MODELO PARA RECOGIDA DE FIRMAS

marzo 29, 2009

 Esta noche Antonio Oliva (Bajo la Cuesta, Candelaria) me ha llamado para proponerme una recogida de firmas en orden a pedir al gobierno los cambios en la ley de costas a los que se refiere el Parlamento Europeo en su documento de aprobación del informe Auken. Dicho y hecho. Lo vamos a poner en marcha inmediatamente. He redactado un texto para la recogida de firmas. Va acompañado de un anexo con los pasajes del informe Auken que nos conciernen. Lo idóneo es que en los sitios en los que se dejen las hojas para firmar tengan también algunas copias  del anexo, para comprobar qué es lo que están firmando. Pido que lo dejéis en todos los sitios posibles para firmar, incluyendo los Ayuntamientos que quieran ayudar.

Los ejemplares firmados me los remitís por correo o mensajero a mi despacho. Plaza Mariano Benlliure 21, 1º El Puig, 46540 Valencia.

Esto lo vamos a hacer en tanto preparamos un borrador de proyecto de ley para introducir modificaciones en la ley de costas y una iniciativa legislativa popular para que se tramite en las Cortes.

 Pongo aquí el texto que se va a firmar. Si alguien quiere tener el formulario completo, que me lo pida por correo electrónico (ortega_abogados@hotmail.com) y se lo enviaré. 

 LOS ABAJO FIRMANTES INSTAN AL GOBIERNO A CUMPLIR CON LA DECLARACIÓN APROBADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO EN FECHA 26.03.09 (“INFORME AUKEN”) COMO RESPUESTA A LA QUEJA PRESENTADA POR LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, Y POR TANTO REMITIR A LAS CORTES  PROYECTO PARA MODIFICAR LA LEY DE COSTAS A EFECTOS DE GARANTIZAR LA PROHIBICIÓN DE SU APLICACIÓN RETROACTIVA Y ESTABLECER UN SISTEMA DE COMPENSACIONES SUFICIENTE Y DIGNO PARA LOS AFECTADOS. TAMBIÉN RECLAMAN EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FORMA QUE SE RESPETE A LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS CUYA VIVIENDA NO PERJUDICA EL MEDIO AMBIENTE. Y SE PIDE, ENTRETANTO, LA PARALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EN CURSO, ESPECIALMENTE LOS QUE IMPLIQUEN DERRIBOS O DAÑOS PARA EL PATRIMONIO DE LOS AFECTADOS.

ANEXO

PÁRRAFOS DEL INFORME AUKEN RELATIVOS A LA LEY DE COSTAS

RESOLUCIÓN APROBADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO EN 26.03.09 A INSTANCIAS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

O    Considerando que, en 2008, las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se produjeron grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas; que incluso las instrucciones actuales no proporcionan unas medidas de ejecución claras para las autoridades regionales y locales implicadas, y que muchas de las nuevas peticiones recibidas atestiguan el carácter retroactivo de las instrucciones y la destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente, sus derechos con respecto a tales propiedades y su capacidad para transmitir esos derechos por vía sucesoria,

P.    Considerando que, en vista del actual trazado de la línea de demarcación, los afectados tienen la firme impresión de que se ha establecido de forma arbitraria, a expensas de los propietarios extranjeros, como por ejemplo en la isla de Formentera,

Q.   Considerando que la mencionada Ley de Costas afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes, cuyos derechos deberían verse plenamente respetados, y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos complejos vacacionales, y que estaban mejor situados para saber que su actuación era sin duda contraria a las disposiciones de la ley en cuestión,

22. Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;

33. Hace hincapié en que, en los casos en que pueda exigirse indemnización por la pérdida de propiedad, debería concederse a un tipo apropiado y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

Por este motivo, algunas autoridades políticas y dirigentes de partidos consideran inadmisible la afirmación de que los extranjeros, que evidentemente no comprenden la legislación española, son los únicos que plantean estos problemas, o que las víctimas no tienen más que dirigirse al juzgado más cercano para que les aclaren y resuelvan su situación. De hecho, muchos peticionarios han intentado llevar a cabo esta medida sin obtener resultado alguno; otros no pueden permitírselo económicamente. La mayoría se encuentran desorientados por los consejos contradictorios que reciben de las autoridades locales y de los abogados a los que han recurrido en busca de asesoramiento sin que les hayan ayudado mucho (por no mencionar los numerosos casos en que las autoridades municipales y los propios abogados han resultado partes intrínsecas del problema). La mayoría de los peticionarios y muchos juristas están desconcertados por la falta de seguridad jurídica y la confusión resultante de una legislación imprecisa o excesivamente compleja en materia de desarrollo urbanístico y sus implicaciones, junto con unas disposiciones de aplicación cada vez más confusas. La recién recuperada Ley de Costas de 1988 es otro ejemplo de ello.

 

La comisión entiende y respalda a las autoridades españolas en sus intentos de conservación y de, en su caso, restauración del entorno costero. Lo que no entiende es por qué se ha recuperado la Ley de Costas de 1988 a estas alturas, después de estar treinta años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación. ¿Por que su aplicación es tan caótica y arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras, pero se tolera la construcción de nuevos apartamentos? ¿Por qué se permitió la adquisición de estas viviendas durante los últimos treinta años, de conformidad con todos los requisitos legales en cuestión, salvo una ley con efecto retroactivo a la que ahora tienen que enfrentarse los propietarios legítimos y que les priva de sus derechos como tales? Resulta razonable que los especuladores y promotores inmobiliarios que contaban con los recursos legales para estar bien al tanto de la situación deban ser sancionados, pero no que las personas que adquirieron su vivienda de buena fe y cumplieron los requisitos impuestos deban perder sus derechos, así como los de sus familias y descendientes, respecto a sus inmuebles.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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