Era diciembre, media mañana. Iba caminando con un amigo por la playa de Seselle bajo ese impreciso sol gallego, cuando vi que se aproximaba a nosotros un vehículo todo terreno. Avanzaba ostentosamente por el centro de la playa, no lejos de la orilla. Me pregunté quién sería el desalmado, y lamenté que no estuviera a mano el vigilante de costas,  porque la ley  prohíbe a los vehículos circular por las playas. Un señor que hace eso, meter el coche por la arena, se está burlando no solo de la ley, sino de todos los demás ciudadanos que la respetamos, y con esto hacemos posible la convivencia. Pero cuando el vehículo llegó a nuestra altura pude ver el emblema oficial que lucía en los flancos y supe que el conductor que infringía la ley y el vigilante de costas que debía impedirlo  eran, sorprendentemente, la misma persona.  Sin duda la Administración debe dar ejemplo de conducta intachable como primera medida para que las leyes sean creíbles y los ciudadanos decidamos que es bueno cumplirlas. Si el vigilante de la Jefatura de Costas pone a pasear el cochazo por la playa como un marqués muerto de aburrimiento, los ciudadanos que lo vean creerán que eso se puede hacer. Pero si lo hacen ellos, ese mismo señor vendrá y los denunciará. Y les costará una pasta.La anécdota no es más que un símbolo de la arbitrariedad con la que se conduce la Dirección General de Costas, tanto en lo pequeño como en lo grande. Después de veinte años, la ley de costas, en lugar de cumplir su papel de instrumento para la defensa del dominio público, se ha transformado en una herramienta de abuso e inseguridad, y desde luego en la causa principal de sufrimiento injusto para muchas familias. En aquel mismo paraje, la Jefatura de Costas había regenerado la playa, esparciendo arena sobre el espacio sin vallar de una finca privada. Los propietarios, muy cívicamente, habían dejado seis metros de franja libre de cercado para respetar una cosa llamada servidumbre de tránsito. La arena artificial llegó también a la parcela vecina, boscosa y salvaje. Por descontado que a nadie se avisó y a nadie se pidió permiso.Acto seguido, con un método bien estructurado y depurado, Costas declaró que los terrenos eran dominio público. No solo la franja privada donde se había echado la arena, sino mucho más, como la mitad de la finca, ya que el espacio vecino también había recibido vertidos, y, según dicen “para determinar la naturaleza demanial o no de un terreno hay que estar a su composición mayoritaria”. Por lo demás, la ley dice que las dunas son dominio público, incluso aunque su origen sea artificial.  Y con esto, todos los lectores de este artículo deben quedar avisados: Si en algún momento ven que una máquina derrama arena en los alrededores de su propiedad, tiemblen. Aunque estén encima del granito, la composición mayoritaria de los terrenos podría pasar a ser arenosa, y ustedes se quedarán sin su vivienda (no sin su hipoteca). Y si la arena les queda en el subsuelo, es igual. Por todas partes los ingenieros de Costas están haciendo agujeros, incluso de tres metros, en busca de esa arena, a fin de confiscar los terrenos privados.Por suerte, es la propia sociedad la que le va a poner un fin a esto. La recién nacida Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, integrada por miles de ciudadanos con la paciencia colmada, se ha convertido en algo así como el basta ya de las playas. Es una pena que hayamos necesitado acudir a Bruselas para denunciar al Gobierno de España porque aquí nadie, o casi nadie, ha querido escucharnos, y porque nuestro país parece haber perdido la capacidad de corregir desde dentro sus propios errores y desfases. Nunca como ahora me pareció tan valioso ser ciudadano de la Unión Europea.

José Ortega

Abogado

joseortega@costasmaritimas.com    

Anuncios

Tengo un cliente llamado el besugo. Se trata de un pescador jubilado, canijo, bajito y poca cosa, con un aspecto de inofensivo que se ve de lejos sobre sus viejas alpargatas. Vive en una playa de Fuerteventura, en su casa de toda la vida, que necesita una mano de pintura, o dos, y tan humilde como él. El paraje donde vive el besugo se llama Puerto Lajas, en total unas ochenta viviendas más o menos. El resto es un paisaje mineral de textura africana sin árboles ni alegrías. Puerto Lajas parece plantado en medio de la nada y seguramente durante mucho tiempo a nadie le importó si existía o no.

El besugo tiene una hija. Se llama Carmen. Es camarera. Carmen tiene un hijo. El hijo de Carmen es un niño semisalvaje que crece más o menos como debieron crecer los antiguos guanches, aunque él hace algo que no hacían los guanches: coge olas con la tabla, y así pasa más tiempo en el agua que al seco. Está muy bien que haya un niño que en vez de bizquear con la cabeza gacha ante la videoconsola, se entregue al mar con esa inocencia a la que estoy tentado de ponerle el adjetivo de bendita.

Al besugo le vino un día a ver la mala suerte, porque, creo que después de que ciertos señores del puro y el mercedes le echaran un ojito al paraje, se enteró de que la Dirección General de Costas iba a tirar abajo su casa, junto con las de sus vecinos. En corto: Costas se ha confabulado con el Ayuntamiento para hacer un paseo marítimo que va a chafar las viviendas. Pero no se trata de un paseo de seis metros de anchura, como es habitual, sino de veinte, lo que para el solitario caserío es algo así como una autopista de tres carriles en el Kalahari.

¿La justificación? Que el futuro PGOU prevé un gran crecimiento de población en la zona, lo que aconsejaba un paseo que de dimensiones que no resulten ñoñas. Esto me mosqueó, porque la gran densidad de población futura solo podía venir de sembrar ladrillos en masa. Y me mosqueó hasta el extremo de preguntarme si aquella previsión no vulneraba las restricciones de una cosita llamada zona de influencia.

La zona de influencia es una limitación establecida por la ley de costas para que en los primeros quinientos metros no se formen  pantallas constructivas y la edificabilidad no supere la media del municipio. El reglamento de costas asigna el control de esta zona precisamente a los planes de ordenación urbana, mandando que estas limitaciones queden incorporadas a ellos.

Lo consulté con un arquitecto que confirmó mis sospechas: Las previsiones de edificabilidad en Puerto Lajas no solo superan, sino que duplican la media del municipio, luego el PGU es ilegal y por tanto también la justificación que emplea la Dirección General de Costas para construir el paseo. Y lo lamentable es que es la propia Dirección General de Costas la encargada de exigir que se observen las restricciones de la zona de influencia. No sé si se dan cuenta del desatino: Costas está empleando como argumento un hecho ilegal que ellos mismos deben impedir. Es como si el sheriff del pueblo justificara que la expropiación de viviendas particulares porque los terrenos son precisos para construir un albergue para ladrones, asesinos y pederastas (y perdonen ustedes la comparación, que tiene solo fines didácticos y no dirigir insultos contra los señores del puro y el mercedes).

Por tanto, gran patinazo de los que se habían aliado para amargarle la vida al besugo, a Carmen y al niño salvaje. Pero todo esto debe ser por algo, y ese algo no es difícil de deducir. A mi parecer, ese consorcio formado por la Dirección General de Costas, el Ayuntamiento y el gran capital cementero-ladrillero pretende impedir que la primera línea del futuro paseo marítimo esté ocupada por las humildes casitas del besugo y sus vecinos, porque faltaría más que los restaurantes y hoteles de lujo tuvieran que estar en la calle de atrás.  Nos encontramos entonces con un hecho muy simple: El Estado echa a los pobres de sus casas para dárselas a los ricos, y esto se hace instrumentalizando la ley de costas  para conseguir fines contrarios a los que la inspiraron, que no son otros más que combatir la  presión urbanística sobre el litoral.

He escrito este artículo solo para poder dedicárselo a todos las personas sensibles, sensatas, responsables, pero no bien informadas, que desde el inicio de su fundación, se pusieron a escribir en los  foros de internet que la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas no es más que un grupo de señoritos cabreados porque el Estado les aplica una ley que no les gusta. La defensa que estamos haciendo va más allá de la ley y el derecho. Se ampara en principios morales y antes que una defensa de muros y paredes maestras constituye una defensa de la dignidad de unas personas que están padeciendo lo indecible. El besugo no tiene aspiraciones impertinentes: No desea un coche de marca, ni dar la vuelta al mundo, ni visitar restaurantes de lujo. Solo quiere que le dejen sentarse en el banco de piedra que hay adosado a su casa, a conversar con sus vecinos mientras mira a su nieto chapotear en el agua. Yo creo que es un derecho que se tiene ganado, y éstas son el tipo de personas por las que estoy luchando.

  José OrtegaAbogadojoseortega@costasmaritimas.com