CONTRA LA INQUISICIÓN, MÁS EUROPA

julio 27, 2009

Muchos ya conocéis esta noticia, pero algún otro se enterará por aquí. Solo una observación: como todo el mundo sabe yo no soy el presidente de la Plataforma. He tenido que desmentirlo ya varias veces, aclarando que el presidente es JOSÉ PEDRO FERNÁNDEZ, afectado de Otur (Asturias).

La noticia ha sido muy comentada en la edición digital del periódico, pero podéis seguir comentando.  El vínculo:

http://www.laverdad.es/alicante/20090723/provincia/denuncian-gobieno-ante-parlamento-20090723.html

PROVINCIA ALICANTE

Denuncian al Gobieno ante el Parlamento Europeo «por practicas abusivas» en la Ley de Costas

Quince propietarios alicantinos firman el escrito junto a centenares de afectados de todo el país

23.07.09 –

IGNACIO MARTÍN

| ALICANTE

Centenares de propietarios afectados por los deslindes de costas, entre los que se encuentran al menos 15 propietarios de viviendas en Alicante, han denunciado ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) «la nueva medida del Ministerio de Medio Rural y Marino de impedir el acceso a los expedientes de deslinde».

A la denuncia, que es una ampliación de la protesta «por la aplicación abusiva de la Ley de Costas», presentada en febrero de 2008, se añadirán durante las próxima semanas las firmas de los afectados del deslinde de Javea -en su mayoría alemanes-.
La protesta, formulada en nombre de estos propietarios por el abogado defensor de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, ha sido enviada al Comité de Peticiones europeo este 9 de julio.
 
En ella se detallan los diversos argumentos empleados por los funcionarios de la Dirección General de Sostenibilidad, para negar el acceso a parte de estos expedientes a los cientos de ciudadanos afectados que acuden personalmente, o mediante su representante legal, a las dependencias de costas para interesarse por un proceso que afecta a sus derechos de propiedad. Argumentos «como la preservación de la intimidad de los afectados», que en opinión de la Plataforma que los representa «son interpretaciones absurdas, dado que los afectados son ellos mismos».
 
Entre estos casos de supuesta protección de la intimidad de los afectados alegada por parte del Ministerio para negarles el acceso a parte de la información, en el informe presentado al Parlamento Europeo figura el deslinde de Playa Lisa, en la localidad de Santa Pola. La denuncia relata cómo uno de estos afectados, con domicilio en Elche, acudió a la Dirección Provincial de Costas de Alicante para solicitar los escritos de las alegaciones presentadas hasta el momento contra dicho deslinde. Según la denuncia formulada por el abogado José Ortega «en dichos documentos la única intimidad son las direcciones exactas de los domicilios y sus propiedades, pero a este vecino también la están negando su derecho a defenderse».
 
«Si el problema fuera la intimidad, se tacharían ese tipo de datos, permitiendo consultar el resto del expediente como se ha hecho siempre en estos casos», añade el letrado.
 
Según la denuncia remitida por Ortega al Parlamento Europeo, todas estas personas que han solicitado consulta de expedientes «tienen sus propiedades amenazadas por derribos como consecuencia de proyectos de obras de la Administración, y estas obras de la Administración se fundamentan en el deslinde aprobado, por lo que resulta elemental la consulta de los correspondientes expedientes».
 
El abogado recuerda en el informe, además, la denuncia de que «estos deslindes son retroactivos, es decir, que aplican la Ley de Costas a situaciones nacidas legalmente antes de su entrada en vigor, algo que ha sido proscrito formal y rotundamente por el Parlamento Europeo, en resolución del pleno de 16 de marzo de 2009», en referencia al Informe Auken, que condenó al Gobierno de España por la controvertida aplicación de esta ley.
 
El letrado informa en su denuncia al Comité de Peticiones que «contra estos hechos se ha formulado queja ante la inspección general de servicios del propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino». Y solicita al Parlamento Europeo «que investigue estos hechos y dicte resolución condenando a España por prácticas abusivas también en relación a la consulta de estos expedientes públicos».
 
En opinión del presidente de la Plataforma Nacional de Afectados «esta nueva estrategia del Ministerio debe cesar cuanto antes, ya que sólo conduce al desaliento de miles de ciudadanos, indefensos ante una maquinaria de la administración que está pisoteando sus derechos».
 
Joisé Ortega
Abogado
ortega_abogados@hotmail.com
www.costasmaritimas.com
 
SIQUEPODEMOS
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