Sr. Presidente: El Ministerio de Medio Ambiente acaba de aprobar de un tirón nada menos que veintiocho deslindes costeros, entre ellos el de un tramo del Saler (Valencia), que incorpora al dominio público el hotel Sidi Saler y la urbanización Casbah. Se trata de edificios que no solamente son legales, sino que fueron construidos siguiendo los planes urbanísticos del propio Ministerio de la Vivienda.

 El hecho resulta sorprendente al menos por dos motivos. Uno de ellos es que la decisión se dicta al poco tiempo de que por fin la sociedad española haya sabido reaccionar a los abusos de la Ministra Narbona y se haya organizado en una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que ha planteado con argumentos indiscutibles, y sobre todo honestos, un debate público sobre los límites de una aplicación razonable de la ley.

El otro es que esta aprobación masiva de deslindes se produce a poco menos de un mes de las próximas elecciones generales. Teniendo en cuenta el trauma personal que estas decisiones suponen para miles de familias españolas, choca que a la Ministra le haya dado el pronto justamente en estas fechas. Se trata de una medida que va contra el abc de la política, que consiste en que en periodos preelectorales hay que hacer y decir cosas dulces, inaugurar instalaciones y besar niños, al mismo tiempo que aplazar toda decisión que pueda alterar el humor de los votantes. Por ejemplo, quitándoles la propiedad de sus viviendas, que es lo que hacen los ingenieros de costas con sus deslindes.

Desde hace meses se dice que la Ministra Narbona no va a continuar en el cargo después de las elecciones, gane o pierda su partido. Se dice también que su Director General de Costas correrá la misma suerte. Se afirma que el partido socialista ya está harto de su forma de hacer política, especialmente política de costas. En este contexto, la extraña decisión de aprobar en plenas vísperas electorales no uno, sino veintiocho deslindes, parece un último acto de esa arrogancia que tan marcadamente caracteriza a la interesada. Pero esta chulería ya no va dirigida solo contra el pueblo de España, como ella suele hacer. También contra su partido.

Parece, pues, que se trata de una venganza, algo así como el último coletazo de un político agonizante y bastante cabreado. El Presidente del Gobierno haría muy bien en considerarlo así, y en tomar debida nota y actuar en consecuencia. Usted, Sr. Presidente, también recibió un ejemplar de nuestro Informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas. Léalo y alucine. O que se lo lean. Narbona debería de haberse alegrado de ser  Ministra en un país donde la gente no es imbécil y puede mantener un pensamiento crítico. En vez de eso comenzó ninguneando a la Plataforma bajo pretexto de estar politizada, se enrocó en la evidente mentira de que ella no aplica la ley de manera retroactiva, y concluyó bautizándonos a todos (usted y su partido incluidos) con el chorro de agua fría de estos veintiocho deslindes que siembran la desgracia en multitud de familias.

Un ejemplo de los problemas que le va a causar a usted y al Estado el testamento político de esta señora: Acabamos de presentar una solicitud para que se declaren dominio público los terrenos dunares de la playa del Pinar, en Castellón. No se preocupe, con ello solo pedimos que se aplique la ley de costas con los mismos criterios que en el Saler, además de Arenales del Sol, Playa Lisa, Seselle, Otur y Villaviciosa, es decir, como en todo el resto de España. Cuando los afectados por el deslinde del Saler acudieron a hablar con el Subdirector General de Costas (por lo visto auténtico visir en la sombra e indiscutible caudillo de la aplicación retroactiva de la ley) éste les dijo que los problemas económicos, familiares o personales que originara la aplicación de la ley a los afectados del Saler no le importaban. Veamos qué dice ahora, cuando los problemas van a ser para el Estado, porque si se aplica la ley en la playa del Pinar con los mismos criterios que en el resto de España, la Administración tendrá que desmontar un parque litoral recién terminado sobre las dunas con dinero de la Unión Europea, devolver las cantidades recibidas y explicar por qué motivo las aplicó a una obra ilegal. Y no solo eso: deberá también el Estado retirar el planetario de Castellón, que también se construyó sobre el campo dunar, lo mismo que Narbona se empeña en decir del hotel Sidi Saler y la urbanización Casbah. Se trata solo de un pequeño ejemplo de lo que la Plataforma está dispuesta a hacer y puede hacer, simplemente porque la política de la Dirección General de Costas está plagada de contradicciones, puntos negros y vergüenzas, además de personas ineptas para entender en qué consisten la Constitución y los derechos individuales.

Convenga con nosotros en que la decisión de Narbona la transforma en un apéndice tumefacto que pronto se va a desprender del cuerpo –que se supone saludable- del partido socialista, y por favor haga algo para restaurar la dignidad de un Estado que hasta ahora ha forzado en las playas una política inaceptable.  

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