Esta mañana nos hemos reunido con el Subdelegado del Gobierno en Valencia D. José Antonio Raposo, D. Guillermo Casanova y un servidor. Cuando el tema de la Plataforma salió a prensa recibimos un aviso urgente de la Subdelegación para que solicitáramos una reunión, y así lo hicimos. A continuación su discurso oficial consiste en que la reunión la pedimos nosotros. Pero esto carece de importancia. La realidad es que el Gobierno quería saber de qué va esto, y eligió el órgano administrativo de menor categoría posible para no reconocernos importancia y nivel. Tratándose de una plataforma nacional, y tratándose del conjunto de la Comunidad Valenciana, habría sido lógico que nos recibiera el Delegado y no el Subdelegado, pero esto es algo que ellos han evitado cuidadosamente.

Nuestra misión era transmitir que el movimiento que hemos iniciado no es un fuego fatuo que se enciende y se apaga enseguida, sino que está bien estructurado, tiene bases sólidas y se apoya en principios morales. Por eso no hemos admitido en la plataforma a los que están ocupando la playa sin derechos, que también los hay.  Yo no tenía intención de levantar la voz, pero he debido hacerlo cuando han surgido los temas sensibles, como el derribo del Bar Pepita. La Jefa de la Demarcación de Costas, que estaba presente, ha defendido la legalidad del derribo, afirmando que la familia no tenía derecho a una concesión de treinta más treinta años, como marca la ley, y que eso es algo que había sido declarado por un juez. No es cierto, y en todo caso, le contesté que ella no es nadie para tomar esa decisión, puesto que la competencia corresponde a la Ministra, y por delegación al Director General. Un ingeniero de costas de la provincia no puede decidir por su cuenta si alguien tiene o no tiene derecho a una concesión de esta clase, y mucho menos puede actuar en consecuencia, poniéndose a derribar las instalaciones sin permitir que los interesados reclamen la concesión al órgano que sí es competente. Lo mismo sucede con la sentencia. EL TSJ resolvió sobre la recuperación posesoria, pero en el juicio los abogados no plantearon el derecho de concesión de los 30 + 30 años. Ni tampoco podía decidir, porque tampoco es su competencia. El tribunal competente es la Audiencia Nacional. Por tanto, incluso aunque el TSJ hubiera estudiado el asunto y decidido en contra, la sentencia habría sido nula. En resumen: La jefa de costas de Valencia no es quien para suplantar a la Ministra al decidir sobre una concesión de 30 + 30 años, lo mismo que el TSJ tampoco lo es para suplantar a la Audiencia Nacional para decidir sobre el mismo asunto.  Pero vivimos en un país en el que los ingenieros de costas hacen lo que quieren.

Hemos dirigido reproches sobre asuntos que han hecho enmudecer a nuestros interlocutores, especialmente a la Jefa de Costas, que es la que debía haber contestado. Le he explicado al Subdelegado que los ingenieros de costas son conquistadores de territorios como Hernán Cortés, y le revelado, solo como ejemplo, el extraño caso de la playa de Corinto, en Sagunto, donde primero se hizo un deslinde remetiendo al interior la línea porque la playa era regresiva, es decir, que el mar había avanzado sobre la tierra, y solo después de que los vecinos hubieran perdido sus propiedades se va a proceder a una regeneración de la playa, alejando de nuevo el mar y por tanto eliminando los motivos que hicieron meter al interior la línea de deslinde. He definido esto como FRAUDE. Ninguna protesta. Ningún comentario.

El tema del futuro paseo marítimo de la playa Almardá ha terminado siendo interesante. Le comenté a D. Luis Felipe que se está manteniendo este proyecto en secreto para los vecinos, porque la Administración no desea que éstos se enteren y se pongan a hacer alegaciones. Le he dicho que por más que acudían a Costas a enterarse, nadie les informaba, y que el art. 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo garantiza que a estas personas se les avise de todo. Es curiosa la energía con la que la Jefa de Costas ha negado que hubiera proyecto  de paseo marítimo ni paseo marítimo en absoluto. Ante una negativa tan cortante, le he preguntado por qué han estado apareciendo por la zona topógrafos e ingenieros tomando datos de campo y haciendo fotografías, y cuando los vecinos les preguntaban, contestaban que era para el futuro paseo marítimo. También e he preguntado cómo es que le pregunté tiempo atrás al ingeniero de la Demarcación de Cistas de Valencia, Jaime Almenar, si estaba dibujando él el paseo marítimo, y me dijo que sí; si me lo podía dejar ver, y me contestó que no, y si el proyecto iba a perjudicar a los vecinos, y evitó contestarme, diciendo que eso no me lo podía decir. Entonces, y solo ante esa evidencia, la Jefa de Costas dijo que no había paseo marítimo, sino SENDA PEATONAL, que es el eufemismo que ahora emplea la Administración para, por lo visto, burlar las limitaciones legales que sufren los paseos marítimos. “Si tengo que organizar todo este lío de prensa y esta audiencia con el Subdelegado del Gobierno para enterarme por fin de eso, la cosa no va bien”, le contesté.

Otra cuestión ha sido la relativa a los informes geomorfológicos. He acusado a Costas de que primero toman la decisión de por dónde debe ir la línea, y luego piden a unos técnicos que lo justifiquen. Ninguna protesta. Ningún comentario. He acusado a los autores del estudio geomorfológico del deslinde del Saler de utilizar el procedimiento de copiar y pegar, tomando información de una página web sujeta a copyright. La jefa de costas no lo ha desmentido. El Subdelegado del Gobierno lo ha disculpado afirmando que se trata de un procedimiento habitual de hacer informes, y que habrá que ver si los resultados finales son científicos o no.  

Es curioso. Después de salir he revisado un recorte de prensa atrasado sobre el proyecto de regeneración de la playa d Corinto y adyacentes. También los ecologistas acusaron a la Dirección General de Costas de hacer copia-pega, y se dieron cuenta porque el informe técnico utiliza como justificación los datos sobre dinámica litoral ¡EN TENERIFE!

El Subdelegado del Gobierno ha puesto en duda que la ley se estuviera aplicando retroactivamente. Le he puesto un ejemplo en el que la Dirección General de Costas se remonta al fin de la glaciación würm (hace 14.000 años) para justificar un deslinde, afirmando que en aquella época el deshuielo hizo subir el nivel del mar 30 metros, y por tanto que en aquella época el agua llegaba hasta un acantilado que hoy se mantiene totalmente seco y bastante alejado del mar.  

Durante la reunión, y antes de que nos pusiéramos tensos, el Subdelegado del Gobierno ha hecho un discurso pedagógico sobre el modo en que se tramitan los deslindes y sobre las garantías de los ciudadanos, afirmando que éstos pueden presentar una propuesta alternativa de deslinde y además acudir a los tribunales. Era palabra por palabra lo mismo que dijo el otro día en una televisión. Después, en la comparecencia ante los medios de comunicación, ha vuelto a repetir exactamente el mismo discurso. Palabra por palabra. Conclusiones:

-Este señor no tiene ni idea de lo que está hablando.

-A este señor le han pasado un fax desde la Dirección General de Costas para que repita robóticamente un mensaje que no es más que pura teoría, me imagino que con la consigna de repetir esas ideas robóticamente y no salirse del guión. 

 Y ya está. Como le he dicho al Subdelegado, es una pena que en España hayamos perdido la capacidad de autodepuración desde dentro, y que tengamos que marcharnos fuera para que nos hagan caso. Pero la extraña actitud del gobierno, escondiendo la cabeza como los avestruces, creo que nos va a conducir por ese camino.

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