el expediente. Y allí estaban los sapos y las culebras. La zona es un acantilado. La casa se estaba construyendo cuando se iniciaron las operaciones de deslinde. Hay en los papeles una nota más que reveladora que dice que por allí la señora X estaba edificando, pero fuera de la servidumbre de protección. Y esto está escrito en el expediente. Luego, por una metedura de pata tècnica, movieron al interior la servidumbre y afectaron la casa, pero a los propietarios  no les dijeron ni pío y por supuesto que tampoco pararon la obra. Si me hubiera retrasado solo dos meses en consultar el expediente la vivienda  habría sido injustamente demolida. Pues bien, esto es lo que parece que ahora quieren impedir a toda costa que se repita desde el Ministerio de Elena Espinosa: La claridad, la verdad y la justicia. Y sobre todo, que los afectados puedan defenderse.

¿Qué la ha contestado a su carta el Presidente del Gobierno?

El Presidente, en vez de contestarme, se ha ido a veranear a La Mareta, una casa en Lanzarote a unos metros del mar. Como tiene poco tacto ha cometido  una metedura de pata histórica, como la de Felipe González emulando a Franco cuando se fue de vacaciones en el Azor. Nadie sabe por qué no derriban la Mareta lo mismo que tantos poblados canarios, puesto que es indiscutible que está en el dominio público. Pero al presidente le da igual y con este gesto tan inoportuno creo que vamos a tener que darle la razón a Sarkozy cuando dijo que ZP no es muy inteligente. Bueno, y como no me va a contestar y pronto será presidente de Europa, voy a entretenerme escribiendo una carta a cada uno de los primeros ministros de los paises de la UE denunciando que Zapatero prohibe a los ciudadanos (incluyendo los europeos) el acceso a los expedientes de deslinde que les afectan. Solo para que puedan hacer muecas y cambiarse miradas divertidas cada vez que este hombre haga un discurso dulzón
hablando de derchos humanos.

Ignacio Martín Sáez

VERSIÓN PUBLICADA:

JOSÉ ORTEGA «El Ministerio de Medio Ambiente está contra las cuerdas y habla como un púgil sonado» El abogado replica al Gobierno que es él quien crispa con su «abuso de poder» 07.08.09 – IGNACIO MARTÍN | SANTA POLA

Qué está ocurriendo con los expedientes de deslinde? ¿Se están convirtiendo en expedientes X?

-Eso parece. Y las excusas son sorprendente pobres. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el contenido de los expedientes que les afectan y eso es todo. Estamos hablando de un servicio público, no de un búnker (o quizá sí). De forma súbita, el acceso ha quedado prohibido. Es una reacción del Gobierno contra la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo y una mala digestión de la condena por prácticas abusivas en relación con la Ley de Costas. El Gobierno se ha visto superado por unos ciudadanos que, sin levantar la voz, sin romper escaparates y sin insultar, sólo con la palabra y la razón, han conseguido prevalecer frente a todo el aparato del Estado.

-Aunque representa a un millar de afectados en la provincia, el Ministerio de Medio Ambiente considera que no acredita «fehacientemente» su condición de interesado en los deslindes y podía afectar a datos íntimos.

-Esa respuesta me deja sin aliento, no sólo por su torpeza, sino porque revela que el Ministerio está contra las cuerdas y habla como un púgil sonado. Todos los abogados, y me incluyo, actúan siempre con poder de representación otorgado por notario; y desde luego, las dos veces en que me han denegado el acceso a los expedientes de Santa Pola y de Jávea, llevaba conmigo los poderes. Y la supuesta pretensión de preservar la intimidad es patética. En Internet también aparecen la dirección y el teléfono de la directora general de Sostenibilidad y de su jefe, el secretario general del Mar. -Sin embargo, según el Ministerio, es usted quien está creando un clima de crispación. ¿Es un alarmista que le está metiendo el miedo a la gente con el cuento del lobo? -Cuando explico la situación a los afectados soy perfectamente fiel a la verdad. La crispación no la genero yo, sino quienes están agrediendo a los ciudadanos y abusando de un poder que la sociedad les ha entregado para otra cosa. La afección por dominio público es una y por servidumbre de protección es otra. Estos últimos no se van de rositas porque no pueden construir nada nuevo, ni ampliar su casa, ni derribarla para reconstruirla. Y si hay un siniestro total, es el fin. Somos un ejemplo de protesta social ordenada y razonada, pero eficaz, y es precisamente eso lo que tanto molesta al Gobierno. -El Ministerio también niega que las concesiones a los propietarios de primera línea sean para facilitar el paso a las excavadoras y a los «flamantes paseos marítimos»

-Por desgracia, no es así. Por toda España estoy viendo proyectos de obras que incluyen el rescate de las concesiones a precios ridículos. Es más, el Ministerio incumple continuamente su obligación de otorgar las concesiones de oficio y sólo las da con motivo de un paseo marítimo o una regeneración dunar que exigen las demolición de los edificios. Ocurre, por ejemplo, en Arenales del Sol. Sus vecinos están esperando, desde el 19 de mayo de 1997 a que regularicen su situación. -¿Pero, en realidad cuál es la importancia de estos expedientes para que armen tanto escándalo? -En muchos casos, la última llamada de un ciudadano desesperado porque va a perder la vivienda es la que me hacen a mí. Cuando abro una carpeta de estos expedientes suelo encontrarme lo que yo llamo los sapos y las culebras de Costas. Antes que yo no los había visto nadie.

-¿Puede citar un ejemplo particular para que le entendamos? -En el 2008 una de estas personas contactó conmigo porque su casa tenía una orden de derribo inminente. Examiné el expediente y vi que la zona es un acantilado. La casa se estaba construyendo cuando se iniciaron las operaciones de deslinde. Hay en los papeles una nota más que reveladora que dice que por allí «la señora X estaba edificando, pero ¡fuera de la servidumbre de protección!». Si me hubiera retrasado dos meses en la consulta, la vivienda habría sido injustamente demolida. -¿Qué la ha contestado a su carta el presidente del Gobierno?

-En vez de contestarme, se ha ido a veranear a La Mareta, una casa en Lanzarote a unos pocos metros del mar. Ha cometido una metedura de pata histórica, como cuando Felipe González emuló a Franco al irse de vacaciones en el Azor. Como no me contesta, voy a entretenerme ahora escribiendo una carta a cada uno de los primeros ministros de la UE denunciando que ZP prohíbe a los ciudadanos, el acceso a los expedientes de deslinde que les afectan. Sólo para que puedan intercambiar miradas divertidas cada vez que haga un discurso dulzón hablando de derechos humanos.

José Ortega

Abogado

ortega_abogados@hotmail.com

www.costasmaritimas.com

SIQUEPODEMOS

A la izquierda, un expediente de deslinde en la Dirección General de Costas. A la derecha otro en mi despacho.

A la izquierda, un expediente de deslinde en la Dirección General de Costas. A la derecha otro en mi despacho.

 Muchos sabéis que en muchos casos, la última llamada de un ciudadano desesperado porque va a perder la vivienda es la que me hacen a mí. Perdón por decirlo así, pero esto me ha pasado ya varias veces. Los abogados que llevan el caso dicen que no hay nada que hacer, que hemos llegado al final, que la sentencia es firme, que el derribo es inevitable, y entonces estas personas descuelgan el teléfono y me llaman. Y yo, como George de la Jungla, tengo suerte y detengo esos derribos con un éxito del 100% hasta el momento, aunque no creo que pueda mantener ese nivel.  

 Parte de ese éxito viene porque no me creo nada. Ni de la resolución de los expedientes, ni de las sentencias judiciales, ni de la apariencia, ni de nada. Cuando me preguntan si aún hay algo que se pueda hacer, primero pido ver el expediente. Me da igual que sea un expediente archivado con todas las presunciones del mundo de que el tema está ya resuelto y es definitivo. A esas presunciones no les tengo ningún respeto porque cuando abro una carpeta suelo encontrarme sapos y culebras. Unos sapos y culebras que por lo visto se vuelven estacionalmente invisibles, porque antes que yo no los había visto nadie.

 Ved lo que me pasó en agosto de 2008. Recibo un correo electrónico de cierta persona que vive en una de las principales capitales de Europa. Está angustiada porque le van a tirar abajo su casa, y en este caso no se trata precisamente de una chabola, más bien todo lo contrario. Ha tenido abogados de todas las clases y colores, le han puesto todos los pleitos del mundo y faltan prácticamente días para que las máquinas echen a bajo la casa. Como siempre, ya no hay nada que se pueda hacer, etc. etc. Me dice en el correo que ha oído por Tenerife que yo tengo muy buena fama y todo ese rollo y que acude a mí como último recurso. Cree que puedo evitar ese derribo inminente.

 Se trata de una vivienda construida al parecer ilegalmente dentro de la servidumbre de protección, un asunto feo y difícil. El Gobierno de Canarias, aparentemente con muchas razones,  le tramita un expediente al anterior propietario y luego a este señor, que había comprado sin saber nada, para derribar la obra. Se pierden todos los pleitos y estamos a las puertas del desenlace final. Compruebo las mediciones de los cien metros, por si acaso, pero es un palo de ciego. Todo está correcto y la vivienda realmente está en servidumbre de protección por lo que a la primera de cambio yo también creo que no hay nada que hacer.

 Pero tomo el tren y me voy a la Dirección General de Costas (me gusta más el nombre antiguo que el nuevo, que encuentro cursi y tonto) para examinar el expediente. Begoña, la funcionaria, me atiende tan excelentemente como lo viene haciendo desde hace ya años. Con solo pedirlo, en cinco minutos tengo sobre la mesa los papeles. Abro la carpeta y me pongo a estudiar. Cuando hacía prácticas de Arqueología y hacíamos prospección de un yacimiento, mi profesor preferido, García del Toro, siempre andaba dando la brasa con lo del ojo avisado del arqueólogo, y era cierto. El veía las puntas de flecha en el suelo a simple vista y nosotros no. Yo tengo el ojo muy avisado, no para las puntas de flecha, sino para los sapos y culebras que permanecen invisibles para la mayoría.

 Y allí estaban mis sapos y culebras. Nunca pude entender por qué los otros abogados que habían intentado defender el tema se habían perdido por las ramas, discutiendo lo que no había que discutir en vez de ir a la raíz. Y la raíz era lo que yo tenía delante. Qué burros, pero qué burros eran los que habían tramitado ese expediente.

 La zona es un acantilado. La casa se estaba construyendo cuando se iniciaron las operaciones de deslinde. Hay en los papeles una nota más que reveladora que dice que por allí la señora X estaba edificando, pero fuera de la servidumbre de protección. Estupendo: la casa NO estaba en la servidumbre de protección. Un día vinieron e hicieron algo increíble. Cogen y dicen que como han medido el acantilado y tiene menos de sesenta grados, no procede poner el dominio público marítimo terrestre por su coronación, sino situarlo abajo, junto a la ribera del mar, coincidiendo con el alcance de los temporales (esto puede ser un poco técnico, lo siento. Ved el art. 4 de la ley de costas y su equivalente del reglamento). Estupendo de la muerte pero, aunque sea increíble, van y hacen lo contrario. Es una locura, sí, pero lo hacen. En lugar de bajar el dominio público marítimo terrestre al pie del acantilado, suben la ribera del mar hasta su coronación. Creo que ese día se habían fumado un porro o algo peor, porque no tiene ningún sentido, pero es lo que hicieron. Y no solo eso. Al subir erróneamente la ribera del mar a la coronación del acantilado, la servidumbre de protección se movió hacia el interior, ya que se cuenta justamente desde la ribera del mar. Con esto la casa quedó dentro de la servidumbre de protección.

 ¿Vosotros creéis que a estos artistas de los derechos ciudadanos se les ocurrió notificarle algo a los propietarios de la vivienda? Ni hablar, ellos siguieron con su tramitación, metiendo la vivienda dentro de la servidumbre sin que sus propietarios supieran ni media palabra. Y luego, claro, vino el gobierno de Canarias, muy digno, y dijo: oiga usted, que ha construido ilegalmente en servidumbre de protección, pues ahora le tiro la casa abajo, hale.

 La metedura de pata de los ingenieros de costas es doble:

 -Por una parte no notificar a los propietarios que la casa había pasado a estar incluida dentro de la servidumbre de protección (si lo hubieran hecho, los propietarios habrían podido alegar todos los despistes que he señalado antes).

 -La vivienda NO está y NUNCA estuvo en servidumbre de protección.

 ¿Os dais cuenta del despropósito? ¿No veis cómo estamos conducidos y administrados por unos burros? Y lo principal ¿Os dais cuenta de lo importante que es que DEJEN VER LOS EXPEDIENTES? Es patético pensar que si me hubiera retrasado solo dos meses en consultar el expediente de este señor, su casa se vendría abajo y todos estos desalmados (literalmente, carentes de alma) tan contentos y tan convencidos de haber cumplido con su deber y de que se hubiera hecho justicia.

 Pues bien, esto es lo que quieren impedir: La claridad, la verdad y la justicia. Quieren ocultar sus miserias, sus vergüenzas y sus errores. Esto que he contado no es la primera vez que me pasa, claro. El otro día he descubierto otra igual. Hace unos meses se derribaron dos viviendas en la isla del Hierro. Lástima que los propietarios estaban intentando ponerse en contacto conmigo en la dirección de correo que me dejó de funcionar por saturación de basura. Cuando lo consiguieron las casas ya no existían, pero aún y así clamaban por justicia. Era el mismo caso, unas viviendas en servidumbre de protección. Fui otra vez a Madrid a ver el expediente y me quedé a cuadros cuando leí un informe del Ayuntamiento de Valverde que decía que los terrenos ya eran urbanos antes de 1988, lo que significa que la servidumbre de protección tendría que haber tenido una anchura de 20 metros, no de 100, y que por tanto esas dos viviendas tampoco estaban en la servidumbre, sino en t,errenos hábiles para construir. Claro está que a los titulares no les habían notificado ni media palabra de la tramitación del expediente y también que los abogados habían dictaminado que ya no podía hacerse nada. Y de nuevo esto no habría podido averiguarlo si hubieran acudido a consultar el expediente solo unos meses después, con la prohibición en marcha.

 Ahora ya no puedo revisar estos abusos y estos errores. Ni yo ni ningún otro abogado o afectado.

 Ya sabéis lo que dicen. Por un clavo se perdió una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo un general y por un general una guerra. Creo que uno de esos días, en alguna de las visitas que hice en primavera, cometí un error. Estaba delante de los funcionarios encargados de los expedientes, hablando con alguien por el teléfono móvil y dije mi nombre. Creo que eso fue el fin. En todos estos años los funcionarios no sabían cómo me llamaba (no solo no pedían poderes, ni siquiera te preguntaban quién eras, lo que hasta a mí me sorprendía). En la siguiente visita empezaron los problemas. Tienen la resolución del Parlamento Europeo sentada en la boca del estómago y son incapaces de digerirla. Y saben quién es el culpable.

 Esto que están haciendo con la prohibición de acceso a los expedientes es un crimen. Hay muchas familias que van a llorar viendo cómo les echan abajo las casas solo porque los ingenieros de costas han decidido impedir todo derecho de defensa. El Estado no puede permitirse esta lacra. Debería quitar de en medio a los responsables, sean quienes fueren, de estas prácticas propias de la mafia.

 Sabéis que han publicado una nota de prensa metiéndose conmigo y diciendo, los cachondos, que cuando pido que me dejen ver los procedimientos pretendo un trato de favor. También dicen que los expedientes no se pueden ver íntegros para preservar el derecho a la intimidad de las personas que aparecen ahí, y ponen como ejemplo la dirección y el teléfono. Esto no vale ni siquiera como chiste, solo como evidencia de que carecen de argumentos, están contra las cuerdas y de su boca solo salen idioteces. Cuando leí estas razones, me fui a buscar por Internet, en las páginas blancas de telefónica, la dirección y el teléfono de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y de su jefe, el Secretario General del Mar. Tardé segundos en obtener los datos. Esta es la pretendida intimidad que quieren preservar.

 Podéis hacer la prueba: Id a páginas blancas de telefónica y escribir ALICIA PAZ ANTOLÍN y en la provincia MADRID. Y luego lo mismo con JUAN CARLOS MARTÍN FRAGUEIRO. No pongo aquí sus datos para que no me busquen problemas, pero son del dominio público. 

 En fin. Yo pongo un contencioso administrativo, la Sala reclama el expediente, y lo tengo en mi despacho durante un mes para hacer con él lo que quiera, incluyendo anotar los nombres, direcciones y teléfonos de todo Quisque. Al tribunal por lo visto esto no le preocupa. Pero el mismo expediente no puedo verlo en las oficinas de la Administración por culpa de que ahí hay teléfonos y direcciones. Nada tiene sentido y desde luego que esta batalla la van a perder, porque no pueden ir contra toda una cultura y toda una civilización. Esto que están haciendo son como fuegos fatuos de fascismo que aparece en forma de llamarada pero que se extingue en seguida.

 Fuerza para todos.

José Ortega

Abogado

ortega_abogados@hotmail.com

www.costasmaritimas.com

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