¿PROPIEDAD O CONCESIÓN?

enero 29, 2009

El primer éxito de la Plataforma fue forzar al gobierno, el pasado diciembre, a introducir una mejora en régimen de las concesiones administrativas que la ley reconoce como compensación por la expropiación implícita en un deslinde. Lo hizo con muchas prisas, metiéndolo en el proyecto de ley de navegación marítima, que nada tiene que ver con la ley de costas. Creo que esto se debe a que el gobierno se siente acosado, en especial porque nuestros socios europeos no entienden que la situación en nuestro país pueda resumirse así: expropiación sin indemnización.

Aprovechando la situación, hemos remitido a los partidos políticos una propuesta razonada de enmienda a este proyecto de ley. La reforma del gobierno es muy tímida, se limita a admitir que las concesiones se puedan vender a terceros y a simplificar el trámite administrativo. Nosotros queremos una reforma de mucho mayor calado que reconozca este derecho a supuestos que no aparecen claros en la ley. Conozco muy bien estos supuestos. Si estuvieran correctamente recogidos, la Demarcación de Costas de Valencia no habría podido derribar el restaurante Pepita, ni la Demarcación de Costas de Pontevedra habría intentado derribar la vivienda de la familia Aboal, ni la Demarcación de Costas de Tenerife habría conseguido echar abajo la carpintería de Valeriano Rodríguez. En este momento las máquinas acechan en busca de nuevas víctimas, especialmente en Canarias.

 En la Plataforma, y en España, hay muchos casos distintos, con distinto grado de avance en el proceso expropiatorio. Muchos afectados tienen aún por delante una extensa vía de recursos y están en buenas condiciones, o medianas, para defender su propiedad. Otros, en cambio, han llegado al final y las máquinas están a las puertas de su casa. Yo confío en que ninguno de vosotros tenga que ver cómo le derriban su vivienda. Es realmente humillante ver cómo unos operarios indiferentes arrasan tus recuerdos y todo lo que hasta ese momento ha sido tu vida. En especial cuando sabes que ellos no tienen razón pero llevan detrás no solamente la maquinaria pesada, sino también la guardia civil, los jueces, el boletín oficial y todo el peso del Estado.

 Nuestras razones, lo que buscamos y a lo que aspiramos están todos claros en mi informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas, que creo que debería ser la guía de cualquiera que tenga dudas. Para quienes aún pueden discutir los deslindes y defender su propiedad, desde la Plataforma seguiremos luchando hasta el final. Pero a los que tienen ya a las puertas de su casa las legiones romanas armadas hasta los dientes para derribar sus muros, pisotear su dignidad y dejarlos en la calle, tenemos que ayudarlos a obtener la última vía de defensa, y esta vía la concesión administrativa.

En los noventa trabajé durante año y medio para una asociación nacional contra la ley de costas. Su presidente repetía constantemente que las concesiones son un engaño y que aceptarlas era lo mismo que reconocer que no somos propietarios. Solo admitía la devolución de la propiedad, sin matices, sin fisuras y sin excepciones. Y así le fue. Se tuvo que quitar de en medio y la asociación quedó en el olvido.

 Tenemos que agotar la energía hasta el límite para discutir el sitio por donde se pone la línea, porque a partir de ahí la cosa se pone tiesa de verdad y ya quedan pocas opciones. Para obtener la devolución de las propiedades, tal como lo exigía aquella asociación nacional, habría sido preciso reformar el artículo 132 de la Constitución. No es imposible, sin duda, pero tampoco es realista ni tiene nada que ver con una lucha colectiva coherente.

He fundado la Plataforma para que funcione en serio, no para que se la lleve el diablo por culpa de errores elementales. El tiempo que le dedicamos, la energía que le ponemos, es solo una parte de lo que hace falta. Además se precisa algo de inteligencia y por lo tanto de realismo.

 Yo creo que podemos estar orgullosos y contentos a partes iguales porque por vez primera tenemos una ocasión real de aliviar a muchas personas que están sufriendo de manera injusta. Algunas pertenecen a la Plataforma y otras no tienen nada que ver con nosotros, ni las conocemos de nada.

 Este mundo marcado por el egoísmo y el beneficio necesita algo más que luchar por lo mío, lo mío y lo mío. La grandeza de la Plataforma no se queda en haber conseguido que se mueva ese paquidermo con las articulaciones oxidadas. Estamos aquí para defender nuestros intereses y nuestras viviendas (me exceptúo, porque yo no tengo casa en la costa), pero esta actividad lleva inevitablemente como efecto colateral el alivio de muchas personas que sufren injustamente, gente a la que nunca vamos a conocer y que nunca nos lo va a agradecer. Y a mí me parece de perlas.

José Ortega, Abogado

 ortega_abogados@hotmail.com

 www.costasmaritimas.com

Anuncios

Parlamento Europeo, comité de peticiones, 20 de enero de 2008. El día de Barak Obama.

No había, o no parecía haber, en la sala ningún eurodiputado holandés ni alemán, lo que nos extraño y decepcionó, especialmente a los afectados holandeses (Jan) y alemanes (Karim y Margret). Los parlamentarios que demostraron tener las ideas más claras fueron los ingleses. Tanto los españoles como los representantes del gobierno de la Comunidad Valenciana, la Síndic y la Comisión Europea, se perdían en tecnicismos legales. Los ingleses respondieron con una visión simple y eficaz: es una vergüenza que estemos cinco años discutiendo lo mismo (las leyes urbanísticas valencianas) y se olvida que detrás de cada problema hay personas con una historia y un drama individual.

 

Durante mi intervención se registró un incidente bastante revelador. Uno de los más apasionados defensores del informe Auken y de las víctimas del urbanismo salvaje es el diputado español de los verdes Sr. Hammerstein. Cuando llevaba unos momentos hablando, se le ocurrió interrumpirme para decir que yo no podía intervenir porque nuestro asunto no estaba en el informe Auken. El presidente lo mandó callar diciendo que las cuestiones de orden se plantearían al finalizar las intervenciones, pero este señor no planteó ninguna cuestión posteriormente, por lo que entiendo que su intención no era otra más que hacerme dudar, cortarme el ritmo y provocar inseguridad o errores (lo que desde luego no consiguió), y que le movía era un prejuicio ecologista totalmente fuera de lugar.

 

En el debate cada diputado recibió solo dos minutos. La diputada del partido socialista Inés Ayala tuvo una intervención a mi juicio desafortunada en la que sugirió que los actuales problemas son la consecuencia de haber construido en el pasado demasiado cerca de la costa. Más desafortunado aún me pareció que comparase nuestros casos con los del hotel Algarrobico. Y eso no es todo. Al término de la sesión, uno de los afectados trabó una breve conversación con Ayala. Ella le preguntó por la fecha en la que se habían construido las viviendas (años sesenta). Su comentario fue que “en esa época no había democracia”. La novedad de esta aportación consiste en que el culpable de todo es Franco.

 

En fin.

 

Mi intervención:

 

Sr. Presidente, Sres. Diputados:  

 

 Imaginen que compran en España una bonita casa de vacaciones y que un día el gobierno les dice que su casa es ilegal porque se construyó sobre una duna y veinte años después de la construcción, una nueva ley declaró que las dunas son dominio público.

 

 O imaginen que unos funcionarios descargan unos cuantos camiones de arena junto a su casa, y a continuación la  declaran ilegal porque está en medio de una zona de arena.

 

 O imaginen que el gobierno instala en el mar unos espigones, el agua empieza a comerse la tierra y su casa se encuentra de pronto a dos metros del mar, y les dicen que es ilegal porque está demasiado cerca del mar.

 

 O imaginen que un temporal extraordinario moja la fachada de su vivienda y con esto se transforma en ilegal.

 

 O imaginen que el gobierno les dice que el terreno que ocupa su casa estuvo sumergido hace doce mil años, y que por este motivo su casa es ilegal.

  

 ¿Saben lo que les pasaría en cualquiera de esos casos? Que perderían la propiedad ¿Y creen que el gobierno les indemnizará esta expropiación? Nada de eso. Si ustedes son personas sin suerte, el gobierno no solo se la derribará, sino que además les hará correr con los gastos de la demolición. 83.206 euros ha llegado a exigir a una familia para financiar su propio derribo. Pero previamente intentará despojarle a usted de su dignidad y le dirán que si renuncian a defenderse les perdonarán el pago de estas cantidades.

 

 Si por el contrario son ustedes personas con suerte, el gobierno les compensará con el derecho a permanecer como inquilino en su propia vivienda durante un periodo de tiempo limitado. Pero esto es solo en teoría, porque cuando alguien reclama este derecho por escrito no obtiene respuesta. Hasta donde yo sé estas reclamaciones se guardan en un armario ¿Saben cuál es la excusa? Que no tienen personal suficiente para tramitar estos expedientes. Tomen nota: El gobierno de España tiene todo el personal necesario para quitarle a usted su casa, pero ninguno para ocuparse de la compensación.

 

  Alguno de ustedes, con mucha  razón, dirá que la concesión que le ofrecen vale menos que la propiedad que le quitan. Y reclamará una compensación económica que cubra esa diferencia. Les aguarda una nueva negativa. En España los tribunales han dicho que “toda expropiación lleva aparejada cierta dosis de sacrificio”. No hay ley ni principio moral que diga una cosa así, pero esto es lo que sostienen nuestros jueces.

 

    Esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Les puede pasar a ustedes y le ha pasado a muchos ciudadanos de la Unión Europea que están padeciendo un sufrimiento intolerable. Yo no represento a empresas inmobiliarias ni a agentes urbanizadores, sino a ciudadanos de la clase media o media baja, muchos de ellos jubilados indefensos con unos ingresos modestos.

 

  Ya habrán visto que esto no es una petición de caprichos. Hemos venido al Parlamento Europeo en demanda de una justicia que en España se nos niega. En mi país el propio defensor del pueblo acaba de archivar la misma queja que hemos presentado aquí diciendo que no  tenemos razón en nada y que el  gobierno tiene razón en todo.

 

  Para las familias que represento, la única esperanza son ustedes. Tengo que pedirles en su nombre que investiguen a fondo la queja, que obliguen al gobierno de España a cumplir las mismas reglas que se cumplen en el resto de Europa y que confirmen que ser ciudadano europeo es algo que sigue mereciendo la pena.

 José Ortega

 ortega_abogados@hotmail.com

 www.costasmaritimas.com

 

El día 20 de enero de 2008, a las diez de la mañana, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se reunirá para examinar la denuncia que presenté en nombre de varios colectivos y afectados singulares, que más tarde constituyeron la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. He recibido una invitación para hablar ante el Comité en una intervención de cinco minutos.

 

Podéis comprobar las abismales diferencias de trato que hemos recibido de España y de Europa. En España la Ministra de Medio Ambiente ni siquiera contestó a nuestra queja.  Cuando nos reunimos con Martín Fragueiro y Alicia Paz el día 4 de noviembre, ella nos dijo que nos habían contestado “a través del defensor del pueblo”. Se refería a un informe evacuado hacía entonces quince días, que según manifestaban, el propio defensor del pueblo nos tendría que transmitir. No ha sido así, y ahora pienso que Alicia Paz contestó de esa manera para no quedar fatal delante de su jefe, es decir para ocultar la realidad de que NO nos han contestado a la queja ni nos pensaban contestar.

 

En cuanto al propio defensor del pueblo, ya habéis visto en post anteriores de lo que es capaz, y no creo que deba extenderme más. Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, Cortes Valencianas y Parlamento Canario se han negado a tramitar las comisiones de investigación que pedimos por escrito hace un año. Los Presidentes de las comunidades canaria y valenciana pasaron de nosotros, como todo el mundo dentro de nuestro propio país.

 

Pero el Parlamento Europeo está funcionando como un reloj. En julio se admitió a trámite la queja. Sin condicionantes, sin retórica y sin hacer la goma, como el defensor del pueblo español. Simplemente funciona. Encargaron un informe preliminar a la Comisión Europea, dijeron que estaría acabado en enero, y en enero está acabado y se presentará el día 20. La cuestión se va a debatir con luz y taquígrafos, como debe ser en una democracia auténtica.

 

 Ahora empieza la guerra en serio, esta guerra que estamos sabiendo conducir y ganar sin escándalos. Yo mismo comparto el asombro de los políticos al ver que todo marcha perfectamente sin necesidad de hacer una sola concentración o manifestación por las calles (si salvamos el numerito de la Plaza de Toros de Valencia). Es un caso insólito que se explica muy fácilmente: tenemos razón, hemos sabido exponerla y hay una instancia superior que SÍ está dispuesta a escucharnos.

                                               

Y todo esto se debe no solo a las situaciones de escándalo que he denunciado en mi informe, sino a que hasta ahora hemos marcado un filtro muy estrecho y riguroso: No puede formar parte de la Plataforma ningún afectado que no padezca una situación de abuso o relacionado con edificios construidos ilegalmente sobre el dominio público. Es muy fácil ser ambiguo en este punto y nosotros no lo hemos sido porque para que la sociedad nos entendiera necesitábamos desmarcarnos de situaciones de fraude. Para las muchas víctimas inocentes de los abusos de costas puede parecer inimaginable que haya personas que se pongan a edificar dentro del dominio público declarado en un deslinde. Hace menos de dos años un colectivo ecologista gastó una broma gigante a todo el país al plantar en medio de la playa de Benicasim un gran cartel anunciador de la próxima construcción de un bloque de apartamentos.  Absolutamente nadie cree que esto sea posible hoy, y en efecto no lo es. Pero en el pasado hubo quien lo hizo, y por eso no podemos abandonarnos a la idea preconcebida de que cada cosa que hace el gobierno está mal por el mero hecho de ser el gobierno. Si un edificio es efectivamente ilegal y el gobierno lo derriba, nosotros no podemos protestar. Y si no sabemos si es o no es legal, es mucho mejor ser prudente.  

 

  He tenido clientes del despacho que me han pedido entrar en la Plataforma  y no se lo he permitido porque sus viviendas se habían construido por un mecanismo fraudulento sobre la misma arena de la playa. Otro cliente que había comprado una casa ilegal dentro del dominio público vio cómo se la derribaban hace tres meses. He defendido este asunto y sigo defendiéndolo, pero ni se me ocurre invitar al cliente a entrar en la Plataforma ni mucho menos avisar a los periodistas para quejarme de un abuso de Costas.

 

 Parece que está claro: Una cosa es la defensa jurídica, donde cabe cualquier caso, y otra distinta la lucha colectiva a través de la Plataforma, donde solo caben los casos de abuso que puedan presentarse en sociedad con autoridad moral.  Es esta claridad lo que ha hecho que la sociedad nos entienda. Todo irá bien mientras mantengamos las buenas compañías.